El juez Juan Manuel Escobar, a cargo de la formalización de los implicados en el caso Penta, recalcaba la baja penalidad que tienen los delitos de cohecho y soborno en el Código Penal chileno, sobre todo si se recurre a la legislación comparada. A mi modo de ver, es comprensible, pues para nuestra plutocracia en el poder, que también es la que legisla, el cohecho “no vendría a ser un delito, sino una virtud”, en el sentido de constituirse en un correctivo de los males inherentes al sistema político. (Según mi padre, su profesor de derecho constitucional, Víctor Delpiano, enseñaba que el cohecho es un correctivo del sufragio universal, que conducía a la dictadura de la plebe).
El bando triunfante en la guerra civil de 1891 logró terminar con la intervención electoral del Presidente de la República – le permitía nominar, a dedo, a su sucesor y a los parlamentarios –, conquista a la cual se le llamó, en forma eufemística, “libertad electoral” pero, con la salvedad de que no se podía, ni se debía entregar el poder surgido de las urnas a los “siúticos y a los rotos”; de esta manera, el cohecho, se convirtió en un elemento “virtuoso”, a fin de “preservar” la libertad electoral que costó la sangre la muerte de 10.000 chilenos, durante la guerra civil.
Considerado de esta manera, el cohecho, lejos de ser un delito, se convertía en una virtud: en el fondo, la oligarquía consideraba casi como una obra de caridad el permitir la “compra” de rotos y campesinos pues, al menos, luego del acto eleccionario podrían contar “con el otro zapato, la otra mitad del billete y de la empanada”… Manuel Rivas Vicuña cuenta, en su Historia parlamentaria, el hecho de que cuando los candidatos se ponían de acuerdo para repartirse los sillones en el congreso, les evitaba cohechar a los electores, provocando su indignación, pues ni iban a contar con la empanada, zapatos…
El cohecho de hoy es más sofisticado que antaño: ya no es necesario pagarle al elector en dinero, empanada o en otros bienes – anteojos de sol, zapatos, becas para sus hijos…<aun cuando el “cosista” Joaquín Lavín y otros candidatos, procedían de esta manera> -. Hoy se realiza sobre la base de ofertas más contundentes –un trabajo en el gobierno y bien remunerado, una pega de operador político…Con el sistema binominal – aún se aplica – con los sillones asegurados, incluso, la reelección indefinida, el cohecho es utilizado por algunas grandes empresas – Penta, Soquimich, por ejemplo – para comprar el voto favorable del parlamentario al momento de discutir y aprobar un proyecto de ley que favorece a la empresa benefactora.
Mucho más fácil que cohechar electores es hacerlo con sus representantes en el parlamento. Una de las aristas esenciales del caso Penta es haber convertido ente Holding en una caja pagadora de un partido político – la UDI – para financiar campañas electorales. Al parecer, la diferencia entre Délano-Lavín y Ponce Lerou es que la primera dupla practicaba un cohecho ideológico favoreciendo, fundamentalmente a la UDI, mientras que el yerno de Augusto Pinochet, más pragmático, repartía el dinero entre varios partidos políticos, siempre privilegiando a aquellos que detentaban el poder.
Respecto del soborno, salvo el caso burdo de Pablo Wagner, que puede ser comprendido dentro de un gobierno – como el de Sebastián Piñera, donde cuesta distinguir entre los intereses personales de ministros, subsecretarios y otros altos funcionarios, y los del Estado y la sociedad- ha adquirido otras características: hoy no se compra un funcionario público con un maletín lleno de billetes – ha sucedido en otros países de América Latina – tampoco son sobornados para el tráfico de drogas – como en México – hoy los partidos políticos consideran al Estado como un botín y, así, el cargo público se logra, en la mayoría de los casos, siendo servil a los señores “feudales” de los respectivos partidos, o bien, perteneciendo familias monárquicas.
Sobre las base de estas consideraciones, se hace prácticamente imposible que los actuales legisladores, algunos de ellos con más de 20 años consecutivos en el Congreso, la mayoría pertenecientes a las castas en el poder, estén dispuestos a subir las penas con respecto al cohecho y al soborno – incluso, algunos de ellos, tuvieron la osadía de enojarse por no haber sido nombrados por la Presidenta para integrar el Comisión Anticorrupción -.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
16/03/2015