El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió este lunes una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior estadunidenses, y ordenó la suspensión de visas y la congelación de bienes en su territorio de siete funcionarios militares, judiciales, policiales y de inteligencia venezolanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Obama de buscar derrocarlo a través de sanciones. En representación de la élite imperialista, Obama ha decidido cumplir personalmente la tarea de derrocar a mi gobierno… Por eso han dado este paso el día de hoy, dijo Maduro este lunes por la noche en cadena de radio y televisión.
Maduro calificó la decisión de Obama de paso injusto, agresivo y nefasto contra Venezuela.
Venezuela llamó a consulta a su principal representante en Wa-shington, el encargado de negocios Maximilien Arveláiz, indicó la canciller Delcy Rodríguez.
En una rueda de prensa, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró: debe acabar la injerencia de Estados Unidos en la vida de las naciones, y aprovechó para hacer un recuento de las ofensivas del imperio contra la nación bolivariana.
El decreto del mandatario estadunidense afirma que ante tal situación declara emergencia nacional para enfrentar esta amenaza, e insiste en acusar a Caracas de violar los derechos humanos, de restringir la libertad de prensa y de exacerbar la corrupción política. La Casa Blanca agregó que esta acción ejecutiva tiene mayor alcance que la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre.
Los funcionarios venezolanos sancionados son: el comandante de la región estratégica de Defensa, Antonio José Benavides Torres; el director general de la inteligencia, Gustavo Enrique González López; el ex comandante de la Guardia Nacional Justo José Noguera Pietri y la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padron.
Asimismo, el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; el comandante de la 31 brigada armada del ejército, Manuel Gregorio Bernal Martínez, y el inspector general de las fuerzas armadas, Miguel Alcides Vivas Landino.
Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores, señaló la Casa Blanca. El vocero presidencial, Josh Earnest, dijo que los problemas de Venezuela no pueden resolverse criminalizando el disentimiento.
Pidió la liberación de todos los presos políticos, entre los que mencionó a los opositores Leopoldo López y el alcalde caraqueño Antonio Ledezma, acusados por el gobierno venezolano de alentar la violencia y conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Así, la Casa Blanca responde a la reciente decisión del gobierno de Maduro de dar a Estados Unidos dos semanas para reducir su representación diplomática a 20 por ciento de su tamaño actual.
Las medidas se inscriben en el rápido deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y han protagonizado sonados enfrentamientos diplomáticos desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. En la actualidad, Maduro acusa a Washington de estar detrás de opositores en planes de desestabilización.
Los senadores estadunidenses de origen cubano Robert Menéndez y Marco Rubio pidieron a Obama que imponga también sanciones contra el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, por autorizar el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos.