Hacer negociados, lucrar, especular, abusar, es legal en la sociedad neoliberal. Es más. Se trata de una práctica natural y buscada por el gran capital. Todas las grandes fortunas amasadas en Chile durante la postdictadura se han fermentado con esta levadura. Desde las privatizaciones en adelante, ésta ha sido la vía rápida para controlar los mercados, dominar la ruleta bursátil y pertenecer al club de Forbes.
Si hace unos años los chilenos observamos cómo el tan publicitado milagro neoliberal se había nutrido del esfuerzo ajeno mediante la explotación laboral y el crédito usurario, desde la colusión de las farmacias a La Polar, al lucro en la educación y la salud privada, hoy vemos con renovada claridad el detalle de las martingalas financieras, legales, tributarias y políticas utilizadas. La institucionalidad completa ha sido apropiada por una elite, por una mafia público-privada, para su beneficio.
El caso Penta, en pleno desarrollo desde el año pasado, nos está revelando no sólo cuáles han sido los mecanismos empleados por los grandes grupos económicos para lograr enormes fortunas en pocos años. Nos está aclarando que este supuesto virtuosismo financiero, esta aparente multiplicación de los panes, el mentado éxito económico, ha sido sólo una sucia trampa invocada en conjunto con el sistema político y los gobiernos para controlar el Estado y rellenarse los bolsillos, una operación a gran escala, una campaña orquestada a espaldas de la ciudadanía cuyo medio ha sido la corrupción y el abuso y su objetivo la ambición de poder y dinero. El supuesto milagro neoliberal, iniciado mediante privatizaciones espurias, se ha mantenido durante las décadas siguientes sobre el fraude y la mentira. La codicia y la ambición han sido la marca de la transición, el sello y punto de encuentro de la política de los consensos.
Cuando el caso Penta tenía arrinconada a la derecha, con la UDI en la lona y con serias amenazas hacia la Nueva Mayoría por las investigaciones sobre las boletas falsas emitidas por figuras de ese conglomerado en connivencia con otras de la derecha contra pagos millonarios de Soquimich, la empresa minera del ex yerno de Pinochet, un lucrativo negocio de la esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Bachelet y entonces director del Area Sociocultural de la Presidencia, ha impactado en el corazón del gobierno. El mayor capital político de Michelle Bachelet, aquel apoyado en su carisma y que logró levantar en 2013 una campaña basada en el fin del lucro, los abusos de poder y las desigualdades, desapareció como burbuja de jabón. Las prácticas abusivas y corruptas incrustadas en el gran empresariado, en las finanzas, en la derecha y la Concertación, y que condujeron a su derrota en 2010, están anidadas no sólo en su círculo más íntimo, sino en su propia familia.
LA GENEROSIDAD
DEL BANCO DE LUKSIC
Transacciones como ésta suceden diariamente. La esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, socia mayoritaria de Caval, una sociedad con un capital inicial de seis millones de pesos, pidió un crédito en el Banco de Chile por 6.500 millones antes de que asumiera su suegra la Presidencia. Quién recibió al matrimonio y dio el visto bueno para cursar el crédito fue nada menos que Andrónico Luksic, multimillonario dueño del banco. El destino del dinero era comprar un predio agrícola en Machalí, comuna de la Sexta Región y una de las zonas de más rápido crecimiento urbano en Chile, para después revenderlo, tras el secreto cambio de uso del suelo desde rural a urbano, en casi tres mil millones más a otra sociedad inmobiliaria. Esta operación de Caval, en la cual aparece involucrado Dávalos, es una más entre las numerosas que realizan diariamente inversionistas y especuladores inmobiliarios de distinta ralea. Es una actividad comercial privada, pero jugada con evidentes ventajas. El verdadero capital de Compagnon y Dávalos era su parentesco con la futura presidenta.
En los hechos no habría nada de ilegal. Pese a ello, la Fiscalía, a petición de la derecha, inició una investigación, actualmente en curso y que podría tardar meses. El problema para el gobierno y la Nueva Mayoría, porque Dávalos y Compagnon eran militantes del Partido Socialista, es la enorme contradicción que esta operación tiene con los principios, el programa y el sentido mismo del gobierno de Michelle Bachelet. El negocio de la esposa de Dávalos, que le otorgó de la nada un beneficio millonario, estuvo apoyado en su relación con el poder y las elites. ¿A qué otro pequeño y desconocido emprendedor el banco de Luksic le daría un crédito de esta magnitud?
El gobierno y la Nueva Mayoría han intentado minimizar la operación. Pese a ello, Dávalos renunció a su cargo en La Moneda por la presión de la prensa y la oposición, a la semana de conocido el negocio a través de una revista del duopolio. En tanto, la presidenta a las pocas horas de regresar de vacaciones y antes de reiniciar sus actividades, dio una conferencia de prensa para referirse al caso. Bachelet apeló a su aflicción como madre y presidenta (“como madre y presidenta han sido momentos difíciles y dolorosos”), y apenas aceptó preguntas. Dijo desconocer las actividades comerciales de su hijo y nuera. Del negocio, dijo, se enteró por la prensa. La frase textual apareció como gran titular al día siguiente en los diarios de la derecha. Sebastián Dávalos, su hijo y parte de su gobierno, no le había informado del negocio. Luksic tampoco había avisado a nadie del gobierno al entregar el crédito por 6.500 millones. La cadena de responsabilidades, hasta el momento, comenzó y terminó en la familia Dávalos Compagnon.
La derecha tiene razón en pedir una investigación. Porque hay muchas preguntas que requieren respuestas. De partida,¿cómo obtuvo Compagnon la información sobre el predio y su futuro? ¿Es cierto que nadie supo nada sobre el crédito? ¿Por qué Luksic no dijo nada? ¿Por qué el banco de Luksic y no otro? ¿Cuál es su vínculo con la ex Concertación?
Sin ser ilegal, y aun cuando no sea un clásico caso de corrupción, esta operación sólo pudo realizarse gracias al privilegio que otorgó a Dávalos su cercanía con el poder. Sin una tipificación clara, es posible acercarse a una acusación de nepotismo, tráfico de influencias, de obtención de información confidencial y de uso del poder en beneficio propio. Pero aun cuando este tipo de denuncias no prosperen, hay un efecto nefasto en la imagen del gobierno y de Michelle Bachelet. A los pocos días y en plenas vacaciones, un sondeo de opinión detectó una caída de nueve puntos en su popularidad. La encuesta Cadem reveló que la presidenta registraba un 31 por ciento de apoyo y un 54 por ciento de rechazo, el peor nivel desde su regreso a La Moneda hace un año.
PENTA Y SOQUIMICH
La caída en la popularidad de Bachelet aparece en uno de los peores momentos del sistema político. El escándalo Penta, con varias conspicuas figuras de la política y los negocios formalizadas por delitos como cohecho, fraude tributario y lavado de activos, arriesgando penas de hasta 15 años del cárcel, como el ex subsecretario de Piñera, Pablo Wagner, ha hundido a la derecha hasta niveles no observados desde los inicios de la transición política. La última encuesta Adimark, publicada en enero, registró una aprobación de sólo once puntos para la derecha y el rechazo del 78 por ciento de los encuestados.
Las investigaciones del caso Penta se han orientado durante el verano hacia lo que se ha denominado la arista Soquimich (SQM). A las primeras pesquisas, que han detectado dineros a cambio de boletas falsas a funcionarios y políticos de derecha, se han agregado nuevas investigaciones que involucran a decenas de políticos, no pocos de ellos de la Nueva Mayoría, quienes desde hace muchos años recibían aportes millonarios de esta empresa. Si los pagos contra boletas falsas son un delito y un acto políticamente inmoral e impresentable en la derecha, de llegar a comprobarse estos aportes a políticos de la Nueva Mayoría se establecería una nueva alza no sólo en la corrupción sino en el vaciamiento de principios políticos básicos de este sector. Que figuras de la Nueva Mayoría se hayan financiado con el dinero de una de las empresas que el dictador entregó a sus familiares y compinches, registraría una nueva marca en la miseria política que sufre Chile. Una acción de esta naturaleza es muy difícil de explicar y justificar, aun con un electorado ignorante y pasivo.
Es por ello que durante febrero ocurrieron una serie de oscuras maniobras que buscaron obstaculizar el curso de las investigaciones. La Fiscal Nacional subrogante Solange Huerta, ex militante del Partido Socialista, rearmó entre gallos y medianoche el equipo de fiscales a cargo del caso Penta, para dejar la arista SQM a cargo de funcionarios vinculados a su partido y a la empresa de Ponce Lerou. Una movida que tuvo corta vida. Hacia la última semana de febrero regresó de vacaciones el fiscal titular, Sabas Chahuán, quien desarmó el tinglado montado por Huerta y anunció que él mismo asumiría la dirección de la investigación por la relevancia del caso. De alguna manera, esta decisión de Chahuán salvó en un momento muy delicado la debilitada institucionalidad ante la arremetida de los habituales poderes fácticos.
EL TEJADO DE VIDRIO
SE VIENE ABAJO
La derrota electoral de la Concertación en 2010 no sólo se atribuye a un mal candidato, como fue el democratacristiano Eduardo Frei, sino al pesado lastre que dejaron los numerosos casos de corrupción detectados en los anteriores gobiernos de la coalición. La Nueva Mayoría, cuyo cambio de nombre obedeció a una intención de borrar ese pasado, llegó hace un año al gobierno con tejado de vidrio no solo por haber aplicado y profundizado el recetario neoliberal, sino por los profusos episodios de corrupción. El negocio de la nuera de Bachelet ha desarmado el discurso ético y social de la Nueva Mayoría como un castillo de naipes, un derrumbe que la arista Soquimich muy probablemente ratificará y amplificará en el corto plazo.
El episodio Dávalos ha sido recogido y levantado por la derecha y amplificado por la prensa del duopolio para crear la imagen del empate moral y avanzar, como en otros momentos de la transición, hacia acuerdos que apunten a una amnistía. Nuevos cambios al financiamiento de la política propuestos por el gobierno con carácter de urgencia y celebrados con rapidez por la UDI nos recuerdan otros momentos similares en los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. La vigente ley electoral, llena de agujeros y zonas oscuras que han permitido los fraudes ahora conocidos, es un efecto de esos pactos. El proyecto de debate nacional, anunciado por el gobierno como “histórico”, como una idea “nunca conocida hasta ahora” para separar lo público de lo privado, suena como un nuevo efecto comunicacional para simular una reparación.
Ya es demasiado tarde para cualquier reparación. El sistema político ha llegado a un grado cero de credibilidad (una crisis mayor, admitida incluso por Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista), no sólo por ser incapaz de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, como ha quedado demostrado con todas las reformas “cocinadas” en el Parlamento, sino porque no puede sostenerse a sí mismo. En estas condiciones, cualquier iniciativa que busque recuperar confianzas y credibilidad está destinada al fracaso. Gobierno y oposición, creadores y elaboradores de los arreglos, están emparentados por los mismos delitos.
A partir de ahora es posible observar ciertos cursos de acción. El primero y más deseable es que han seguido las investigaciones que deberán continuar destapando tal vez el mayor escándalo de corrupción del sistema político chileno. Las pesquisas, que han logrado comenzar a transparentar la corrosión del andamiaje político, mantendrán, como en la década pasada lo fue el MOP-gate, a la corrupción como principal tema de la agenda.
Un escenario político escorado por escándalos de corrupción difícilmente podrá dar credibilidad y énfasis a otros temas, lo que convertiría en materia inerte el resto de reformas del gobierno. Un laberinto sin salida, el cual encierra a todos los partidos con representación parlamentaria.
El momento podría ser propicio para presionar desde fuera del acotado sistema político, desde los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, regionales. Una presión ciudadana que conduzca a la única sanación posible: una Asamblea Constituyente.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 823, 6 de marzo, 2015