Un tribunal examina ilegalidades de dos, tres o más grupos económicos. Se oyen opiniones sobre los hechos.
Ninguna en los grandes medios sobre la raíz de donde provienen esas conductas.
El país es el dominio absoluto, legal, ilegal, de una cúpula de millonarios.
Abogados, políticos, periodistas, comentaristas, cientistas, eluden el tema. Asumen la función de piezas acomodadas del orden.
Incluso los fiscales que han sido valientes.
El fenómeno es general prácticamente en todo el mundo.
La democracia empresarial chilena es total. No debería haber sorpresa por lo hecho por los acusados.
Cuando lo estiman rompen el método constitucional. Burlan las leyes de impuestos. Organizan la distribución por clases de las ciudades. Deciden sobre entretenciones. Fijan los contenidos y límites de la educación y prensa. Manejan la salud, el empleo, los sueldos. Están detrás de la doctrina militar.
Los dos bloques políticos son financiados por el poder fáctico.
El estado es de ellos.
Nadie debería extrañarse de lo sucedido. Legisladores pagados, funcionarios sobornados, evasiones de impuestos, leyes sin castigo para los delitos del dinero, abogados útiles, periodistas amenazados.
Desigualdad. Así es la organización profunda del país.
El dominio se ha convertido en cultura de masas.
Demasiadas personas ubicadas más abajo imitan los procedimientos que ven arriba.
El hijo de la presidenta, ambos militantes del partido llamado socialista, optó por la especulación urbana.
La única forma de terminar con esta soberanía plutocrática es establecer el otro sistema. Un juicio con o sin condena es solo un motivo de conversación porque el gobierno de los magnates continuará.
Por un Movimiento para una civilización sustentable-solidaria
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Rómulo Pardo Silva