Este matrimonio se vio en la necesidad de renunciar a su militancia en el PS porque la opinión pública conoció en detalle la operación especulativa que hicieron gracias a los fondos que les entregó graciosamente Luksic, controlador del Banco de Chile. Compraron 44 hectáreas rurales en Machalí en $ 6 mil quinientos millones y las vendieron, después de algunos meses, en $ 9 mil quinientos millones. La diferencia de $ 3 mil millones, menos los gastos de intereses y otras menudencias, ya se incorporaron en la cuenta corriente de la empresa Caval Ltda. y a esta fecha es posible que ya estén cambiando la flota de sus Lexus por modelos más nuevos, es decir, del año 2015.
Quien suscribe, en este medio y en otros digitales que también cultivan la libertad de expresión, despotricó con fundados argumentos en contra de esa maniobra mercantil y nos llama la atención que el gobierno, tratando de defender al hijito de Bachelet, haya tenido un tan deplorable comportamiento en las ocasiones en que sus distintos ministros, titulares y sustitutos, han abordado el asunto.
Gracias a una reciente y muy bien documentada publicación de Ciper el alcalde de Machalí inició un sumario administrativo en razón a que el Director de Obras Municipales y una arquitecta de apellido Ross, sobrinita del dueño original de los terrenos, entregaron cierta información clave de precios y normas urbanísticas a Caval la que, en todo caso, no se utilizó para perfeccionar la transferencia al inversionista lugareño de apellido Silva porque el suelo sigue siendo rural aunque tiene la expectativa de ser urbano próximamente.
Aludiendo al título de esta columna señalamos que ningún medio de prensa hasta ahora, a través de crónicas se ha atrevido a decir que estas operaciones de ganancia fácil, vía el cambio de uso de suelo, son recurrentes en Chile, las que siempre se han originado por la colusión entre privados interesados y funcionarios públicos débiles de carácter. Estos, por lenidad o por compromisos de alto nivel, generalmente acceden a las peticiones de los primeros.
Hay cientos de ejemplos de regalos que el Estado le ha hecho a particulares bien relacionados con las cúpulas del poder y sin ir más lejos, porque es de reciente data, tenemos el caso del fundo Las Cenizas de 2.000 hectáreas localizado en Curauma, V Región de Valparaíso, extenso territorio rural del conocido hombre de negocios Manuel Cruzat, quien se vio favorecido con el nuevo Plan Regulador Intercomunal de esa región porque ahora las mismas son urbanas, es decir, aumentaron sus precios de mercado en unas 6 veces o más.
En 1997 el Minvu y el Gobierno Regional Metropolitano beneficiaron a los privados Juan Carlos Latorre, Sergio Reiss (QEPD) y Sergio de Castro, quienes anteriormente habían adquirido más de 1.000 hectáreas rurales en Colina, Provincia de Chacabuco, a precio de huevo y no solo esos terrenos ahora son urbanos sino que, más adelante, para que se pudieran vender fácilmente las viviendas allí edificadas, el MOP decidió licitar una autopista concesionada -Radial Nor Oriente- con lo cual se solucionó en un dos por tres el problema que tenían esos hábiles empresarios con la conectividad vial.
Recordemos que en aquella época ya estaba redactado el documento oficial que originó el Decreto Supremo que le dio vida al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la región metropolitana de Santiago, cuerpo normativo que, entre otras medidas, prohibía que los terrenos agrícolas se transformaran en urbanos, inteligente regulación que fue eliminada en el año 2001 para posibilitar los cambios de usos de suelo con las consiguientes ganancias para los dueños de esos terrenos.
En el transcurso del año 2004, con una seguidilla de malas prácticas del Minvu, se aprobaron unas transformaciones de 3.000 hectáreas rurales para que unos privados bien relacionados pudieran iniciar proyectos inmobiliarios en la comuna de Pudahuel sin que se adscribieran a la normativa existente para tal efecto. Sabemos que la Contraloría, una y otra vez, ha rechazado esos negocios en territorios agrícolas, es decir, fuera del límite urbano y como a este caso le hemos perdido la pista, es posible que el ente fiscalizador los haya aprobado y sus titulares ya hayan incorporado en sus patrimonios las plusvalías obtenidas con el cambio.
Hace un poco más de un año el gobierno de Piñera, con la vital asistencia del engrupidor intendente Fernando Echeverría, sacó adelante un cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas rurales que ahora son urbanas en 8 comunas periféricas de la región metropolitana de Santiago. Ello, con el mentiroso argumento de que al interior del límite urbano ya no quedaban terrenos para construir viviendas, materia que ha sido desmentida por el académico Pablo Trivelli, quien es experto en catastro de suelos. En el primer gobierno de Bachelet los privados favorecidos le habían solicitado al obsecuente Minvu este cambio y después de una polémica y larga tramitación en la Contraloría estos encumbrados pedigüeños obtuvieron el regalito como consecuencia de una resolución administrativa del Estado.
Si bien es cierto, lo que hizo Dávalos con su esposa es totalmente reprochable, sería interesante saber si los diputados y en general los políticos de RN y la UDI, quienes son los mayores críticos de la operación en Machalí, iniciarán las acciones judiciales en contra de todos aquellos que se han visto beneficiados patrimonialmente con los casos antes descritos. No lo harán porque la corrupción es transversal y entre bueyes no hay cornadas. Ellos lo único que querían con esta batahola era obtener cámaras de televisión y reportajes en la prensa para aparecer como servidores públicos fiscalizadores. Dávalos, quien para la elite siempre abusadora, es un advenedizo en este tipo de negocios, les ha sido muy útil políticamente hablando.
En resumen, con estas palabras se ha evidenciado que la especulación con el recurso suelo es el mejor de los negocios, pues con esta comodísima fórmula todos aquellos que tienen “contactos” están en condiciones inmejorables para seguir acumulando riqueza, ya que en Chile las plusvalías obtenidas, por pasividades políticas, no están afectas a ningún gravamen y percibimos que este paraíso fiscal se mantendrá por muchos años, salvo que se produzca un cambio de timón y Bachelet, como lo aseguró, ordene a sus ministros que se pongan las pilas.
Por último y como una posibilidad cierta para que la corrupción empresarial se mantenga en plenitud es que los dirigentes de la Alianza y la Nueva Mayoría lleguen a un acuerdo de conveniencias mutuas para que los casos Penta, SQM y Caval, sean tratados con inteligencia superior para salvaguardar los superiores intereses políticos de la patria, como les gusta decir a ellos, es decir, que haya un ignominioso perdonazo para que siga operando la impunidad.