La corrupción en Chile se ha convertido en el pan cotidiano: cada día, un aparece un nuevo político o un empresario acusado de fraude valiéndose, entre otras artimañas, de boletas falsas. Un mal médico diagnosticaría que Chile es uno de los países menos corruptos de América Latina –“mal de muchos, consuelo de Tontos” -, con la salvedad de que hay que considerar con quienes nos comparamos. ¿Quién se atrevería a afirmar que en México impera la democracia desde Plutarco Díaz Calles, (1920), hasta Enrique Peña Nieto, actual Presidente? ¿No es más bien una “dictadura perfecta”, como la definía Mario Vargas Llosa, antes de convertirse a la doctrina del neoliberalismo? ¿Quién definiría como un país democrático a la Colombia de los años del narcotráfico y del gobierno de Álvaro Uribe? ¿O de Ecuador, antes de estabilizarse la democracia con Rafael Correa?
El concepto “democracia” puede tener múltiples interpretaciones, incluso, ser utilizado por las más crueles tiranías – el contenido de la Constitución de J. Stalin es uno de los más avanzados del mundo, o la antigua Alemania del Este se denominó “República Democrática” -. Si la consideráramos como el derecho a elegir y a ser elegidos, la mayoría de los países del mundo cumplirían este requisito; por lo demás, la democracia cuenta con varios apellidos, como formal o sustantiva; representativa o directa, o bien una mezcla de ambas; liberal o popular; competitiva o consensual. En cualquier caso, pienso, Jean Jacques Rousseau tenía razón al sostener que “la democracia es un asunto de ángeles”, pues el hombre nace libre y sin embargo está lleno de cadenas.
Con mayor fineza, otros definirían la democracia como el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho, la igualdad ante la ley y, sobre todo, la separación de poderes del Estado, es decir, controles y balances – ningún poder del Estado puede absorber al otro – condición que, a mi modo de ver, no se ha dado, hasta ahora, en ningún país del mundo. Veamos: en un régimen parlamentario, como el español, el Partido Popular tiene la mayoría en las Cortes, por consiguiente, no hay ninguna división entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el Judicial es manipulado, como se ha visto en el caso de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. En un régimen presidencial, como el chileno, si el gobierno cuanta con mayoría parlamentaria, no hay ninguna separación entre el Ejecutivo y el Legislativo y, el Judicial emana del Senado – lo que constituye, a mi modo de ver, una aberración, pues no tiene sentido en un país centralizado. Si agregamos el principio de que todo conlleva una responsabilidad, tenemos a los fiscales, a los miembros del Tribunal Constitucional y, en otro orden, los consejeros del Banco Central, que no son pasibles de ningún control o sanción por parte de instituciones estatales, lo cual equivale a un atropello de la igualdad ante la ley. Varias veces lo hemos explicitado, estos personajes tienen más poder que un Papa o un monarca absoluto.
Bien sabemos que el concepto de democracia es confuso y difuso, el cientista político ROBERT DAHL , por ejemplo, usó el término poliarquía – el gobierno de las mayorías – para determinar aquellos regímenes políticos que se basan en elecciones libres, periódicas y competitivas. En el caso chileno y de otros países latinoamericanos es que, incluso, la poliarquía se está corroída por el cáncer de las malas prácticas y de la corrupción.
Es sabido que muchas personas, si se descubre oportunamente, pueden sanar del cáncer y, como todas las enfermedades, tienen distintos estadios que van del 1 al 4; en el caso de México, un Estado inviable y dominado por el narcotráfico y con un gobierno corrupto, estaría un grado 4; en el caso de Chile aun cuando considero que estamos más lejos, si no reaccionamos ya, podríamos seguir el camino de nuestros hermanos del norte.
Cuando se detecta el cáncer hay que acudir a tratamientos agresivos para erradicarlo, pues de lo contrario, puede seguir su rumbo destructor, en consecuencia. En primer lugar, creo que el camino seguido por la Fiscalía Nacional no puede ser más laudable, acertado y oportuno, ojalá mantengan con firmeza la independencia demostrada hasta ahora en segundo lugar, se hace imprescindible que las autoridades políticas dejen de ser una casta privilegiada con respecto a sus ingresos – ninguno de los funcionarios debiera ganar más de diez veces el sueldo mínimo, así tendríamos servidores públicos de vocación y no que se sirvan del público -; en tercer lugar, todo diputado o senador, por ejemplo, que no asista en cinco a días consecutivos sin permiso o certificado médico a las sesiones o trabajos distritales – como cualquier empleado público – debe cesar, de inmediato, de su cargo; en cuarto lugar, se exige la prohibición absoluta, por parte de las empresas, de financiamiento de las campañas políticas; en quinto lugar, todos los cargos que emanen de la soberanía popular deben estar sujetos a plebiscitos revocatorios de su mandato cuando un número determinado de firmas de los ciudadanos así lo determine; en sexto lugar, se debe eliminar el senado, y los diputados serán elegidos para un período de cuatro años, con una sola reelección, y el Presidente de la República sólo será elegido una vez por cuatro años, sin reelección; en séptimo lugar, los delitos económicos serán pasibles de penas aflictivas y no prescribirán en un lapso de diez años.
Aún tenemos patria ciudadanos y contamos el tiempo para atacar la corrupción.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
25/02/2015