Más de algún miembro de las castas políticas que nos gobiernan habrá leído, en Cachagua o Zapallar, que los fiscales italianos lograron destruir los partidos democratacristiano, socialista y comunista, que gobernaron Italia desde la caída de Benito Mussolini, a causa de la corrupción interna en que habían incurrido los principales dirigentes de estos partidos – hoy estas tres grandes combinaciones políticas históricas están muertas y, en su reemplazo, surgió el Partido Democrático que agrupa a ex militantes de esos mismos partidos políticos -. A veces basta uno o más fiscales probos para echar por tierra un régimen político moralmente podrido – como lo devino el sistema político italiano de posguerra -.
Se supone que una democracia debe funcionar sobre la base de división de poderes, es decir, de balances y contra balances, ideal que casi nunca se logra, pues en general, el Poder Ejecutivo consigue predominar sobre los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Como lo reiterado hasta el cansancio, en Chile no existe una democracia, sino una monarquía presidencialista absoluta, por consiguiente, es lógico que cuando se vean en peligro las castas en el poder se recurra a formas sibilinas, a fin de evitar que las causas – en este caso contra la corrupción imperante – logre develar ante los ciudadanos el grado de decadencia moral en la cual han caído muchos de los “prohombres” de las castas plutocráticas chilenas.
El fiscal Carlos Gajardo, un hombre meticuloso, transparente, seguro y, sobre todo, sin ningún temor a los prepotentes personajillos que dominan la escena política y empresarial, ha ido descubriendo, uno a uno, todos hilos de la intrincada madeja de “presuntos” delitos que, esta vez, se están colocando, por igual, a personajes de la UDI, de la DC y de otros partidos de la Nueva Mayoría – al Penta Gate-UDI se agregó el Nuera Gate y, ahora último, el Soquimich-Gate -. Se veía claro que de continuar el “fiscal de hierro”, Carlos Cajardo iban a caer muchas otras empresas y políticos que emitían boletas falsas, pues la corrupción estaba creciendo como una verdadera metástasis, amenazando al sistema político-plutocrático con un “cáncer terminal”.
Bastó que algunos prohombres de la política y de la empresa temieran ser formalizadas por el fiscal Garjardo y, además, que algunos de los presuntos delitos fueran pasibles de penas de cárcel, para que algunos aludidos entraran en pánico y recurrieran a una especie de “golpe blanco”, sacando al fiscal Gajardo de la causa Soquimich y entregándola al fiscal Andrés Montes – hijo del senador socialista Carlos Montes – y, como si fuera poco, colocando al fiscal Alberto Ayala por sobre Gajardo.
Evidentemente, es muy poco “estético” que el hijo de un connotado senador de la Nueva Mayoría se haga cargo de un caso en el cual están implicados algunos parlamentarios de esta combinación política – como el hijo del diputado Roberto León y el ex embajador Marcelo Rosas, ambos personeros del sector gutista de la Democracia Cristiana -. Nadie quiere atropellar la presunción de inocencia ni, mucho menos, discutir la integridad y probidad del fiscal Montes, pero hubiera sido preferible el nombramiento de un fiscal que no estuviera relacionado con un sector político cuestionado.
Es demasiado triste constatar que los políticos chilenos, en su mayoría, sean manejados, cual marionetas y a favor de los intereses de grandes empresarios, pues desgraciadamente, estas actitudes terminan por destruir las instituciones y, lo que es peor, preparar el camino a un grupo de audaces que, usando “la espada o el gorro frigio”, lleven al caos y terminen con la frágil democracia.
Rafael Luis Gumucio Rivas
20/02/2015