Que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente es, además de una verdad irrefutable, un lugar común. En una plutocracia, que las élites sean corruptas es casi tan “natural” como el ocaso cotidiano y nunca hay que confundir la democracia electoral con la democracia substantiva, pues al no existir formas de participación directa de la ciudadanía, los representantes hacen lo que quieren violando así la voluntad de quienes los han elegido, de esta manera, la soberanía popular se convierte en un solo espantapájaros – mucho de esta corrupción está ocurriendo con el parlamento chileno -. Veamos: hasta ahora. Al menos, hay dos senadores Ena von Baer e Iván Moreira – cuyos cargos serían ilegítimos en cualquier democracia que se precie de tal – en que ambos “padres conscriptos” recurrieron a artimañas fraudulentas sobre la base de boletas, evidentemente falsas, emitidas por terceras personas, y es muy posible que el dinero mal habido, recibido directamente de la “caja pagadora” llamada Penta, les haya permitido ganar las elecciones; en la Cámara de Diputados ocurre otro tanto con el Ernesto Silva y, ahora, con el diputado “gutista”, Roberto León.
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Para ser legítimo un poder del Estado no sólo debe emanar de elecciones limpias y transparentes, sino también de una legitimidad de ejercicio, es decir, que todos sus miembros tengan siempre una conducta proba, situación que no se da en los casos citados más arriba. Al menos, debiera existir una figura jurídica por medio de la cual la misma corporación u otro poder del Estado – que podría ser el judicial – pudiera exonerarlos de sus cargos una vez comprobado el dolo o inmoralidad. En la débil democracia chilena aún no existe ningún tipo de sanción efectiva para una serie de funcionarios que están sobre la igualdad ante la ley, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, un organismo de facto y con poderes ilimitados, no pueden ser acusados ante ningún poder del Estado, ni sus fallos pueden ser apelados, en consecuencia, están sobre el principio constitucional que garantiza la igualdad ante la ley; algo similar ocurre con diputados y senadores, que sólo pueden desaforados ante un delito flagrante y serían sólo juzgados al término del período para el cual fueron elegidos.
Como se sabe, la existencia de los sistemas electorales en democracias imperfectas consiste en falsear la soberanía popular, pues nunca hay simetría entre los sufragios y los escaños a repartir y, además existen sistemas electorales que radicalizan, aún más, esta asimetría, por ejemplo, los mayoritarios a una o a dos vueltas, sumándolos a la degeneración del proporcional – que es el binominal -. La regla lógica de toda democracia representativa es la reproducción, ad infinitud, de las élites en el poder.
Si aceptamos la premisa de que la democracia chilena se convirtió en una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos y para los ricos, y que los representantes de los poderes del Estado no son más que empleados obsecuentes de las empresas que los financian, como se está comprobando cotidianamente, por ejemplo, con las “dádivas” de Andrónico Luksic, Julio Ponce Lerou, Carlos Aberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, Manuel Cruzat y tantos otros potentados, ante una crisis tan radical de las instituciones, como la actual, podremos visualizar algunos escenarios: 1) que ira popular se exprese en la sentencia famosa “que se vayan todos” – en la historia hay demasiados ejemplos de esta situación, por ejemplo, el caso argentino, en que dos Presidentes de la república se vieron obligados a huir, en helicóptero, de la Casa Rosada <Isabel Martínez de Perón y Fernando De La Rúa>, posteriormente, se sucedieron siete presidentes, hasta llegar a Néstor Kirchner – pienso que Chile está muy lejos de este escenario; 2) una crisis de legitimidad – en nuestra historia, tuvimos una muy radical, en 1924 – afortunadamente no se visualiza un intervención militar, luego del genocidio pinochetista, y la falta de apoyo de Estados Unidos; 3) un abstencionismo creciente por parte de la ciudadanía, que muy fácilmente nos puede llevar a un sufragio de menos de un 20% del electorado, es decir, que “el monarca” represente, apenas, algo así como un 5% del universo electoral y, los parlamentarios, ni siquiera logren el 2% – no necesariamente las “huelgas” de electores, ¿parecidas a los jueces o policías? lleven al derrumbe de una plutocracia
Es bueno recordar que el poder se funda no sólo en la coerción, es decir, en el monopolio de la fuerza legítima, sino también en la hegemonía. El problema del Chile actual es que la plutocracia carece de hegemonía pero, a la vez, la ciudadanía, hoy iracunda contra las dos castas en el poder no han sido capaces de desarrollar ideas contra-hegemónicas y, al parecer, la única clave de solución que tenemos hasta ahora es convocar a una Asamblea Constituyente, pero desafortunadamente, algunos líderes sociales carecen del suficiente voluntarismo y quieren confundirse en las trampas que les colocan los plutócratas. Para citar a Gramsci, “lo viejo se niega a morir y lo nuevo aún no logra nacer”.
Rafael Luis Gumucio Rivas
18/02/2015