Gracias a la revista Qué Pasa se conoció la operación inmobiliaria que está llevando a cabo la joven esposa del hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, la que con su socio en la empresa Caval, con un dadivoso crédito del Banco de Chile, adquirieron 3 predios rurales colindantes entre sí con un total de 44 hectáreas situados estratégicamente en la comuna de Machalí con el propósito de revenderlos al mejor postor del mercado para que éste, ya como urbanos, pueda utilizarlos para edificar malls, hoteles 7 estrellas y viviendas de alto estándar. Los terrenos se ubican al costado de la Carretera del Cobre, enfrente de un pirulo Club de Polo y de un colegio de excelencia.
En razón a que existe una importante diferencia de precios entre los terrenos rurales y los urbanos, todos aquellos que se desenvuelven en el negocio de la explotación del recurso suelo permanentemente instan a las autoridades competentes de turno para que éstas cambien el uso de suelo de los terrenos que ellos han comprado anteriormente como rurales, es decir, barato. Y así, más adelante, los ofrecen en el mercado o ellos mismos los explotan comercialmente.
La sociedad Caval, según lo expresó ese medio de prensa, estaba recién constituida y contaba con un exiguo capital de 6 millones de pesos y por estas circunstancias los bancos Santander, Scotiabank y BCI no habían aceptado la solicitud del crédito. Según las reglamentaciones internas de estas 3 instituciones financieras no aceptan cursar créditos a las denominadas Personas Expuestas Políticamente (PEP), ello pues el hijo de la presidenta se desempeña con un cargo ad honorem en el palacio de La Moneda.
En cambio el pragmático Banco de Chile optó por entregarles el dinero solicitado -$ 6.500.000.000- con una tasa de interés fija de UF más 5,33% anual, capital que se pagará en una sola cuota dejándose en garantía hipotecaria los terrenos adquiridos cuyas valoraciones subirán en un alto porcentaje tan pronto el Seremi de Vivienda y Urbanismo apruebe las modificaciones al uso de suelo de esos predios hoy día rurales. Con su proceder el Banco de Chile apostó a que el cambio en el Plan Regulador se iba a producir, es decir, procedió con un ímpetu riesgoso. Ante esta posibilidad la astuta sociedad Caval recientemente firmó una promesa de compraventa por esos predios asignándoseles un precio de $ 9.500.000.000, ya que el comprador los utilizará para diversos proyectos inmobiliarios siempre y cuando el mencionado Seremi no se ponga “tramitador” con la necesaria modificación ad portas del uso del suelo.
Los 3 predios eran de una conocida familia de la VI Región y nos llama la atención porqué sus anteriores dueños no hicieron ellos mismos el lucrativo negocio que en la actualidad lleva a cabo la nuera de Bachelet. Los terrenos ya están inscritos a nombre de Caval en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua y los actores intervinientes están a la espera de la resolución del Seremi de Vivienda y Urbanismo para que la promesa de compraventa se transforme en una escritura pública definitiva, fecha en la que se producirá la no despreciable ganancia de $ 3.000.000.000 para la suertuda sociedad Caval. Estamos hablando de una oportuna pasada de unos cuantos millones de dólares prácticamente “sin que se movieran de sus escritorios” los dueños de la misma.
Ahora bien, nos hemos referido a esta atractiva transacción comercial que generará una pingüe utilidad exclusivamente a privados bien relacionados con un banco porque la Fundación Defendamos la Ciudad desde hace muchos años está insistiendo para que el Congreso Nacional apruebe una legislación asociada a la captura parcial de las plusvalías por parte del Estado en las ocasiones en que los particulares obtienen ganancias con los cambios de uso de suelo, como por ejemplo en el caso de Machalí, y con las modificaciones que hacen más permisivas las normas urbanísticas que se reflejan en los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales.
Hay un proyecto de ley en este sentido elaborado por el Minvu, cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle ejercía el cargo de presidente de la República, ya que en ese gobierno se intentó poner coto a la injusticia de que solo los actores particulares obtengan sustanciosas ganancias patrimoniales con las decisiones que adoptan las autoridades públicas y ya sabemos que en muchas ocasiones las anteriores proceden de acuerdo a los intereses de sus mecenas. En esa iniciativa se contemplaba que una parte de la plusvalía de los terrenos iba al Estado para que éste los invirtiera en obras del bien general en las ciudades.
Sin ir más lejos, hace un año atrás se benefició a ciertas personas jurídicas y naturales que transformaron, entre todas, 10.000 hectáreas rurales situadas en 8 comunas periféricas de la región metropolitana de Santiago en urbanas, es decir, idóneas para los negocios inmobiliarios y hace unos 6 años gracias a una benevolente resolución de la Municipalidad de Las Condes, la pía Universidad de Los Andes, regida por la sabiduría religiosa del Opus Dei, obtuvo en el borde de la cota 1.000 en esa comuna, un cambio en las reglas del juego urbanístico con el cual pudo construir la edificación de su Escuela de Medicina con la altura requerida por el mandante.
Ejemplos de este tipo hay miles y por ello lo que está haciendo la nuera de Bachelet es aprovecharse de una situación de inequidad territorial amparada por todos los gobiernos. Lo importante ahora es terminar con estos abusos permitidos por los que mandan y por ello veremos si el gobierno actual se atreve a tomar el toro por las astas y recupera el proyecto de ley que hemos aludido, el que se encuentra guardado hace 16 años en alguna oscura oficina del Congreso Nacional en Valparaíso y cuyos detalles los conoce muy bien el senador PS Carlos Montes.