Padres de los normalistas mexicanos desaparecidos mantienen su rechazo a las conclusiones de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso y aseguran que no van a permitir que sea cerrado.
Durante la conferencia de prensa la víspera en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudad de México, familiares de los normalistas coincidieron además en que elevarán el caso a otras instancias.
Vidulfo Rosales, representante de los padres de los estudiantes desaparecidos, explicó que la investigación no se puede cerrar porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula.
Declaró que la hipótesis de la incineración de los jóvenes en ese lugar del estado de Guerrero, la PGR la sostiene en dictámenes de química, biología y otros de esa dependencia.
Pero puesto que “reconocidos científicos expresan dudas sobre la hipótesis, las familias no aceptarán los resultados hasta que expertos independientes realicen los mismos peritajes”.
Alegó que la declaración de Felipe Rodríguez, El Cepillo, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido pues dicha persona no permaneció en ese lugar durante todo el tiempo en que supuestamente ocurrieron los hechos.
Rosales expuso que la información dada a conocer por la PGR depende en exceso de declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, las cuales pudieron ser coaccionadas.
Arguyó que a cuatro meses de los hechos, el gobierno mexicano aún no ha podido detener a responsables como el jefe de la policía de Iguala Felipe Flores, su cómplice y subalterno Francisco Salgado, Gildardo Astudillo, El Gil, relevante en los acontecimientos.
Igualmente, especificó, “siguen prófugos 11 de las 15 personas que supuestamente estuvieron en lo ocurrido en Cocula”.
Criticó que la PGR no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo esta la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos y evidenció que solo hay certeza de la muerte de uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Tampoco, formuló, se ha indagado sobre la responsabilidad del Ejército y aseguró que “en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada”.
Anunció que los familiares acudirán a las instancias internacionales; en breve una delegación irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a denunciar los hechos violentos de Iguala de 26 y 27 de septiembre pasado.
En esos hechos, policías locales asesinaron a seis personas, hirieron a una veintena y entregaron a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes según confesiones de detenidos, los ejecutaron e incineraron, y arrojaron los restos en el río San Juan, de Cocula.