La muerte de Nisman, revela la persistencia de un mecanismo de impunidad que ha mantenido la causa AMIA sin juicio ni castigo a los culpables del atentado. La paradoja de la cuestión es que Nisman fue en vida una de las piezas principales de ese mecanismo de impunidad, buscando complacer a las agencias de Inteligencia de los Estados Unidos e Israel con las que mantenía relaciones de colaboración estrecha y en coordinación con ellas había preparado la última jugada jurídica.
Nos parece que es hacia allí que se deben dirigir las investigaciones y sospechas para que el resultado del esclarecimiento de su muerte no sea una frustración más atribuible a la impunidad estructural que nos asola desde hace décadas.
En ese mecanismo participan los Servicios de Inteligencia del Estado en todas sus versiones y jurisdicciones, que jugaron un papel relevante en todo lo que rodea a la denuncia preparada por el fiscal de la causa Amia y su muerte, el Poder Judicial con una responsabilidad central en la cuestión en debate, las hegemonías políticas que dominaron el Poder Ejecutivo y Legislativo en estos 20 años de impunidad, el Poder Mediático y los gobiernos extranjeros interesados en derivar la investigación para un lado o para el otro y que en las primeras semanas del 2015 han desplegado una gran ofensiva para reinstalar la guerra contra el terrorismo como cuestión central de la agenda universal en detrimento de los esfuerzos de los pueblos por discutir la distribución de la riqueza o el uso de las riquezas del suelo, asoladas por la megaminería o la producción transgénica de alimentos.
Nos parece evidente que la muerte de Nisman se integra al despliegue imperial a nivel planetario y de sus planes de regresión de los procesos latinoamericanos que pugnan por superar la herencia neoliberal y la impunidad de los genocidios pasados.
El mecanismo de impunidad de la causa Amia no es la excepción sino la regla en la historia de violaciones de derechos humanos en el periodo de vigencia de las normas constitucionales: la desaparición de Julio López, la aparición sin vida del cuerpo de Luciano Arruga, la impunidad para los responsables políticos del crimen de Kosteky y Santillán o el maestro Fuentealba, son episodios de una misma saga de impunidades resultantes de la persistencia de una cultura represora de larga data pero potenciada al paroxismo en el periodo del Terrorismo de Estado
La designación del fiscal Gentili como reemplazante de Nisman, así sea provisoriamente, confirma la convicción de que no será este Poder Judicial el que establezca la verdad y construya Justicia para las víctimas del caso Amia. Gentili dirigía en los primeros años del gobierno la llamada UFIDRO, unidad fiscal para delitos de drogas peligrosas, y desde ese cargo en el 2007 armó una causa contra un conjunto de dirigentes sociales y populares, entre los que se encontraban personalidades populares como Adolfo Perez Esquivel, Hebe Bonafini, Patricio Echegaray y muchos otros, acusándolos de “financistas de las FARC”. El que era financiado directamente por la DEA norteamericana, con autorización de la Procuración General de la Nación era Gentili. También se revelaron reuniones intimas con abogados de los más poderosos narcotraficantes y a pesar de que la UFIDRO fue disuelta, fue mantenido como fiscal, primero en Lomas de Zamora y ahora en San Martín
Es por ello que hace falta una investigación independiente, que bien podría llevar adelante la COMISION PARLAMENTARIA INVESTIGADORA, ya propuesta por APEMIA y presentada como proyecto legislativo que cuenta con personalidades de claro compromiso con la verdad y los derechos humanos como sujeto principal de una Comisión que, para lograr derrotar la impunidad, debería contar con todas las atribuciones de investigación, inspección y acceso a todas las fuentes documentales y de archivo.
Hace ya unos años que el gobierno tomó el compromiso de modificar severamente el funcionamiento de los servicios de inteligencia y las propias leyes que regulan su actividad. Esa deuda es hoy imprescindible de cumplir para terminar con un factor de perturbación de la actividad del movimiento popular y de toda la vida social.