La noche del 4 de febrero de 2006 en el centro de Barcelona se vivió un infierno. En los alrededores de un antiguo teatro okupado en el que se estaba celebrando una festa, entre los golpes de porra, empezaron a caer objetos desde la azotea de la casa okupada en la calle Sant Pere més Baix.
Según relató por radio el Alcalde de Barcelona Joan Clos pocas horas después, uno de los policías, que iba sin casco, quedó en coma por el impacto de una maceta. En minutos, segundos, horas, se generaron decenas de detenciones. La Guradia Urbana de Barcelona peinó la ciudad y detuvo a tres jóvenes de origen sudamericano, que son gravemente torturados y privados de libertad durante 2 años.
Luego comenzaría la verdadera pesadilla: son sentenciados a 5 años de pena remitida. Asimismo, dos españoles son también enviados a la cárcel y entre ellos Patricia no aguanta la presión de la prisión y se suicida. Aunque otros detenidos: unos ciudadanos alemanes e italianos fueron dejados en Libertad.
La investigación y las pruebas, denuncian los acusados, fueron amañadas. Por ejemplo, el objeto que hirió al policía hubiera en un primer momento, se dijo que había sido tirado desde una azotea mientras que los detenidos estaban a pie de calle.
Otros dos detenidos aquella noche —Patricia y Alfredo— ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos: fueron detenidos en un hospital cercano y hallados sospechosos por su forma de vestir. Poco importaba si había pruebas o evidencias que exculpaban a todos los acusados.
Años después, dos policías de la Guardia Urbana de Barna son condenados a inhabilitación y penas de prisión de más de 2 años por haber torturado a un chico negro. La sentencia demuestra que los agentes mienten y manipulan pruebas durante el juicio. Para encubrir las torturas, acusan al joven de ser traficante de drogas, pero el juez descubre un montaje: el negro es en realidad, hijo de un diplomático: el embajador de Trinidad y Tobago en Noruega. Estos agentes resultan ser los mismos que habían torturado a los jóvenes detenidos aquella noche del 4 de febrero de 2006 y algunos de los testigos que declararon en su contra durante el juicio.
Tras este ju¡cio, se denuncia en los medios de comunicación digitales y alternativos que es la enésima historia de impunidad policial de la Guardia Urbana de Barcelona , acompañada por dosis de racismo, clasismo y la vulneración de derechos fundamentales. Además, los policías habían amparados por un sistema judicial que día a día desmuestra que no ha logrado zafarse la herencia del régimen franquista y la influencia de unos políticos obsesionados con el negocio inmobiliario.
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El abogado Gonzalo Boyé,, defensor de uno de los acusados sudamericanos del 4F, el chileno Rodrigo Lanza habla con EurolatinpressCultura.com para explicar que consecuencias ha traído el estreno en la TV3 del documental Ciutat Morta, de los directores de Ciutat Morta: A Xavier Artigas y Xapo Ortega, que ha denunciado la corrupción policial y la nula imparcialidad de la justicia. Asimismo, el doc ha generado en la sociedad catalana un hartazgo de su Marca como ciudad.
-¿Qué posibilidades hay de que la justicia reabra el caso de los incidentes de la casa ocupa de Sant Peré tras el barullo que ha hecho el documental Ciutat Morta?
Nosotros no pretendemos una reapertura del caso, eso es deber de la fiscalía; lo que pretendemos es plantear un recurso extraordinario de revisión de la sentencia y creemos que tenemos elementos bastantes como para ello pero nos falta poder documentar algunas actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona para presentar tal petición.
-¿Cómo ves la posibilidad de que los inculpados puedan limpiar sus papeles tras las acusaciones falsas hechas por los policías y refrendados por la justicia?
Es el objetivo, todos ellos han cumplido condena e incluso Patricia ha muerto pero tienen derecho a ser restaurados en su honorabilidad, es todo lo que se pretende.
-Dices en un momento del documental de Ciutat Morta, que “el sistema no puede aceptar que se ha equivocado porque sería aceptar que el sistema no funciona y abría que cambiarlo”. ¿Es un poco escalofriante darse cuenta que estamos a disposición de un sistema judicial que no imparte justicia parcialmente y que además, se considera perfecto?
No es el primero ni el único caso en España, lamentablemente estamos ante un sistema muy permeable, por diversas razones, y que termina amparando las versiones policiales de forma acrítica con los resultados que ya hemos visto. Lo que parece que no están dispuestos a hacer es reconocer que se han equivocado o que han actuado mal; yo soy especialmente sensible a este tipo de casos porque no todos los condenados son culpables ni todos los jueces imparten justicia.
-Además, es muy escalofriante darse cuenta que estamos a merced en España de policías, que deben protegernos, y que han arreglado pruebas y que puedan culpar a cualquier persona que pase por la calle. Esto parece un dictadura latinoamericana. Incluso en twitter la Guardia Urbana se ha mofado del documental y ha tildado de conspiranoicos a los que apoyan Ciutat morta y a sus participantes.
Bueno, la Guardia Urbana de Barcelona no tiene buenos antecedentes de conducta ejemplar, no son pocos los que han sido condenados por diversos y graves delitos pero ese es un problema de imagen de ellos que tendrán que resolver si quieren acercarse a la ciudadanía. Pienso que el primer paso es que los jueces entiendan de una vez por todas que los policías no siempre dicen la verdad, que muchas veces tienen importantes intereses para sostener determinadas versiones y que hay que analizar las cosas desde una perspectiva lógica; sin perjuicio de ello en España existen policías muy honestos y excelentes profesionales pero hay que saber distinguir la paja del trigo y no plantearse, ab initio, que todo es trigo.
-¿Cómo están Rodrigo Lanza y Alex? ¿A Rodrigo se le ve muy afectado?
Yo solo soy abogado de Rodrigo y lo fuimos también de Patricia hasta su suicidio; Rodrigo está bien, obviamente afectado por todo lo sucedido pero con muchas ganas de seguir luchando para demostrar su inocencia.
-¿Cuales fueron las gestiones del gobierno chileno en el caso de los chilenos acusados por atacar al policía de la Guardia Urbana de Barcelona? ¿Sigue el gobierno de Chile apoyando el proceso?
La ayuda solo la recibimos de los ex Embajadores Oswaldo Puccio y Gonzalo Martner, al actual embajador ni siquiera le conocemos y nunca se ha interesado por el caso; seguramente está siendo mal asesorado porque si supiese y comprendiese la relevancia del caso su actitud sería muy distinta ya que es una vergüenza que la Embajada de Chile no esté apoyando en algo así cuando en su día se contó, incluso, con la seria y desinteresada preocupación de la entonces y ahora Presidenta Bachelet.
-¿Qué culpabilidades podrán achacarse al ayuntamiento de Barcelona, a Joan Clos y a la Guardia Urbana si se demuestra todas las pruebas que se han conocido en el doc Ciutat Morta ?
Nosotros no achacamos culpabilidad a nadie, somos defensa y no acusación pero tenemos muy claro que el entonces alcalde y la Guardia Urbana tenían mucho que cubrir y obstaculizaron la investigación.
-¿Cuál es tu opinión sobre los medios de comunicación más grandes de España, de que no hayan dado a conocer esta historia hasta ahora pero si los medios digitales más alternativos españoles y también en los medios chilenos y argentinos? Estamos ante una nueva era de medios de comunicación donde los monopolios empezaran a perder credibilidad si siguen a merced de los grandes financistas como el Estado o empresarios multimillonarios?
Los llamados “grandes medios” en España tienen sus propios intereses y, sobre todo, sus propias servidumbres producto de la publicidad institucional. Las cosas están cambiando y desde medios independientes se está haciendo un gran periodismo del que en España no se veía hace mucho tiempo y al respecto existen grandes ejemplos como eldiario.es, Mongolia, La Marea, etc.
-El documental Ciutat Morta ha sido muy aclarador en cuanto a que las pintas son un condicionante para que la policía te detenga, algo que se había eliminado en la España moderna. ¿España está volviendo a un estado represivo?
Siempre se habló de personas de “estética okupa” cuando en realidad se trataba de jóvenes estudiantes muchos de los cuales, incluso, vivían con o de sus padres y que ni tan siquiera eran okupas, sin perjuicio de que criminalizar por la estética o la militancia me parece algo propio de regímenes dictatoriales.
-¿Cuál es tu opinión sobre la Ley de Seguridad que quiere aplicar Rajoy a las manifestaciones, escraches y denuncias civiles que vayan contra personajes públicos o estamentos públicos? ¿cómo España puede confrontar estas leyes represivas?
La “Ley mordaza” es un retroceso en materia de libertades y, claramente, una demostración del talante antidemocrático que caracteriza la política legislativa de este gobierno. Se confrontará con recursos de inconstitucionalidad y con la utilización de los mecanismos de Justicia europea que permitirán revocar dicha legislación.