Diciembre 26, 2024

Explotación sexual infantil en Chile: Las cifras del horror

El Informe de Seguimiento y Monitoreo de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Chile (2014), fue presentado por la ONG Raíces, la Corporación Paicabí, y representantes de ECPAT Internacional (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), la red mundial de organizaciones y personas dedicadas a combatir la explotación sexual infantil. Para quienes atienden a las víctimas de este flagelo, las medidas de prevención en Chile son insuficientes.

 

 

También hay un retraso en las medidas contra la marginalidad, discriminación y pobreza que provocan este flagelo. “Es urgente contar con mecanismos más eficaces para la protección de niños y adolescentes. Esto incluye la utilización en pornografía -incluyendo material en la línea de los abusos sexuales-, la utilización en prostitución, la trata con fines sexuales y el matrimonio a temprana edad, así como la explotación sexual en viajes y turismo”, dice Dorothy Rozga, directora de ECPAT Internacional.

 

Según el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) unos 4.200 niños, niñas y adolescentes sufren explotación sexual comercial en Chile. Otros estudios señalan que serían unos diez mil, principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío. En 2003, un estudio del Sename -asignado a la Universidad Arcis- estimó en 3.719 los casos, un 80% correspondientes al sexo femenino. 68% de las víctimas vivían con su familia; 50% fueron iniciadas en actividades de explotación sexual en torno a los 10 años y 62% sufrían una frecuencia diaria de explotación.

“Chile no tiene en su legislación una figura penal que condene la explotación sexual. Muchos de los juicios se enfrentan a través de los cargos de violación o abuso sexual”, dice Lorena Poblete, directora del centro de acogida de Quilicura, de la ONG Raíces. “No contar con esa tipificación invisibiliza legalmente este fenómeno, lo que se traduce en la ausencia de mecanismos de investigación específicos y sanciones adecuadas. Junto a esto, se incurre en la victimización secundaria, ya que no se contemplan en el proceso del juicio normas para proteger a las víctimas y no generarles un daño a partir de revivir una y otra vez sus experiencias traumáticas”, agrega.

 

NI DATOS NI RECURSOS

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es ampliamente tolerada. No se les considera ni víctimas ni explotados. Según ECPAT Internacional, además, se toleran matrimonios a temprana edad, ligados directamente a la explotación sexual. “Preocupa la ausencia de datos confiables sobre explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y su prevalencia, ya que las únicas cifras que se conocen son de 2003 y se refieren a un estudio realizado por el Sename. Como consecuencia, es imposible evaluar el impacto de las medidas legislativas y administrativas para prevenir y eliminar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como ponderar y enfrentar de mejor manera los obstáculos que van surgiendo a la hora de responder a las manifestaciones más complejas de este fenómeno”, señala Denisse Araya, directora de la ONG Raíces.

 

Las ONGs que luchan contra la explotación sexual infantil señalan la importancia de actualizar los datos, otorgar más recursos, y que el Estado se haga cargo de una política pública. Para Lorena Poblete, el Informe de Seguimiento y Monitoreo pretende dar a conocer esta realidad y algunas recomendaciones y lineamientos de cómo enfrentar el problema: “Hace tiempo que no contamos con una cifra real de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo. Llama mucho la atención que a diez años del último informe, no contemos con datos actualizados. Ello nos impide tomar decisiones de políticas públicas o desde la sociedad civil”, dice.

 

Sebastián Fernández, de ONG Social Activa, señala que los avances en esta lucha han sido muy pequeños: “Llevamos diez años trabajando y ha habido pequeños avances del Sename. Sin embargo, hay escasez de recursos. Lo que recibimos es menos del 50% de lo que se necesita para una buena terapia”. Según Fernández, las cifras de explotación sexual infantil son mucho mayores si se considera que sólo la organización que él representa ha atendido 400 menores víctimas de las comunas de Peñalolén, Macul, La Florida y Puente Alto.

Uno de los últimos casos dados a conocer por la prensa es una red de prostitución sexual de adolescentes en la que participaba un ex subcomisario de la PDI. Desde 2012, los tribunales acumulaban denuncias sobre la red en Puerto Montt y Chiloé. Cuatro adolescentes de 13 y 15 años que se habían fugado de un hogar del Sename, eran explotadas sexualmente por dos hombres en una casa abandonada. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Sename presentaron querellas en los tribunales de Castro y Puerto Montt. Un informe de Serpaj (2011) detallaba “trata interna” -redes concertadas que trasladan jóvenes a islas cercanas a Quellón, en Chiloé, con el fin de ser explotadas sexualmente-; “cabañazos” -fiestas privadas a las que se lleva a las adolescentes y que tienen como escenarios cabañas arrendadas para esos fines-; y “comercio sexual en alta mar”, utilizando embarcaciones de pescadores artesanales.

 

LAS CIFRAS DEL DRAMA

Según el Informe de Seguimiento y Monitoreo de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Chile (2014), los infantes y adolescentes son el grupo más golpeado por la pobreza: 22,8%. “Existen brechas importantes en el acceso de este sector de la población a los servicios fundamentales: educación y salud. (…) La segregación que caracteriza al país se hace evidente en las diferencias en la calidad de la educación. Por otra parte, el sistema de salud pública sigue mostrando deficiencias importantes en la atención, evidenciando, junto con la educación, las dificultades que acarrea ser uno de los sistemas más privatizados del mundo. Ciertas problemáticas complejas, que se reflejan en la salud -especialmente de los más pobres-, pero que son el eco de una multiplicidad de carencias asociadas, son la obesidad infantil, el embarazo adolescente y los problemas de salud mental. Junto con lo anterior, llama la atención que en Chile no se haya desarrollado aún un marco legal e institucional que aborde, de manera integral, la protección de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos”, dice.

 

La Ley de Menores es de 1967 y la explotación sexual de menores sigue siendo un problema invisibilizado. “La cifra de niños, niñas y adolescentes de que se dispone -3.719-, por ejemplo, es de hace más de diez años, y las características mediante las cuales este crimen se manifiesta han variado sustantivamente. Especialmente relevante es estudiar más a fondo la trata de niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual en el ámbito del turismo”, señala el informe. Actualmente, hay 17 proyectos de intervención especializados en explotación sexual. Cada uno atiende entre 30 y 65 niños, niñas y adolescentes, lo que resulta insuficiente. El informe recaba cifras de pobreza que afectan a niños, niñas y adolescentes de las regiones de La Araucanía (34,1%) y del Bío Bío (32,3%), y la situación de hacinamiento de hogares con niños y niñas en el norte: uno de cada cuatro hogares. También apunta que el porcentaje de madres adolescentes ascendió en 2011 a 28,6%. Las víctimas atendidas por los programas en 2013 fueron 1.206. Entre 2007 y 2012 se atendieron 6.372.

 

“Estos programas logran que muchos de los niños y niñas atendidos tomen conciencia del daño, vivan su vida en condiciones diferentes y no vuelvan a ser víctimas de esta vulneración, pero para ello requieren más de dos años de intervención, periodo estipulado hasta el momento por las bases técnicas de Sename. Según los datos del Ministerio de Justicia, el porcentaje de éxito en la reparación del daño, medido por el hecho de que no vuelven a ingresar a un programa similar, es del 65,5%”, señala. Pero nuestro país no posee una ley de protección integral de la infancia, una reivindicación de quienes atienden a las víctimas de explotación sexual infantil.

 

En 2012, la cifra de menores que ingresaron por causas relativas a la protección de derechos a la red coordinada por Sename fue de 70.090 -48,6% eran niños y 51,3% niñas-. La causa de ingreso más numerosa: haber sido víctima de maltrato o abuso (46%, mayoritariamente mujeres), seguido por la categoría “inhabilidad de padres” (17,9%). La categoría “calle” o “trabajo infantil” registra 1,5%. La “explotación sexual comercial” no aparece en el registro, a pesar de existir programas especializados. En 2012, fueron 32.296 niños y niñas que ingresaron al sistema del Sename por “violencia sexual y/o maltrato”, pero hubo ese mismo año 1.211 causas por “delitos sexuales”. A partir de los datos judiciales, el Observatorio de Niñez y Adolescencia calculó una tasa de 159,8 niños/as víctimas de “violencia sexual” por cada cien mil habitantes, fundamentalmente mujeres entre 14 y 17 años. Según la Unicef (2012), la prevalencia del maltrato y el abuso en la población infantil y adolescente de nuestro país es de 25,9%, que vive violencia física grave; 25,6%, violencia física leve; y 19,5%, violencia sicológica. La pobreza, la violencia en las relaciones, los patrones culturales patriarcales y discriminatorios, la migración, el consumismo, el tráfico de drogas y el mal uso de las tecnologías son los principales antecedentes. Según datos recogidos por el Ministerio de Justicia, entre 2007 y 2012, se atendieron 6.372 víctimas.

 

En este mismo informe se constata una tendencia en aumento en el número de niñas y adolescentes atendidas, pasando de 76,2% en 2007 a 82,2% en 2012. “De los 236 atendidos por los programas de intervención especializada en explotación sexual comercial en la capital durante 2013, los niños varones ingresados suelen tener edades en torno a los 9 años, disminuyendo el número de hombres entre los adolescentes víctimas. En el rango etario de 6 a 9 años el porcentaje de víctimas de sexo masculino (55,6%) es mayor que el de sexo femenino (44,4%), mientras que en el rango de 14 a 17, el 86,9% son mujeres y solo 13,1% adolescentes varones. Según los datos recientes del Observatorio, “un 47,2% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por los programas en la Región Metropolitana no asiste a la escuela. (…) Los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial experimentan relaciones familiares dañinas, en las que se reproducen vulneraciones históricas vividas por sus padres y abuelos, quedando el maltrato y la violencia como conductas naturalizadas que perjudican al grupo familiar completo. Así, las cifras correspondientes a la Región Metropolitana señalan que los atendidos por los programas de reparación del daño han sufrido diversas vulneraciones en su entorno familiar, registrándose negligencia en más del 70% de los casos, violencia intrafamiliar en alrededor del 60%, consumo problemático de drogas en la familia en el 40% de los casos, además de pobreza extrema y conflictos con la justicia. El registro también consigna datos que son obtenidos durante las intervenciones reparatorias, como la constatación de que el 56% ha vivido otras agresiones sexuales previas o en paralelo a la explotación sexual comercial, el 48% reconoce haber vivido maltrato físico y el 75% sicológico”

 

ARNALDO PEREZ GUERRA

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 821, 9 de enero, 2015

 

 

 

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