Una propuesta parlamentaria busca tipificar el delito de desaparición forzada de personas, lo cual aumentará las penas. La iniciativa ha sido presentado por varios diputaados de la Nueva Mayoría.
Los diputados Clemira Pacheco (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Jorge Insunza (PPD), Roberto Poblete (Ind), René Saffirio (DC), Marcelo Schilling (PS), Leonardo Soto (PS) y Guillermo Teillier (PC), presentaron un proyecto que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas.
La propuesta, enviada para su estudio a la Comisión de Derechos Humanos, en primer lugar reemplaza el encabezado del párrafo 4º del Título III del Libro II por el siguiente:
“4. De la desaparición forzada de personas y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución.”
A continuación, intercala un nuevo artículo que señala que “el que privare de libertad a una o más personas y que se niegue a informar o reconocer dicha privación de libertad o paradero del ofendido, comete el delito de desaparición forzada de personas y sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio (tres años y un día a quince años)”.
Se agrega que si durante la desaparición forzada a la víctima se le aplican torturas u otros flagelos análogos, sufrirá la pena de presidio mayor en grado medio a presidio mayor en su grado máximo (desde 10 años y un día a 20 años). Si causa la muerte de la víctima, sufrirá la pena de presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado.
El juez podrá rebajar en dos grados la pena que corresponda a los partícipes de desaparición forzada de personas que contribuyan a la aparición con vida de la víctima; y en un grado a los que suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada.
Los legisladores enfatizan que esta iniciativa “surge del trabajo permanente y sistemático con distintas agrupaciones de Derechos Humanos, en especial las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, siendo fruto del compromiso constante y la lucha permanente contra la impunidad ante las violaciones a los Derechos Humanos”.
Agregan que “compartimos la idea de que se necesita prevenir la comisión de estas atrocidades en el futuro y para ello se necesita un rol activo del Estado vinculado estrechamente a la labor de la comunidad civil organizada”.