La mala memoria de los consumidores – algunos los llaman ciudadanos – permite que, al poco tiempo, escándalos que parecían apocalípticos en su momento amainen y, finalmente, sean olvidados para seguir con la rutina de actos sucesivos de mezcla entre el dinero y los políticos, como si nunca hubiera pasado nada.
Si observamos con atención las estatuas que decoran la Plaza de la Ciudadanía – a pasos de La Moneda – salta el busto de don Arturo Alessandri Palma, dos veces Presidente de la República, que en su primer período, (1920-1925) gobernó con la “execrable camarilla”, llamada así por la opinión pública que la integraba un grupo de amigos personales del mandatario y que, además, se dedicaba a asaltar las arcas fiscales e intervenir en los resultados de las elecciones. Esta “camarilla condujo, en primer lugar, a una conspiración de la derecha civil, y en segundo lugar, al famoso “ruido de sables”, dando pie a la asunción al poder de una junta militar que, entre otras medidas, condenó al exilio al Presidente Alessandri y cerró el Congreso. En ese tiempo los militares no eran propiamente derechistas, sino más bien populistas autoritarios.
En su segundo período el Presidente Alessandri fue directamente culpable de la “matanza de Seguro Obrero”, donde fueron asesinados a mansalva los estudiantes que habían protagonizado la toma de la casa central de la Universidad de Chile que, según las autoridades, preparaban un golpe contra el gobierno. Su ministro del Interior, Luis Salas Romo, se salvó de una acusación constitucional, gracias a la mayoría derechista en ambas Cámaras.
Otras de las esculturas que adorna nuestra plaza principal es la de Diego Portales, un negociante y mercader, que no tenía ningún escrúpulo para apropiarse del dinero del Estado por medio del famoso estanco del tabaco, un monopolio avalado por el gobierno para saldar la deuda con Inglaterra, contraída para financiar la expedición libertadora del Perú. Cuando se fracasó por el negocio del estanco, se arruinaron él y su socio, Cea, y, a su vez, el gobierno chileno y, para rematar, financió una guerra civil contra los “pipiolos”. Historiadores conservadores, como Francisco Encina y Alberto Edwards – no se sabe quién plagió al otro, aun cuando se sospecha que el pensador del fundo El Durazno, de Talca a Edwards – presentan a Portales como un dechado de virtudes cívicas y de valores humanos, que no tenía, ni siquiera, dinero para comprar cigarrillos.
Si Portales y Alessandri son alabados y reconocidos por algunos historiadores y políticos que, incluso, se hacen llamar de izquierda, poco se puede esperar de las castas políticas y empresariales chilenas.
El caso actual, PentaGate, es uno de los más graves de nuestra historia política. Para encontrar algo similar tendríamos que remontarnos a la república plutocrática, (1891-1925), en que el presidente de la república, Germán Riesco, podía presionar a su sucesor, Pedro Montt, para que el Estado salvara un Banco, en ese momento a punto de declararse en quiebra. Al menos, en esa ocasión, Montt se negó a hacerlo. El Chile de hoy, en cuestión de escándalos y de mezcla de política y los negocios, continúa en la misma senda, pero en forma mucho más efectiva cínica.
El anterior gobierno del millonario Sebastián Piñera no tenía ningún empacho de mezclar los negocios personales con la los del Estado – el caso del ex subsecretario Wagner es un ejemplo de esta situación que, en este caso, está muy cerca de tipificarlo como delito de cohecho, por parte del fiscal a cargo de la investigación – y, como la justicia chilena es muy lenta y clasista, es muy posible que este escándalo, hoy de proporciones, al final, quede en nada, y los “doctores de la ley” de la UDI continúen dictándonos las normas morales. No sería raro que a uno de estos “próceres” fueran merecedores de una medalla, un galvano o una estatua. ¡Señor, danos tu fortaleza!
Rafael Luis Gumucio Rivas
05/01/2015