Una revolución productiva en las formas de extracción de combustibles fósiles, léase petróleo y gas, está teniendo lugar desde hace algunos años principalmente en América del Norte y, como se ha de suponer, ha causado euforia en los círculos empresariales y políticos, que vislumbran una menor dependencia del petroleo de otras regiones y una gran oportunidad de nuevos negocios.
La irrupción de la técnica de la fracturación hidraúlica, conocida comúnmente por su nombre en inglés, fracking, ha provocado también una euforia de manifestaciones.
Fracking es una contracción de varias palabras, slickwater hydraulic fracturing. En efecto, es la fracturación hidráulica por agua enriquecida de las rocas impermeables, tipo esquistos, de las cuales se obtiene gas o petróleo. Es una inyección de agua con arena, mezcladas con varios químicos a presiones muy altas. Se dice que a unas setenta atmósferas, según señala una publicación del Senado de México, donde se han comenzado a debatir los impactos de esta nueva manera de extraer gas y petróleo de fuentes no convencionales.
Pero han sido los ciudadanos organizados quienes han levantado voces de alarma: desde pueblos indígenas de Canadá, que lo han declarado como un acto de guerra, a comunidades mapuches de Argentina, que resisten el comienzo del fracking en los pozos de Neuquén. En Chile, las alarmas fueron encendidas hace un par de años con la propuesta de un terminal gasífero en la bahía de Concepción y una enorme termoeléctrica en la comuna de Bulnes.
El nuevo terminal de regasificación Octopus de Concepción y otros en la región de Quintero y Antofagasta se aprestan a recibir las primeras exportaciones de shale gas, gas esquisto, desde EE.UU., luego de haberse firmado contratos tras la reciente visita de la presidenta Bachelet y su ministro de Energía a ese país. Pero los planes de traer gas de esquisto desde Estados Unidos y montar toda la infraestructura necesaria a través del país vienen de mucho antes, y se concretizaron durante la visita del presidente Obama a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, en 2011.
Pero el gas de esquisto no sólo sería importado: con bastante sigilo, se comenzó este año a producir gas de esquisto en pozos de Enap en Magallanes. Todo esto en medio de un creciente cuestionamiento de las nuevas técnicas de extracción, tanto por sus impactos ambientales y sociales sobre las comunidades locales, como por lo que significan en términos de calentamiento global.
INDIOS Y VAQUEROS
Y éstos, ¿qué tendrán que ver con el fracking? Este es el nombre que tiene una coalición ciudadana de comunidades indígenas y campesinos tradicionales de Estados Unidos y Canadá, que se conformó para luchar contra el oleoducto Keystone XL de la canadiense TransCanada Corp. que cruzaría desde la provincia de Alberta, en Canadá, hasta la costa oeste del Estado sureño de Texas: una distancia de unos 3.200 kilómetros.
El oleoducto, para transportar crudo arenoso (tar sands), o sea petróleo extraído a través de la técnica del fracking, ha tenido un serio revés. El 18 de noviembre el Senado de Estados Unidos votó rechazar el oleoducto, culminando un proceso de movilización ciudadana de varios años que incluyó acciones de desobediencia civil, como la de 2011 en que 1.200 personas fueron arrestadas en las afueras de la Casa Blanca. Entre ellas estaba James Hansen, ex alto funcionario de la Nasa, quien decía a la prensa estadounidense que “si Canadá sigue adelante y nosotros no hacemos nada, se habrá acabado el juego para el clima”. El norteamericano fue arrestado junto a muchos otros/as, como la célebre periodista canadiense Naomi Klein, conocida por libros como Doctrina del Shock en que plantea cómo los cambios económicos llevados a cabo con el golpe militar de 1973 en Chile crearon una tendencia mundial a imponer por la violencia los cambios económicos. El útimo libro de Klein se llama Esto cambia todo: El capitalismo contra el clima.
Para Klein las nuevas técnicas de extracción de gas y petróleo son un ejemplo de lo que no debe hacerse: “Cuando estás en un hoyo, no sigues ahondándolo. Necesitamos alejarnos de energías extremas. No podemos seguir haciendo las cosas que precisamente están en el corazón de esta crisis. Sí necesitamos transitar hacia energías renovables, pero también necesitamos simultáneamente parar la extracción de fuentes de mucho carbón”, decía la periodista en el programa Democracy Now.
Pero los cuestionamientos del fracking no son sólo por sus impactos globales sobre el cambio climático del planeta, sino también por sus impactos ambientales en las comunidades locales.
El mismo día en que las elecciones legislativas de Estados Unidos asestaban un duro golpe a los demócratas en ambas Cámaras del Congreso, la ciudad de Denton, en el Estado de Texas, aprobaba una iniciativa ciudadana que prohibió el fracking. Prohibición simbólica por ser en el principal Estado productor de petróleo del país del norte y una localidad cercana al lugar desde donde se pretende a exportar gas de esquisto hacia Chile: “Denton, Texas, es donde se inventó la fracturación hidráulica. Si este lugar, no puede vivir con la fracturación, entonces, ¿quién puede?”, declaraba a la agencia Reuters, Bruce Baizel, del grupo Earthworks.
La localidad tejana no es el primer lugar donde hay moratorias o llanamente se prohíbe la práctica de la fracturación. Lo han hecho docenas de condados en Estados Unidos e incluso países enteros, como ha sido el caso de Francia, Bulgaria y Sudáfrica, ya que los impactos ambientales y sociales de esta nueva técnica de producción no serían menores.
Según un documento elaborado por la sección española del grupo ecologista Greenpeace, el proceso de fractura hidráulica “conlleva una serie de impactos ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente caracterizados o comprendidos, entre ellos contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero (metano), terremotos (sismicidad inducida), contaminación acústica e impactos paisajísticos. Además se debe tener en cuenta el tráfico de camiones para transportar el gas extraído, el consumo de agua y la ocupación del territorio”, señala Greenpeace.
Los proyectos de producción y distribución de petróleo y gas producidos por fracturación se expanden por América Latina. A pesar del creciente cuestionamiento a las técnicas del fracking, Chile no sólo estaría importando gas de esquisto, sino montando una infraestructura propia para producir, procesar y distribuir este gas. Los actores se repiten. Si bien el oleoducto Keystone XL ha sido detenido en América del Norte, sus propietarios, la canadiense TransCanada Corp, son dueños del 30% del gasoducto del Pacífico que, de concretarse el proyecto Octopus de Concepción, llevaría el gas a la termoeléctrica de Bulnes. Y Cheniere, dueños del terminal gasífero de Sabina Pass, en EE.UU., es uno de los inversionistas de Octopus.
EL EFICAZ LOBBY DE LOS NORTEAMERCIANOS
La importación de gas de esquisto desde Estados Unidos y la producción propia usando la tecnología del fracking no es una novedad para nuestro país. De hecho fue producto de una planificada estrategia del gobierno de EE.UU., junto a su embajada en Santiago y a la principal asociación de empresarios de ese país con intereses en Chile, AmCham, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. Esta organización empresarial lideró la creación del Consejo de Energía Chile-Estados Unidos a mediados de 2011 “como respuesta a una decisión política de los presidentes Piñera y Obama”, según señalan en una publicación. La misión del Consejo era primeramemente “potenciar las oportunidades de negocios del sector privado, tanto en Chile como en EE.UU.”, junto a la promoción de energías limpias, eficiencia y desarrollo sustentable.
Es así como se organizó, en julio de 2013, una misión a Pennsylvania para explorar el gas de esquisto y se constituyó un grupo para promover el uso de este gas en el Consejo de Energía. A mediados de 2014 entregó recomendaciones al gobierno chileno y se planteó, en el capítulo de gas de esquisto, “fomentar la incorporación de nuevas tecnologías, de origen estadounidense, que permitan un uso más eficiente de la energía y una expansión del gas natural a nivel local”. Agregaba entre sus planes de acción “difundir y promover las ventajas que traería para Chile acceder al shale gas de Estados Unidos y sus posibilidades de utilización en el mercado energético local”. En esa sección, el Consejo de Energía Chile-EE.UU. tiene la sensatez de explicitar algo que debiese ser obvio: “…Es importante reconocer que el gas podría llegar al país desde diferentes fuentes, tales como Canadá y México, en forma de GNL, como también a través de gasoductos provenientes de países vecinos”.
De hecho existe el proyecto Anillo Energético Sudamericano que consistiría en “formar una red de gasoductos interconectados que permitan el comercio de gas natural entre los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay)”. Según un estudio de la Universidad Católica de Santiago “el proyecto fue propuesto por Chile el año 2005 ante el descubrimiento de los yacimientos de gas de Camisea, en Perú”.
No sabemos qué ha sucedido con el Anillo Energético. Lo que sabemos en parte, ya que Enap no ha querido entregar detalles precisos, es que, con posterioridad a la visita del ministro de Energía, Máximo Pacheco, a Estados Unidos en junio pasado, se firmaron una serie de acuerdos de cooperación, entre los que están el apoyo tecnológico para los proyectos de fracturación que -lejos del ojo público- desde comienzos de este año están en etapa de producción en cuatro pozos de Enap en Magallanes.
EL PULPO QUE ACECHA A CONCEPCION
Hay dos teorías sobre el origen del nombre “Octopus” (pulpo), denominación original del proyecto que se pretende implementar en la zona sur del país y que ahora ha sido rebautizado, o más bien blanqueado, con el nombre de Biobio Genera. Una teoría es que sería el sobrenombre de uno de los socios chilenos del proyecto chileno-estadounidense. La iniciativa, que involucra la construcción de un terminal marítimo de regasificación flotante y una enorme termoeléctrica en Bulnes, es propiedad de un consorcio entre las empresas estadounidenses Australis Power y Cheniere Energy, junto a las chilenas Andes Mining Energy y Gasoducto Innergy (Cheniere es además dueña del terminal que desde Estados Unidos exportaría el gas de esquisto hacia Chile). El proyecto fue ingresado en abril de 2013 a evaluación ambiental, pero retirado en noviembre. Posteriormente, con pequeñas modificaciones, entre ellas el nombre, fue reingresado a evaluación ambiental este año, proceso que se encuentra en curso.
La otra teoría sobre el origen del nombre dice que el proyecto, que todavía se conoce como Octopus, llevaría ese nombre por ser sólo “la primera patita”, ya que las instalaciones quedarían “abiertas a un sinfín de otras partes que se pueden complementar a la infraestructura de Octopus”.
Nos lo dice Javier Inostroza, trabajador social de 23 años, oriundo de Talcahuano y miembro de la Coordinadora Chorera de esa localidad, uno de los grupos que se han movilizado en contra del proyecto anunciado el año 2012 junto a la Coordinadora Penco-Lirquén, la Coordinadora Comunal de Tomé y el Comité Bulnes sin Termoeléctricas.
Según el dirigente de Talcahuano los primeros en organizarse fueron los principales afectados, Penco y Bulnes, a los que se sumaron los de Tomé y otros, para culminar en la “histórica” marcha intercomunal del 2 de septiembre de 2013 en Concepción, con personas de toda la región.
“Fuimos a la marcha y dijimos: ¡Algo tenemos que hacer!”, recuerda Inostroza, quien agrega que se conformaron a raíz del proyecto Octopus, pero que ya están “ampliando el rango de lo que hacemos”. Para Javier es grave el daño que implicaría colocar otra industria cerca de Talcahuano, que “fue una de las zonas más contaminadas del mundo. Al intervenir el sistema marítimo, de inmediato se genera un daño. La temperatura del agua cambiará. En teoría, sólo se manejan con supuestos”, agrega.
“Dan la información como verdadera, pero eso no se ha probado. No podemos decir que existe otro lugar donde pasó esto y no sucedió nada, como suele pasar con los proyectos industriales. Los estudios pueden ser muy bien hechos, pero en la práctica es diferente”, sostiene Inostroza. Menciona los enormes impactos que podría tener el terminal de regasificación flotante, ubicado frente a las playas de Penco, en la industria gastronómica de esa localidad y en la actividad pesquera, que debe interrumpirse cada vez que se acerque uno de los enormes barcos cargados de gas.
No están solos los choreros. Están también las diversas coordinadoras zonales y los grupos que han expresado preocupación por el proyecto energético cuyos tentáculos se extenderían a través de la Octava Región.
Curiosamente, en una reciente manifestación participaron miembros del grupo Krishna, junto a mapuches, pescadores y estudiantes, rememorando las alianzas amplias, como la de los vaqueros e indígenas que se formaron en EE.UU. y Canadá para oponerse al oleoducto Keystone.
Sin embargo, la Coordinadora Chorera sigue intentando aumentar el apoyo, manteniendo conversaciones con los portuarios de la zona: “Es uno de los desafíos para los movimientos sociales. Hay relación con los portuarios. Queremos saber la opinión de ellos y si les han informado (de Octopus)”, dice Javier Inostroza, quien añade la visión de lo que puede pasar a futuro: “Lo que estamos haciendo no termina con la aprobación o rechazo del proyecto, esto va más allá. Es dejar un antecedente de que las personas se están moviendo por generar una soberanía territorial. Ese, yo creo, es el horizonte. Que empezemos nosotros como pobladores, como habitantes de acá, a ser parte de las decisiones. Este desafío socioambiental va más allá de un proyecto, tiene por fin recuperar estos espacios que por años se han dejado a la mano del diablo”, termina recalcando con certeza.
CRISTIAN OPASO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 820, 26 de diciembre, 2014