Diciembre 26, 2024

La justicia y el retoño de don Carlos Larraín: para quiénes funcionan las instituciones en Chile

El hijo de Carlos Larraín, un multimillonario  del exclusivo clan de los dirigentes  de la derecha chilena, ha sido llevado dos veces a juicio por el atropello y muerte de un peatón (un campesino pobre), dándose a la fuga, sin perjuicio que la ley presume ebriedad en quienes huyen de un accidente. El venía de  madrugada de una regada fiesta.

 

 

En el primer juicio se le condenó a pagar la muerte del campesino firmando mensualmente un libro. La viuda, la cual se encontraba separada de hecho,  previo pago de una suma irrisoria para el imputado, se había desistido de la querella, dejando a la madre y otros familiares fuera del proceso.

 

En el segundo juicio quedó aún más claro para quienes funcionan las instituciones en Chile: se absolvió de todo cargo al hijo de papá. Este incluso  había pedido público perdón a los deudos del fallecido.  El fallo llegó a señalar que el culpable es el atropellado; afortunadamente no llegó a sancionar a su humilde familia por las molestias causadas al niño y su jeep con su incomodo cuerpo bajo las ruedas. El fallo se pone en ridículo a sí mismo cuando condena, a firmar un libro, a dos de los acompañantes del retoño por obstrucción a la justicia, como explicarán los redactores del fallo sin hacer cantinflescos que se condena por obstruir la justicia donde el acusado era supuestamente un inocente.

 

Los fallos judiciales se van sumando

 

Las grandes cadenas farmacéuticas  se coludieron y se sancionaron a sus ejecutivos, que estrujaron a sus clientes cautivos con medicamentos que, en muchos casos, involucran la sobrevivencia, a recibir un curso de “ética empresarial”. Esto fue pedido por el Ministerio Público que dirige el sr Chahuán. ¿Por qué  el gobierno concertación nombró a Chahuán? Claramente  fue parte del pago del acuerdo Insulza-Longueira para echarle tierra a la gigantesca corrupción del caso MOP-GATE bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

 

La investigación por la muerte del presidente Salvador Allende se cerró definitivamente. El ex teniente René Riveros Valderrama se jacta de haber matado a quien el proceso estableció se había suicidado (con dos tiros de calibre distinto) y se niega su citación a declarar. Se produce un alzamiento militar, luego de siete horas el Palacio presidencial está incendiado y el presidente muerto por impactos de bala. Sin embargo, para la justicia chilena no hay delito.

 

El cura John O’Reilly, guía espiritual del exclusivo Colegio Cumbres, de la secta de multimillonarios católicos integristas Los Legionarios de Cristo fue condenado por abusos sexuales a niños pero no se le condenó a pasar un día en la cárcel. Las instituciones funcionan.

 

H recibe una pensión miserable por su crónica enfermedad de esquizofrenia. Lo acusaron de robar dos celulares, que nunca aparecieron, estuvo ocho meses preso, la Fiscalía consiguió que lo condenaran. Agobiado por la cárcel y bajo la posibilidad de salir en libertad, se vio obligado a confesar un delito que nunca cometió. H nunca había sido acusado de nada, es una persona muy pacífica, busca en los árboles una sustancia que traerá la felicidad a la humanidad. Cuando alegué su causa en la Corte de Apelaciones de San Miguel, el presidente de la sala me espetó que tenía cuatro minutos y punto sino me cortarían el audio. ¿Le dirían eso al abogado del retoño de don Carlos Larraín.?  H vive en la Granja. La mano de hierro de la justicia chilena: con los humildes.

 

¿Qué se requiere para ser juez? Amigos en el poder judicial, que te pongan en una terna y amigos políticos que te nombren en el Ministerio de Justicia. ¿Quién los controla? Ellos mismos y  el parlamento que en 25 años de democracia sólo ha defenestrado a un sólo juez: Hernán Cereceda Bravo.

 

Ve que no es fumar opio cuando algunos que vivimos de nuestro trabajo y no del erario nacional proponemos una nueva Constitución donde la ciudadanía pueda ejercer mecanismos de control sobre todo el aparato del Estado, incluido el Poder Judicial y el Ministerio Público.

 

ROBERTO AVILA TOLEDO

 

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