Tras la ayer del proyecto de financiamiento electoral por parte de la presidenta Michelle Bachelet, los presidentes de la comisiones de Constitución y Hacienda, Ricardo Rincón (DC) y Pablo Lorenzini (DC) respectivamente, valoraron los contenidos de la iniciativa, señalando que “se trata de un proyecto en el que todos debemos estar, para ir cerrando espacios y zonas opacas, que han permitido mal uso de recursos y escasa equidad a la hora de competir en igualdad de condiciones “ Desde el senado, Alejandro Navarro dijo que deberían dejar sus cargos quienes no cumplan con la ley.
Al respecto, el diputado Rincón señaló que “nuestro sistema requiere de profundos cambio y en eso, creo, estamos todos de acuerdo; la idea es apuntar hacia una mayor transparencia, equidad y control público al financiamiento electoral y al de los partidos políticos; acciones que requieren de un marco regulatorio robusto y claro, con mecanismos que permitan., especialmente, que no existan razones económicas para no competir por un escaño y que, en forma especial, se acaben los aportes reservados, que han sido motivo de especulaciones que finalmente dañan la actividad política; las empresa no votan y eso debe quedar muy claro“.
Entre los elementos que contempla la propuesta se encuentran la disminución en un 50% el límite del gasto electoral para cada elección y la eliminación de todos los aportes reservados. Además, se obligará a que los aportes de las personas naturales no pueda exceder al equivalente de 100 UF. Asimismo, la propuesta dice que el Estado aportará a cada partido 0,09 UF por voto válidamente obtenido en las últimas elecciones de diputados.
Existen sanciones en casos de donaciones irregulares, las que podrían llegar a presidio mayor en su grado mínimo (5 a 10 años de privación de libertad). En casos como estos, el candidato electo o parlamentario en ejercicio perdería su cargo.
En tanto el diputado Lorenzini, agregó que “tal como dijo la Presidenta, esta es una apuesta concreta para mejorar la calidad de la democracia y nuestra actividad; una iniciativa que esperamos sea respaldada y no resistida por quienes insisten en mantener un vínculo entre política y dinero; no más casos Penta”.
Navarro
“Ya en los años 2008 y 2011, junto al entonces senador José Antonio Gómez, presentamos un proyecto de ley pidiendo terminar con los aporte secretos y estableciendo la pérdida del cargo como sanción a quienes transgredan la ley de donaciones electorales. Espero que la presidenta recoja este planteamiento y no solo se apliquen multas”, dijo el senador del MAS Alejandro Navarro.
En el marco de la firma del proyecto de ley de financiamiento electoral, el senador y presidente del partido MAS, Alejandro Navarro, señaló que “es una tarea fundamental del presente político acabar con el predominio del dinero en la política. En esto también se juega la viabilidad y credibilidad del espíritu reformador que inspira el programa de la Nueva Mayoría. El sólo reemplazo del sistema electoral no basta para que nuestra democracia obtenga una mejoría realmente sustantiva. Para que esto suceda necesariamente debemos limitar la injerencia del poder económico en la política”.
Caso Penta
Recordemos que la reforma al sistema de financiamiento a la política, además de ser parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, tomó especial atención luego de las denuncias sobre donaciones ilegales. En este contexto Navarro dijo que “esta es una situación gravísima, dado que la UDI en el caso Penta, violó flagrantemente la ley de financiamiento electoral. No estamos hablando de recurso entregados legalmente, sino de donaciones fuera de la normativa; cientos de millones de pesos a renombrados senadores y diputados UDI. La fiscalía tiene que investigar y de confirmarse la veracidad de estas denuncias -nos asiste la convicción de que así será- los parlamentarios involucrados deberán renunciar”.
“La senadora de mi circunscripción, Jacqueline van Rysselberghe, recibió más de 278 millones de pesos en donaciones secretas. Es legítimo que la ciudadanía sepa si esos dineros provienen del grupo Penta; de las AFP, isapres, bancos, seguros y universidades privadas que lo componen, pues esto afecta claramente sus intereses en su calidad de legisladora”, agregó Navarro.
“Esperamos hacer que esta ley establezca como pena la pérdida del cargo, para así poner transparencia al financiamiento electoral y terminar de una vez esta espuria relación entre el dinero y la política”.