Funcionarios chilenos siguen practicando la tortura y este fenómeno aún no ha sido erradicado en Chile, ha advertido este miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
“A la violencia diaria que sufren las personas, se agrega la violencia del Estado a través de carabineros, de gendarmería (guardia de prisiones) y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), contra las personas privadas de libertad o ciudadanos exigiendo su derecho a manifestarse en paz”, ha argumentado la directora del INDH, Lorena Fries, quien ha hecho entrega de un informe sobre la tortura en Chile a las autoridades chilenas.
Refiriéndose a la existencia de 12 querellas en torno a la tortura y 15 amparos por violencia policial durante el año en curso, Fries ha puesto de relieve que tal ente no escatimará esfuerzos para apoyar los derechos innegables de los chilenos.
Asimismo, ha criticado el uso abusivo de la prisión preventiva, para luego expresar la preocupación del INDH por la existencia de causales para aplicarla, que están en tensión con los estándares internacionales de los derechos humanos.
De igual modo, el informe del INDH resalta la importancia de la igualdad de género y del fin de la segregación escolar.
A modo de colofón, hace hincapié en la preponderante importancia de la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos en Chile para que se encargue de observar la ejecución de políticas públicas sobre derechos humanos en el país sudamericano.
Los chilenos, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fueron objeto de torturas practicadas por funcionarios. La dictadura de Pinochet, que finalizó el 11 de marzo de 1990, dejó un saldo de más de 3000 muertos, mientras que 37.000 personas fueron encarceladas y objeto de torturas.
Los tribunales chilenos mantienen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones, que datan del período dictatorial y que involucran a unos 700 militares y agentes civiles.