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El sistema no es lo suficientemente competitivo
Falso. Si se analiza la evolución del número de AFPs en los más de 30 años desde el inicio del sistema, es posible identificar una variación significativa en el número de entidades que participaron de la industria previsional, cuyo resultado derivó en una acentuada tendencia a la concentración en la administración de los fondos previsionales. Por ejemplo en 1981, fecha de inicio del sistema, existía un total de 12 AFPs, cifra que contrasta con la existencia de 21 AFPs a mediados de los años 90, lo que da cuenta de un incremento significativo en el número de administradoras. Sin embargo, a fines del año 2008 solo 5 administradoras tenían a cargo la administración del 100% de los fondos previsionales.
En consecuencia, se debe tener presente que los altos niveles de concentración en el sistema de AFPs tienen su origen en el control del sistema financiero, el cual es administrado por un número limitado de agentes económicos quienes a su vez se benefician de los recursos previsionales administrados por las AFPs. Adicionalmente, esto nos demuestra que la propuesta de la AFP estatal no representaría ningún beneficio para los trabajadores, sino que más bien legitima y profundiza este perverso sistema.
“No importa qué tan numerosas y competitivas puedan ser las AFPs si los fondos previsionales son controlados por aquellos que manejan el sistema financiero” – José Pablo Arellano.
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El principal objetivo de las AFPs es maximizar el beneficio de los trabajadores
Falso. No cabe duda que los principales beneficiados del modelo de capitalización individual son aquellos que ostentan la propiedad de las AFPs, quienes han obtenido importantes retornos, como resultado de la administración de los fondos de pensiones. Basta solamente con mencionar que para el periodo 2002 (inicio de la invención de los multifondos) al 2013 las AFPs han acumulado utilidades del orden de $2.1billones de pesos (cifras históricas), lo que ha generado una rentabilidad promedio medida sobre el capital invertido por sus accionistas de un 24.71%, en contraste con la rentabilidad promedio registrada por la totalidad de los fondos de pensiones, que para el mismo periodo alcanzó un mediocre 5.85%, lo que sin lugar a dudas ha contribuido al otorgamiento de pensiones de miseria, las que en diciembre de 2013 promediaron los $183.213 (considerando todas las modalidades de pensión).
Además de la nefasta gestión de las AFPs, hay otros que actúan bajo las sombras y que pocas veces son sujeto de críticas por parte de la ciudadanía, como son las aseguradoras de vida, las cuales administran el pago de pensiones de rentas vitalicias y el seguro de invalidez y sobrevivencia, quienes se han visto altamente beneficiadas gracias al modelo de capitalización individual. Adicionalmente, algunas de ellas son las principales accionistas de las AFPs, donde destacan importantes grupos financieros transnacionales como Metlife, Principal, SURA, BTG Pactual y Prudential, todos ellos “especialistas” en materia previsional. Solo a modo de ejemplo, la aseguradora Vida Cámara S.A. registró utilidades en el año 2010 por $28.5 mil millones de pesos como resultado de la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia, lo que contribuyó de manera importante al resultado financiero consolidado del grupo Inversiones La Construcción S.A., el cual es propietario de AFP Habitat S.A., actualmente aliado con el grupo estadounidense Prudential.
“La relación de las AFPs con sus afiliados se podría asimilar al concepto económico denominado el “problema del agente-principal”, donde asimetrías informativas pueden dar lugar a que los agentes (en este caso las AFPs) que buscan la maximización de su propio beneficio persigan objetivos distintos a los acordados con el principal (en este caso los afiliados). Por lo tanto, esta relación de cooperación está marcada por un potencial comportamiento oportunista de los agentes”.
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Las AFPs se caracterizan por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
Falso. Las AFPs al igual que el resto de las corporaciones sedientas por la maximización del beneficio y de su tasa de ganancia, se caracterizan por el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes así como de las normas específicas emitidas por los entes reguladores. Esto queda de manifiesto al analizar el número de multas cursadas por la Superintendencia de Pensiones desde el periodo 2008 hasta el 30 de junio del año 2014, las cuales, acumuladas totalizaron 122 multas, equivalentes a M$1.338.477 las que sin embargo representan solo un 0.1% de las utilidades acumuladas registradas por las AFPs en dicho periodo.
En base a lo anterior, se podría inferir que los beneficios de la gestión de las AFPs son bastante cuestionables, esto si consideramos los niveles de eficiencia operativa de sus procesos internos y el apego de estas al marco regulatorio existente. Adicionalmente, el efecto de las multas es marginal en las utilidades registradas por estas y sin lugar a dudas no representan incentivo alguno para la mejora de sus procesos internos.
“Las AFPs en los ya más de treinta años del actual sistema no han cumplido con un objetivo fundamental que es el de construir una imagen de seguridad y confianza con sus afiliados y la comunidad en su conjunto”
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Lo que se pierde sí se recupera
Falso. Aún recuerdo cuando el Economista, ex Superintendente de Valores y Seguros (hoy Vicepresidente del Consejo Directivo del Banco Estado) Guillermo Larraín, funcional y servil a la moda neoliberal, interpeló a uno de los tantos candidatos presidenciales en el programa estado nacional de TVN, afirmando que las AFPs habían recuperado todo los perdido como resultado de la crisis del año 2008. Sin embargo, al analizar la evolución del valor de los fondos de pensiones, principalmente los Fondos A y B, se demuestra precisamente lo contrario, ya que estos fondos en dicho año registraron pérdidas de alrededor de $9.3 billones de pesos, donde la gestión de las AFPs durante el año 2009 no fue suficiente para cubrir dichas perdidas, más allá de las altas rentabilidades alcanzadas por dichos fondos a fines de ese periodo (43.49% y 33.41% respectivamente).
Lo anterior, nos demuestra que el argumento de Larraín carece de toda lógica, ya que para recuperar las pérdidas en el valor de los fondos del año 2008 las AFPs tendrían que haber sido capaces de generar una revalorización de estos de a lo menos dos veces el valor de dichas pérdidas, sin mencionar que las AFPs volvieron a perder $4.1 billones de pesos el año 2011, como resultado de la crisis de deuda en Europa.
“Lo que se pierde no se recupera. Los perjudicados… Ud. Ya sabe”
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El sistema de reparto es inviable
Falso. El principal argumento que utilizan los detractores de la implementación de un nuevo sistema solidario de reparto en Chile, es que los actuales sistemas de reparto, implementados por ejemplo en Europa, se encuentran quebrados. Sin embargo, este fundamento pierde toda validez al ver que en el mundo un 72% de los países utiliza los sistemas de reparto como mecanismo para el pago de pensiones, donde en términos simples la población activa financia las jubilaciones de aquellos que ejercen su derecho a jubilar (tal como ocurre hoy en dia con las fuerzas armadas en Chile), es decir, la recaudación por concepto de cotizaciones se utiliza para pagar pensiones y no para invertir en los mercados de capitales y proveer financiamiento a grandes grupos económicos tanto a nivel local como internacional. Además, los sistemas de reparto administran de mejor manera la exposición al riesgo de los fondos de pensiones, cuando estos son administrados con el fin de servir el interés público, a diferencia del modelo de capitalización individual el cual se encuentra alineado con las fluctuaciones del ciclo económico, las cuales han impactado de forma significativa los fondos de pensiones en tiempos de crisis, como vimos anteriormente.
Cuando hablo de que los sistemas de reparto deben servir el interés público, me refiero a que los fondos de los trabajadores no deben ser utilizados para financiar el descalabro social generado por la banca, como ha sucedido en España e Irlanda donde los fondos de reserva de pensiones fueron utilizados para rescatar a los principales bancos producto de la crisis del año 2008, situación que ha generado significativos déficits en los sistemas de pensión de ambos países.
En Chile, la situación es distinta básicamente porque hoy en dia es perfectamente posible instalar un sistema de reparto basado en los principios de la solidaridad y que además logre cumplir con el Convenio de Seguridad Social de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Lo anterior, se basa en la propuesta presentada a la Comisión Pensiones por los investigadores de la Fundación Sol, quienes realizaron un análisis de la sostenibilidad financiera del sistema de reparto, el cual considera el periodo 2015-2065, concluyendo que la implementación de este nuevo modelo de pensiones es altamente viable. A modo de resumen, las principales propuestas hablan de un aumento en la tasa de cotización, pago de cotización por parte del empleador así como la creación de un Fondo de Reserva para el Derecho a la Pensión, con el fin de financiar los periodos de déficit, el cual es financiado por el Estado.
Si bien concuerdo con la totalidad de los aspectos contemplados en la propuesta realizada por la Fundación Sol, al igual que la comisión pensiones creo que esta no considera un aspecto que a mi juicio no deja de ser importante, que es entender el efecto de esta transformación en el ahorro administrado a la fecha por las AFPs (US$169 billones al 31 de octubre), ya que este podría ser sujeto de pérdidas de valor relevantes si solo consideráramos el efecto que tendría el anuncio del fin del modelo de capitalización individual en la bolsa local e internacional, situación que sin duda arrastraría los mercados a la baja con el resultante deterioro del valor de los fondos de pensiones, en particular de aquellos con mayor exposición al mercado accionario (fondos A, B y C), los cuales a diciembre de 2013 representaban más de un 70% del total. Adicionalmente, esta transformación traería consigo la enajenación de las acciones en la cuales se encuentran actualmente invertidos estos fondos, lo que supondría un potencial exceso de oferta en los mercados, con la consecuente baja en el precio de los títulos, lo que impactaría el valor de los fondos de pensiones. En caso contrario, el Estado como nuevo ente administrador se convertiría en un accionista más de estas empresas, medida que se contrapone con la lógica de terminar con el mercantilismo exacerbado del actual modelo de capitalización individual tal como fue llevado a cabo por el estado argentino el año 2008 al eliminar las AFPJ. Por lo tanto, junto con la propuesta de la Fundación Sol es necesario desarrollar un plan de acción tendiente a minimizar al máximo las potenciales perdidas de nuestros ahorros.
“Tras encuestar a más de 22 mil personas, entre los resultados alcanzados por la encuesta destacan que el 91% dice que el sistema no entrega pensiones dignas; un 92% no aprueba a las AFP; un 97% de los encuestados está a favor de que su empleador haga aportes a su ahorro previsional; el 83% no está de acuerdo con que las AFP administren sus ahorros previsionales y el 93% concuerda con que son los trabajadores quienes debe escoger su sistema” – Movimiento Aquí la Gente