La comisión investigadora de la Cámara de irregularidades cometidas por la administración de la Universidad de ARCIS, en lo relativo al proceso de acreditación, escuchó al ex profesor y decano de la casa de estudios, Gabriel Salazar, quien se retiró el año 2006 por las diferencias con los nuevos controladores de la entidad. Salazar afirmó que aunque no estaba en los papeles pero sí en el lenguaje cotidiano, al interior de la Universidad se entendía que el Partido Comunista era el dueño.
“Creo que el Partido Comunista como tal yo creo que no ha participado en la ARCIS, como tal no ha lucrado; pero a través de todos los avatares y estructuras políticas que tiene este país, que son múltiples y actúan por diversos conductos, detrás de diversas fachadas, yo creo que sí el Partido Comunista, no el legal, la entelequia, la fuerza real, sí”, enfatizó Salazar.
El académico además reiteró ante la instancia investigadora que sufrió presiones y amenazas, señalándose que él era responsable de la toma que habían iniciado los estudiantes y que fue acusado por el ex personero, Juan Andrés Lagos, de “estar destruyendo la universidad”.
En tanto, la secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, explicó los procesos de acreditación en los cuales se acreditó a la Universidad ARCIS en los años 2010 y 2012, en los cuales se evidenció que existían ciertas debilidades en materia de gestión institucional, pero que a juicio de la entidad permitían su acreditación por el plazo mínimo contemplado en la norma, que correspondía a dos años en cada caso.
Beale recalcó que la Comisión siempre ha trabajado en forma seria y que “todos los procesos de cualquier naturaleza tienen una evolución producto del conocimiento y obviamente la comisión fue cambiando su modo de aplicar las normas y siendo más rigurosa en los antecedentes que se solicitaban”.
Añadió que a juicio de la CNA, el año 2012 no habían antecedentes que permitiesen prever la crisis por la que atraviesa hoy la Universidad ARCIS, ya que de modo contrario no habría sido acreditada.
“La CNA no acredita la viabilidad financiera de las instituciones, lo que acredita es el cumplimiento de los criterios de acreditación dentro de los cuales está la viabilidad del proyecto académico, que es distinto. Es decir, que la CNA se tiene que formar la convicción que con los recursos y las políticas con que cuenta la institución, lo que ella se ha planteado como proyecto académico es viable a lo menos en el mediano plazo y, en este caso, por eso se asignó una acreditación de dos años”.
Reacciones parlamentarias
El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) destacó que en la información sobre el proceso de acreditación del año 2012 entregada por la CNA, se establece que la inmobiliaria Libertad, que fue quien se quedó con los inmuebles de la universidad, “se comprometió a incorporar recursos cercanos a los mil 400 millones de pesos” y sobre estos hemos pedido los antecedentes a la CNA si efectivamente estos montos ingresaron o no a la universidad.
El legislador, además, valoró los antecedentes aportados por Gabriel Salazar, porque “viene a ratificar todas las aprehensiones que teníamos sobre este tema y explicó que se acordó invitar a la actual ministra del Sernam, Claudia Pascual, porque estiman que “es necesario que todas las personas que tomaron parte del proceso ocurrido en la universidad desde el año 2005 a la fecha, todas declaren y entreguen su versión, porque hay muchas cosas que están en el oscurantismo”.
Por su parte, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) también justificó la citación al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, porque ante muestras públicas de reparto de dividendos de las inmobiliarias a cargo de la universidad, hemos visto funcionarios decir que no saben nada y que no han podido hacer una buena investigación.
“El primero que tiene que responder hoy día es el ministro de educación, porque él debe darle garantías al país que se cumpla la ley, porque la ley la tienen que cumplir todos, aún cuando sean parte del conglomerado de gobierno”, añadió Monckeberg.
Finalmente, la comisión investigadora acordó solicitar a la Sala una prórroga de 30 días al plazo establecido para su cometido, que vence el 30 de diciembre de 2014, con el objeto de poder escuchar a los cerca de 40 invitados pendientes.