Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, planteó a los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que el país debe avanzar en la demanda pendiente de verdad y justicia y en la persecución penal de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En el marco de la discusión en particular del proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, la máxima dirigente de la AFDD recordó que ellos han planteado desde hace muchos años que el Estado de Chile necesita crear esta subsecretaría y avanzar en materia contundente en “hacerse cargo de la demanda de verdad y justicia, y la persecución penal de los genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad”.
Pizarro añadió que en lo que significa “la construcción de un país robusto en la protección y promoción de los derechos humanos” han señalado tanto al Ministerio de Justicia como a la comisión legislativa, “que nos parece que es importante lo que se está avanzando” y que este “es un proyecto que no está mal pero hay que mejorarlo y hacerle indicaciones”.
“Quiero decir que nada se ha materializado y que los tiempos son urgentes. Pero esa urgencia no nos debe desesperar, para que lo que se empiece a crear para robustecer el Estado de Chile en Derechos Humanos sea inquebrantable y un aporte a la democracia del país”.
El presidente de la instancia, diputado Hugo Gutiérrez (PC), recalcó que el país necesita contar con la Subsecretaría de Derechos Humanos, y sostuvo que “todos entendemos que nuestro país tiene que tener una institucionalidad robusta que defienda los derechos de las personas, y que no tenerla fragiliza el compromiso internacional que tiene nuestro país de defender y promover los derechos humanos”.
Insistió que existe un compromiso del Ejecutivo y del Parlamento de avanzar en la generación de esta institucionalidad.
Al interior de la comisión se están debatiendo aspectos puntuales del proyecto, que está en segundo trámite constitucional y al cual el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones, como aquellas referidas a la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, los plazos para su creación e implementación, así como la forma en que se debe abordar las reparaciones pendientes a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.