Noviembre 24, 2024

Ordenes de detención contra ministros de Franco hacen crecer esperanzas de víctimas

Casi 40 años después de la muerte de Franco,  una jueza argentina ha pedido la detención de varios exministros de la  dictadura y los primeros años de la transición, para alivio de las víctimas que  lo consideran un paso “histórico”.  En un auto hecho publico el viernes, la jueza María Servini de Cubría,  emitió 20 órdenes de detención contra seis antiguos ministros de Franco, un  exministro de la transición, ocho policías, tres magistrados, un médico y un  antiguo secretario de Estado.

 

    “Es un hito muy importante”, asegura el abogado de las víctimas, el  argentino Carlos Slepoy.

    “Es un gran día para nosotros”, añadió, por su parte, María Arcenegui,  portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra  Crímenes del Franquismo (Ceaqua), impulsora de la acción ante la justicia  argentina.

 

    Entre las personalidades cuya detención ha solicitado la jueza se  encuentra, el exministro de Vivienda con Franco José Utrera Molina, de 86 años,  que siempre ha defendido abiertamente al dictador.

 

    Su yerno es Alberto Ruiz Gallardón, quien dimitió como ministro de Justicia  el pasado 23 de septiembre, tras la retirada de su reforma restrictiva de la  ley de aborto, y que se ha declarado orgulloso de que el reclamado sea “el  abuelo de mis hijos”.   

 

   Esta relación no es única en el seno del gobernante Partido Popular (PP),  donde cohabitan una corriente todavía cercana al franquismo y una derecha más  moderada.

 

    También figura en la lista el antiguo ministro del Interior y figura de la  transición Rodolfo Martín Villa, de 79 años, acusado de haber ordenado a la  policía cargar contra unos huelguistas reunidos en una parroquia el 3 de marzo  de 1976 , causando la muerte de cinco personas.   

 

   Utrera es reclamado por su responsabilidad en la condena a muerte en 1974  de Salvador Puig Antich, tras la muerte de un policía. Según su hermana, fue  detenido por la policía y torturado. “Dice que a lo mejor le bastaría con que  le pidan perdón. Pero, nunca lo han hecho”, explica Arcenegui.

 

    – Ley de Amnistía –  

 

    Las órdenes de arresto se enmarcan en la investigación que la jueza Servini  abrió en 2010 por los crímenes perpetrados en España durante la Guerra Civil  (1936-1939), la dictadura de Franco (1939-75) y los primeros años de la  transición, alegando el llamado principio de Justicia Universal.

 

    La magistrada ya pidió en 2013 la extradición de dos expolicías franquistas  acusados de presuntas torturas, que fueron denegadas por la justicia española  con el argumento de que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa  humanidad y además prescribieron hace años.

 

    Las asociaciones de víctimas acudieron a Argentina por las dificultades  para llevar el caso ante la justicia española, escudada en una ley de Amnistía  de 1977 que, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, cubrió  “todos los actos de intencionalidad política” anteriores a ese año.

    Tras el final de la dictadura, “de un día para otro” se “ha pasado en este  país de un régimen a una democracia, pero no ha sido depurado”, dijo Arcenegui.

 

    Pese a que las asociaciones de víctimas calculan que se produjeron más de  110.000 desapariciones forzosas y el robo de unos 300.000 niños durante el  período investigado, hasta el momento no ha habido ningún juicio en España, que  también ha visto como la ONU ha denunciado que carece de “una política de  Estado en materia de verdad”.

 

    El exjuez Baltasar Garzón investigó brevemente estas desapariciones, pero  tras la oposición de la fiscalía, que alegaba la ley de amnistía, acabó  renunciando a la misma. Juzgado por este intento, fue finalmente absuelto por  el Tribunal Supremo, que recordó, no obstante, que la ley de amnistía impide  estas investigaciones.

    España aprobó en 2007 una ley de memoria histórica, destinada a rehabilitar  a las víctimas de la dictadura franquista y proceder a “la remoción de las  menciones conmemorativas” de ese periodo, pero aún permanecen monumentos y  nombres de calles que, como la de la División Azul, en referencia a la unidad  que luchó junto a los nazis en Rusia, hacen referencia al mismo.

    Tras la emisión de las órdenes, el gobierno español debería ahora  transmitir las mismas a la justicia española, ante la que tendría que declarar  los concernidos con el fin de decidir sobre su extradición.

    Pero, aunque no sean extraditadas, el simple hecho de que estas personas  comparezcan ante un juez será ya una victoria para Arcenegui.

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