No se trata de castigar a los sostenedores educacionales ni desconfiar por anticipado de su honestidad. Simplemente, a esta altura de los despropósitos empresariales, no cabe duda que la legislación debe endurecerse para los que transgreden las leyes económicas. La colusiones de las farmacias, de las empresas avícolas y otros escandalosos episodios posiblemente se habrían evitado si un gobierno de la Concertación, el de Lagos, no hubiera decidido suprimir las penas de cárcel para este tipo de infractores. Del mismo modo que ocurre con las millonarias evasiones y elusiones tributarias que, finalmente, son castigadas con multas que siempre resultan inferiores a los montos obtenidos fraudulentamente en desmedro del Fisco o los consumidores.
Si el Senado no repone la sanción de cárcel para quienes lucren con la educación y los recursos asignados por el Estado en beneficio de los estudiantes, es más que probable que la tentación de castigar sólo con multas hará que el lucro siga siendo practicado. Y, más temprano que tarde, los infractores de nuevo se arriesguen a ser sancionados con multas en el perverso cálculo que más vale arriesgar algunas sanciones pecuniarias que dejar de ganar mucho, como ocurrió con tantas universidades privadas.
Por la vinculación evidente de algunos parlamentarios con el “negocio” de la educación es que ya existe la voluntad en muchos de ellos, como del propio gobierno, de evitar la sanción de presidio para los que resulten culpables. Algo realmente ingenuo o cómplice, cuando está demostrado que solo las penas de presidio pueden evitar el dolo de los delincuentes de “cuello y corbata”. En especial en un país que por lo demás no tiene muy bien jerarquizados sus valores, como que muchas veces se premia el “éxito” de tantos empresarios que han fundado su “emprendimiento” y riqueza en el despojo de los bienes y derechos ajenos, en la explotación de los trabajadores, en el salario de hambre y en los manotazos que le dan al erario público.
Ya se ve la fiereza con que muchos dueños y administradores de colegios y centros de educación superior están defendiendo sus intereses. Millonarios insertos en la prensa, toda una campaña del terror, acarreos a marchas y protestas con recursos que tampoco se transparentan, sólo nos hacen comprobar que el negocio de la educación ha sido tan bueno como para defenderlo con dientes y uñas.
Y, por supuesto, connivencia indignante de algunos dirigentes de la Nueva Mayoría con los empresarios educacionales. Diputados y senadores que asisten a sus asambleas, y luego declaran su fidelidad a la reforma educacional como a La Moneda. Un doble estándar que tiene como propósito poner sus huevos en todas las canastas electorales y, a la vez, retener los cargos y prebendas del oficialismo en favor de los militantes de los partidos concertados, que se irritarían mucho con sus dirigentes si estos sueltan las ubres del poder.
Por cierto que el Ejecutivo se limita a prohibir el lucro en sus proyectos y deja abierta la discusión para que sea el Parlamento el que decida las sanciones. Probablemente Pilatos habría actuado de la misma manera en estos tiempos en que tanta falta nos hace tener líderes que se la jueguen por sus convicciones y no dejen todo a medias. Como a medias quedó la reforma tributaria, como a medias sería la reforma del sistema binominal. Y como apenas podrían ser, al tres y al cuatro, los cambios que el gobierno impulse en la salud, la previsión y otras iniciativas que siguen en veremos.
Peor, todavía, cuando los discípulos parlamentarios del oficialismo tienen amplia ventaja en las comisiones y salas del Congreso Nacional, incluso, con el voto díscolo de algunos legisladores.
Probablemente ya no valga la pena esperar que el actual gobierno pueda ser “el primero de un nuevo ciclo”, como augurara uno de los voceros de la nueva coalición oficial. Aunque de todas maneras podría ser que la presidenta Bachelet (si realmente quisiera) golpeara la mesa y dispusiera patrocinar una sanción efectiva a los que lucren. Pero ya se ve que los detractores de la reforma educacional llegaron hasta Angela Merkel para que la Canciller defienda la condición actual de los colegios alemanes en Chile.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 816, 31 de octubre, 2014