Saludamos la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que pone fin al lucro, al copago y la selección, ya que, como hemos señalado en otras ocasiones, representa un avance en terminar con el mercado en la educación.
Con este proyecto el gobierno no solo se propone impedir que el dinero de las familias y los recursos públicos se transformen en ganancias privadas -garantizando que los recursos entregados por el Estado sean efectivamente utilizados en beneficio de los y las estudiantes-, sino que además, al terminar con la selección, busca que los establecimientos que reciben financiamiento estatal incluyan dentro de sus proyectos educativos los bien documentados beneficios de contar con aulas más integradas socialmente.
De otra parte, considerando que los derechos sociales son universales, es decir, están dirigidos a todos sin discriminación, con el término de la selección y del copago nuestro sistema educativo avanza hacia la garantía del derecho a la educación.
En consecuencia, quienes consideran que el proyecto que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados representa una intromisión ilegítima del Estado no sólo están poniendo por encima del interés general la defensa de la propiedad privada, sino que además están en contra tanto de una educación inclusiva y de mayor calidad como del derecho a la educación.
Ello se evidencia en los alegatos de inconstitucionalidad que muchos diputados defensores del modelo neoliberal esgrimieron para rechazar el proyecto de ley.
A estos diputados debemos enrostrarle que la Constitución a la que apelan para rechazar el término del lucro, el copago y la selección, es la matriz ideológica que legitimó jurídicamente la conversión del sistema educativo en un mercado, en tanto que en virtud de esta Constitución se quitó al Estado la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, mediante instituciones de su propiedad, y se permitió que los particulares, desde la lógica de la empresa privada, asumieran la provisión educativa y convirtieran un derecho en mercancía. Fue esta lógica empresarial la que transformó en prácticas totalmente válidas lucrar con la educación; cobrar por lo que se conceptualiza como un servicio y discriminar entre los “consumidores”.
El punto es que tanto en el debate público como en el legislativo ha quedado de manifiesto la ilegitimidad de la Constitución con la que los parlamentarios defensores del modelo intentan frenar los cambios que hoy los más amplios sectores de la sociedad necesitan y demandan.
*Presidente del Colegio de Profesores de Chile