Hace ya mucho tiempo que el liderazgo de la Concertación ha desechado el único camino viable para establecer una Constitución auténticamente democrática, sin el veto de la derecha minoritaria: la Asamblea Constituyente.
Así, desde el año pasado hemos escuchado a connotados dirigentes, tanto del PDC como del PS, desahuciar completamente la posibilidad de que todos los chilenos puedan elegir a sus representantes con la finalidad de elaborar y aprobar una Carta Fundamental que sustituya a la antidemocrática Constitución del 80. Método que por su propia naturaleza lo sigue la generalidad de los países democráticos. De los primeros recordemos a Andrés Zaldívar, Edmundo Pérez y a su actual presidente, Ignacio Walker.
Pero ciertamente han causado mayor sensación, tanto por ser supuestamente más de izquierda como por su total descalificación, las opiniones de Camilo Escalona y José Miguel Insulza. Escalona llegó a decir que la sola idea de plantear tal Asamblea era “fumar opio”. Insulza no se quedó atrás señalando -cual noble europeo del siglo XVIII- que “no estoy de acuerdo con un llamado al pueblo a reformular la estructura política de la nación”.
Por último, la propia presidente, Michelle Bachelet, descartó explícitamente el camino de la Asamblea, ante una pregunta en tal sentido que le hizo Fernando Paulsen en una entrevista en la Radio ADN a comienzos de septiembre pasado.
Pero hasta la fecha la alianza de gobierno parecía clara en la idea de promover, al menos teóricamente, una nueva Constitución más democrática. Hasta el sábado pasado, en que el presidente del PS, Osvaldo Andrade, señaló textualmente en una entrevista que: “Mire, la reforma tributaria va a aplicarse en régimen (sic) cuando termine el Gobierno; la reforma educacional va a ser para los nietos; la nueva Constitución va a ser para los tataranietos. La reforma laboral es para ahora” (El Mercurio; 4-10-2014). Es cierto que Andrade es algo chacotero en sus entrevistas; pero en ese caso el diario hubiese puesto: “(risas)”. Y tan serio fue en sus dichos que el título de la entrevista fue precisamente ese: “La nueva Constitución va a ser para los tataranietos. La reforma laboral es para ahora”.
Si ya era increíble lo expresado por el presidente del PS; más lo ha sido que aquella postergación indefinida de la idea de luchar por una nueva Constitución suscitara solo tibios desacuerdos o claras aprobaciones en líderes de la Concertación. De este modo, el senador Carlos Montes (PS) afirmó que “las imágenes no me parecieron afortunadas” y que “está claro que en el caso de la reforma educacional ya el debate que hay va generando un conjunto de procesos nuevos. Y así son las cosas, no son blanco o negro, son procesos. Y en el caso de la reforma constitucional, está claro que el solo hecho de que ya se estén discutiendo derechos sociales que no se discutían, que se esté discutiendo el rol del Estado, eso va teniendo efectos en la vida. Bueno, es una visión la que planteó, pero a mí me parece demasiado esquemática” (El Mercurio; 5-10-2014).
A su vez, el senador Guido Girardi (PPD) señaló que “hoy Chile tiene la posibilidad y las condiciones para lograr garantizar derechos y no tener que esperar al año 2050” (Ibid.). Por otro lado, el senador Alfonso de Urresti (PS) ¡quiso entender las declaraciones de Andrade como si aquel no supiese que un cambio constitucional produce efectos inmediatos!, al decir: “Ahí está el catálogo de derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso claramente detona en el desarrollo de cada uno de los aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico. Entonces claramente hay efectos inmediatos para los ciudadanos” (Ibid.). Y, por último, el senador Jorge Pizarro (PDC) ¡se manifestó básicamente de acuerdo con Andrade!, al sostener “que todas las propuestas de reformas que ha planteado la Presidenta Bachelet son graduales y para las próximas generaciones” y que “lo importante es llevarlas adelante con el máximo de acuerdo posible” (Ibid.).
Es decir, el liderazgo concertacionista, luego de descartar explícita y definitivamente la Asamblea Constituyente, comienza ahora a socializar, en las bases concertacionistas y comunistas, la idea de que tampoco se va a contar con una nueva Constitución más democrática que la actual, durante el gobierno de la “Nueva Mayoría”…