Ya no es infrecuente convivir con un colega de trabajo, un compañero de curso o un vecino que sea extranjero. Chile, en los últimos años, ha aumentado de manera sostenida el porcentaje de inmigrantes e incluso desde el 2010 a la fecha las cifras se han multiplicado en más de un 200% en algunos colectivos. Por ello urge actualizar la ley de extranjería y facilitar una mejor y más rápida integración de estos nuevos ciudadanos en la sociedad chilena y así evitar posibles dificultades en términos de relaciones humanas, laborales, salud pública, etc. El objetivo, entonces, se traduce en potenciar una mejor integración.
Es relativamente común que, en los nuevos países receptores de extranjeros, la población entienda la inmigración como un fenómeno negativo o de rechazo. Lo anterior, genera rápidamente tensiones improductivas entre los propios núcleos inmigrantes y las comunidades locales. La ciudad de Antofagasta vivió una de las primeras manifestaciones públicas de rechazo hacia la comunidad colombiana y aunque la protesta fue de escaso apoyo ciudadano, es necesario prevenir dichos actos.
En este sentido, es preciso derribar ciertos mitos. Sólo destacaré tres. El primero se refiere a que “los extranjeros son demasiados, ya que Chile es un país atractivo”: sólo el 2,5% de la población son inmigrantes (el promedio mundial es 3,1 y en los países desarrollados es en torno al 10% o más). Además, por cada persona que ingresa a Chile, dos chilenos ya han emigrado. Segundo mito: “los inmigrantes que llegan son de bajo nivel educativo”: el promedio de estudios de los inmigrantes es de 12,3 años, es decir, cuenta con escolaridad completa y, otros muchos, con estudios superiores. En cambio, los chilenos promediamos 10 años de escolaridad. Asimismo, los inmigrantes en general desarrollan trabajos menos calificados respecto a su formación. El tercer mito más difundido es que “son responsables en el aumento de la delincuencia”: según los datos de carabineros los delitos asociados a inmigrantes no alcanza al 1%.
En definitiva, y como señala el especialista Álvaro Bellolio, el inmigrante que llega a nuestras tierras no es de pobreza extrema. Al contrario. Es preciso comprender que los inmigrantes en sí, son emprendedores natos: el sólo hecho de viajar para emprender un nuevo proyecto de vida o de trabajo representa un valor intrínseco.
Veamos algunas cifras sobre la actual inmigración en Chile. En agosto pasado, el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que la tasa de crecimiento de inmigrantes entre el 2006 y el 2014 fue del 78,5%. Especificó que de los 440.000 inmigrantes que viven en el país, el 70% son latinoamericanos (entre peruanos y argentinos superan el 50%). Detalló que las tasas de crecimiento más notorias corresponden a los colombianos con un 245%, los peruanos 186% y los bolivianos 153%. Un dato no menor, es que un 20% de los inmigrantes tiene menos de 18 años. La capital acumula un 64% de extranjeros, seguida de Antofagasta y Tarapacá en torno a un 7% cada una.
Como vemos, las cifras demandan una política de integración moderna, eficaz y, por sobre todo, permanente. Esto último es necesario, ya que como reconoce el mismo gobierno, la inmigración seguirá creciendo y los núcleos familiares comienzan a estructurarse. Según los datos del Ministerio del Interior, más del 70% de los inmigrantes ya tiene ocupación laboral y un salario (en cambio los nacionales que registran ocupación laboral supera levemente el 51%). Estos últimos datos, derriban otro de los mitos más difundidos: “los inmigrantes son flojos y no trabajan”. Sólo como dato asociado, la mayoría de los extranjeros están asociados a FONASA y, por lo tanto, su aporte al sistema de salud público es importante.
Es pertinente que los nuevos colectivos o los que aún no se integran, tengan acceso a los programas de vivienda, salud o educación -por nombrar algunos- ya que si bien aumentan la demanda de estos servicios también obtenemos más capital humano para, justamente, formar y producir esos mismos servicios. El objetivo en este sentido, es que estos ciudadanos se inserten para evitar aumentar por ejemplo la segregación territorial en el gran Santiago. Tampoco es deseable contar con inmigrantes indocumentados y en situación de vulnerabilidad, ya que como hemos visto por la prensa, en algunos casos son requeridos por empresarios inescrupulosos para desarrollar trabajos altamente precarios.
Es de esperar que el renovado proyecto de ley de Extranjería e Inmigración -que descansa en el Congreso chileno- sea aprobado a la brevedad en una modalidad más bien abierta (y no altamente selectiva). Esto último será seguramente tema de debate, pero independiente de ello, es necesario fijar nuevas reglas, derechos y deberes. Se hace urgente diseñar políticas públicas (escuelas integradas, espacios de encuentro, actividades culturales y deportivas mixtas, redes de apoyos desde el gobierno regional, homologación de títulos profesionales, etc.) acorde al fenómeno y así transformarlo en una oportunidad. Innovar en este sentido, puede convertir a Chile, en el mediano plazo, en un referente regional.