En 24 horas, monitoreado desde La Moncloa, el gobierno de Mariano Rajoy con un informe del Consejo de Estado valida la impugnación de la ley de consultas y la convocatoria a la Consulta del 9 de noviembre (9N) y logra que el Tribunal Constitucional (TC) se reúna en cuatro horas, en vez de los tres días como dice su norma, para iniciar los trámites de anulación de la consulta, paralizándola hasta que el TC no resuelva el fondo. Todo ello, a ochos años que el PP le solicitara anular partes sustanciales del Estatuto catalán, tras haber sido aprobado en referéndum.
¿Consulta o referéndum?
El Presidente Mas convocó, el sábado pasado, a 5,4 millones de catalanes a votar en una consulta el 9N. El objetivo, recabar la opinión ciudadana sobre el futuro de Cataluña. Se trata que ésta defina si prefiere seguir siendo una comunidad autónoma del Estado español u opta por ir a la creación de un Estado propio, y si prefiere que ese Estado sea independiente o no.
La novedad de la convocatoria del gobierno catalán es que renuncia a realizar un referéndum vinculante, es decir que su resultado obligue a un cambio de status de Cataluña respecto al Estado español. El gobierno catalán ha optado por una consulta que recoja una opinión ciudadana que avale un cambio de status con el Estado español, en caso que el resultado sea favorable a la creación de un Estado propio, sea asociado o independiente.
Sin embargo, el gobierno del Partido Popular (PP), apoyado sin reservas por el Partido Obrero Socialista de España (PSOE), ha impugnado la ley de Consultas populares no refrendarias (aprobada por el 78,5% de los diputados, incluido los socialistas, en el Parlamento Catalán), marco legal que fundamenta la convocatoria a la Consulta del 9N, también recurrida ante el TC.
Preguntar por independencia, inadmisible
La impugnación del gobierno, avalada por un informe del Consejo de Estado, básicamente señala que se trata de “un referéndum encubierto”, porque la consulta plantea la posibilidad de la independencia o secesión de Cataluña, y ello, según el gobierno de Rajoy, contravendría la soberanía nacional que reside en el pueblo español, en su conjunto, y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos.
Esto último, según el mismo gobierno, es lo que hace de la Consulta del 9N un acto contrario a la Constitución de 1978, puesto que ésta “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”.
La pregunta sobre la independencia es inadmisible para las instituciones del Estado, aunque se haga en una Consulta cuyo resultado no obliga a nada jurídicamente hablando, aunque sí podría tener un peso político importante en las relaciones entre Cataluña y el Estado, en caso que la ciudadanía catalana opinara mayoritariamente, mediante el voto, a favor de un cambio del statu quo.
La nación sujeta al Estado español
Los conservadores (PP) y los socialistas (PSOE) no reconocen “la realidad nacional catalana” o la plurinacionalidad de España, no admiten que Cataluña sea una nación (“nacionalidad” le llama la Constitución) y por tanto un sujeto político soberano con capacidad de consultar a los suyos sobre qué futuro prefieren.
La consecuencia de ello es que aunque la inmensa mayoría de catalanes y de sus representantes en el Parlamento autonómico quisieran cambiar el statu quo político con el Estado español, no podrían hacerlo, porque la decisión sería competencia exclusiva de todos los españoles. El futuro de Cataluña supeditado al Estado español, como los territorios de ultramar o colonias a los imperios colonialistas.
Las dos claves del proceso catalán
Mientras haya unidad política y movilización social ciudadana, el proceso soberanista mantendrá su vigencia. Esta semana, el gobierno catalán, con los seis partidos comprometidos con la consulta, resolverá como enfrentar el último tramo del ciclo que acaba el 9N. Por ahora todos confirman el objetivo de votar dicha fecha, aunque para enfrentarlo tendrán que acordar y organizar una estrategia común.
Por último, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado a una movilización en toda Cataluña a congregarse en las afueras de las sedes de los ayuntamientos como rechazo a la decisión del TC y afirmación de la voluntad de hacer la Consulta, como lo suscribieron en plenos el 91,5% de los ayuntamientos catalanes (867 de 947) hace unos días.