Argentina presentó hoy sendas notas al gobierno de Estados Unidos y al juez Thomas Griesa en rechazo a la demanda de los fondos buitre para que se declare el país en desacato, informó el canciller Héctor Timerman. En breve rueda de prensa en la Casa Rosada, Timerman precisó que el Ejecutivo argentino rechaza la solicitud de esos grupos especuladores para que ese magistrado dicte que el pais desobedeció su sentencia que le obliga a pagarles mil 330 millones de dólares.
Ese monto representa el mil 600 por ciento del valor al que esas firmas financistas compraron a terceros en 2008 bonos de deuda en cesación de pago desde 2001, y ahora especulan con ellos de manera usurera.
Timerman aseguró que los diferentes tratados de la ONU y la OEA a los que adhieren tanto Argentina como Estados Unidos reconocen “la igualdad soberana entre Estados”.
Sobre esa base, argumentó que un potencial dictamen que declare a Argentina en desobediencia por el tema de los fondos buitre “no solo viola de forma manifiesta el derecho internacional, sino que es un antecedente que podría ser utilizado en el futuro” contra el propio país norteamericano.
Las cartas fueron dirigidas al secretario de Estado norteamericano, John Kerry; y a Griesa, quien este lunes debe decidir si declara a Argentina en desacato o le impone una multa de 50 mil dólares diarios.
Las notas denuncian que este país es victima de un acoso judicial por parte de los fondos buitre y blanco, probablemente, “de una orden judicial de cumplimiento imposible”.
En ese sentido, el canciller señaló como “un nuevo y mayor disparate jurídico” la nueva exigencia de los “holdouts”.
“Sólo puede responder al desconocimiento o a una percepción alterada de las normas básicas del derecho internacional y la convivencia pacífica del orden global”, señaló.
Según especificó Timerman, las sanciones solicitadas por los litigantes incluyen, entre otras cosas, el pago de la suma de 50 mil dólares diarios hasta tanto cese el supuesto incumplimiento de las mencionadas órdenes judiciales.
Además, en la solicitud de los demandantes se deja expresamente abierta la posibilidad de aplicar otras sanciones no monetarias.
Los fondos buitre fundamentan esta insólita pretensión en la actuación de órganos políticos de un Estado soberano, que han actuado de conformidad con atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Nacional, precisó el Ministro.
“Por lo tanto, no pueden, de ninguna manera, estar sujetos al escrutinio de un juez extranjero, y en el supuesto incumplimiento de una orden judicial que, como la República ha demostrado, es de imposible cumplimiento”, concluyó el canciller.