En toda relación social voluntaria que busca establecer un destino común es fundamental que exista, al menos, algún grado de afecto entre las partes. De otra forma, esa relación no tiene futuro. Esto lo hemos visto muy bien reflejado en el caso de Inglaterra respecto de Escocia.
Así, la creciente sensación que ha habido desde hace décadas entre los escoceses de preferir seguir un rumbo independiente de Gran Bretaña, fue enfrentada con preocupación por los ingleses, porque estos sentían que había un vínculo común digno de mantenerse. Por tanto, el gobierno central concordó con aquellos en reconocerle mayor autonomía creándose un Parlamento escocés; y posteriormente ampliándole sus atribuciones. Al no bastar esto, y al pretender los nacionalistas escoceses obtener su independencia, los ingleses –sin querer que estos se separaran- respetaron el ejercicio del derecho del pueblo escocés a definir libremente su futuro. Es decir, la elección de si preferían separarse de Gran Bretaña, o seguir viviendo juntos.
Pero junto con el respeto, los ingleses le demostraron a los escoceses un real afecto asociativo. De este modo, los políticos ingleses participaron activamente en la campaña tratando de convencer a los primeros que, desde todo punto de vista, les convenía a ambos seguir juntos en la Gran Bretaña. Incluso, los principales partidos políticos británicos se comprometieron a ampliar aun más sus grados de autonomía si es que los escoceses decidían seguir integrados al Reino Unido. Lo que sí especificaron fue que en caso de separarse Escocia, ella no podría seguir con la libre esterlina como moneda nacional, como era la pretensión del Partido Nacionalista Escocés. Especificación muy razonable, ya que hubiesen conformado Estados completamente independientes entre sí.
Ciertamente que todo ello tiene que haber influido en que el resultado a favor de continuar la unión superó con creces lo que se estimaba.
En el caso de Madrid se ha seguido una conducta totalmente contrapuesta respecto de Cataluña. Primero, hay que tener en cuenta que los agravios históricos sufridos por Cataluña han sido muchísimo mayores que los de Escocia. Pese a ello, cuando los catalanes comenzaron a mostrar mayores deseos de autonomía, la respuesta del establishment español fue claramente negativa. Incluso, cuando ellos aprobaron democráticamente una ampliación de aquella (a través del Estatut), el gobierno español recurrió al Tribunal Constitucional, de conformación PP-PSOE, para intentar anularlo; lo que logró parcialmente luego de una exasperante dilación de varios años.
Por otro lado, el gobierno nacional se negó también a una renegociación de los términos económicos de su relación con Cataluña; pese a que esta se sentía muy injustamente tratada. Como reacción e este menosprecio sistemático, se generó en el pueblo catalán una expresión de deseos y manifestaciones independentistas como nunca antes en la historia contemporanea. Así, el principal partido catalán Convergencia y Unio, que no era independentista, se convirtió en tal. Y más aún, en las últimas elecciones regionales celebradas en 2012, los partidos independentistas obtuvieron el 64,4% de los escaños del Parlement.
Y cuando –producto de esa mayoría- el gobierno catalán planteó la idea de hacer un referéndum sobre la independencia, la reacción de Madrid ha sido “de miedo”. Se la ha atacado sin misericordia; usando para ello todas las descalificaciones imaginables. Hasta se la ha calificado de locura. Y se ha amedrentado de forma abierta y sostenida al pueblo catalán por su “atrevimiento”. Que quedaría fuera de la Unión Europea; que se usarán todos los recursos legales para evitarla; y por último, que se empleará la fuerza si se insiste en efectuar el referéndum.
Ni los políticos, ni los medios de comunicación y ni siquiera los intelectuales madridistas han hecho algún esfuerzo para tratar de convencerlos –como hicieron los ingleses con los escoceses- de que un destino común sería mucho más favorable para ambos. ¡Para qué hablar de demostrarles algún cariño o simplemente respeto! Incluso, en los debates de la Televisión Española, que son vistos en toda América, se hace gala de quien descalifica más a los catalanes…
Así, el establishment madrileño ha demostrado, además de una carencia de afecto asociativo a los catalanes, una total ausencia de lógica democrática para afrontar el tema. La insistencia en argüir que se violaría la Constitución española con un referéndum constituye una penosa falacia. Primero, porque es del ABC del derecho contemporáneo que el derecho internacional –particularmente en el caso de los derechos humanos- prima sobre el interno. Segundo, porque obviamente la Constitución puede modificarse si hay voluntad política para ello. Y, tercero, porque constituye un absurdo en un sistema democrático utilizar un pretexto legal para mantener a un pueblo sin derecho a decidir su futuro.
¿Por qué los españoles no pueden seguir el ejemplo que ya dos veces ha dado Canadá respecto de Quebec; o el que dio la República Checa y Eslovaca; o el que dio Serbia respecto de Montenegro; o el flamante dado por Gran Bretaña?
Lo más triste es que pareciera que la elite madridista es tan, pero tan autoritaria, que no pareciera darse cuenta que con sus actitudes actuales está asegurando una ruptura futura con Cataluña. Si es que aprecian en algo a los catalanes, ¡cómo no se dan cuenta que los están virtualmente empujando a la separación! Claro, con la violencia o la amenaza de su uso podrán quizá mantener la “unidad” por un tiempo; pero estarán perdiendo los afectos asociativos catalanes quizás para siempre.
Así, lo que está claro, al menos hasta el día de hoy, es que Madrid quiere imponerse a los Catalanes, pero no quiere a Cataluña…