En Chile sólo faltaría un artículo ad hoc en la Constitución que dijera que “todos los chilenos son felices por el solo hecho de nacer en este país. Toda crítica a una autoridad, institución o persona adinerada podría ser considerada como terrorismo”. En este marco se ubicaría el hecho de que los delincuentes de “cuello y corbata” no podrían ser penados con cárcel aun cuando estafaran al Estado o a la sociedad.
Un grupo de diputados, entre ellos Yasta Provoste, de la Democracia Cristiana, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, Camila Vallejo, del Partido Comunista y Gabriel Boric, independiente, y otros más, presentaron una moción que no puede ser más de sentido común: los sostenedores que lucren con dineros del Estado podrían sufrir la pena de prisión aflictiva, sobre todo si reincidieran en el delito”.
Como en Chile los ricos no delinquen, sino que se equivocan, al instante surgieron miles de defensores – lo peor del caso, entre los mismos parlamentarios, que se supone, son probos defensores de la ley – por ejemplo, la senadora Lily Pérez, que declaró al diario La Segunda que intentar meter a la cárcel a tan honestos caballeros era una exageración, y que bastaba con un pequeño cariño, representado en una multa en dinero. Se sabe que este castigo para quienes lucran en la educación y que atentan contra el erario público, es sólo una broma.
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguire, en una declaración sostuvo que el delito de malversación es administrativo, pero convertirlo en penal si adquiere mayor gravedad. Felipe Kast, diputado de Evópoli – hace tiempo está diciendo puras insensateces – salió con el pastel de que “la bancada de diputados jóvenes” habían propuesto la cárcel para los sostenedores que lucran, so pretexto de disimular una cortina de humo al fracaso de la reforma educacional del actual gobierno.
Me pregunto, ¿por qué no dejamos de decir tonterías y vamos directamente al grano? Para derecha, el lucro en educación y salud no es un delito, sino virtudes, pues su concepción ideológica y de la vida se basa en el lucro, más aún, que los sostenedores lo hagan con fondos del Estado, mejor aún, ya que son los dueños de Chile.
Sólo los ingenuos creen en el dicho, con muy poco sentido, de que “el que nada hace, nada teme”. Si tuviera un miligramo de verdad, los sostenedores deberían estar muy tranquilos, ya que “nunca han lucrado con recursos del Estado”, en consecuencia, las penas propuestas les resbalan – como dirían los jóvenes -.
Para variar, los democratacristianos, que tienen entre sus militantes a muchos y destacados dueños de colegios particulares subvencionados que lucran con aportes del Estado, han manifestado su sorpresa y consiguiente rechazo a tan osada propuesta de esos honorables colegas – en el caso de Yasna Provoste, se está convirtiendo en la “oveja negra” en el seno de su partido.
Ya lo había expresado en artículos anteriores: la reforma educación se juega entre el gatopardismo, típico de los traidores de la Concertación – han sido siempre mozos de la derecha – o el cambio de paradigma. Si logramos cambiar el rumbo, así sea en un grado en la navegación, el rumbo sería completamente distinto: se trata de virar desde la educación prisionera del lucro, hacia su transformación como un derecho social inalienable y garantizado constitucionalmente por el Estado.
La cárcel para quienes malversan los fondos públicos se está convirtiendo en un punto de quiebre para decidir si Michelle Bachelet seguirá el rumbo de los anteriores gobiernos de la Concertación, vasallos de la derecha, o se atreverá, de una vez por todas, a cambiar de rumbo.
Rafael Luis Gumucio Rivas
25/09/2014