El escándalo de La Polar de 2011, que hizo emerger a luz pública no sólo la ambición sin límites por el lucro sino el abuso y fraude como modelo de negocios en la sociedad neoliberal, ha sido superado por la millonaria estafa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y sus cómplices de la elite bursátil, por la cual la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) pide una multa de 164 millones de dólares, la mayor aplicada en la historia de esa institución.
Si el delito de la multitienda se cebó de los consumidores, la mayoría de escasos recursos, en el ilícito del dueño de Soquimich (SQM) las víctimas han sido otros accionistas, entre ellos las AFPs que administran los fondos previsionales de los trabajadores. Si los ejecutivos de La Polar urdieron una estrategia comercial para estafar a los consumidores, Ponce Lerou y sus secuaces también tejieron una trampa para robarles a los más pobres. Se estima que las AFPs tenían invertidos 757 millones de dólares en SQM y sus sociedades cascadas Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios de Chile.
Desde el escándalo de La Polar, las elites controladoras de la circulación de información, ante la magnitud y perversidad de los delitos, han intentado acotar el evento insistiendo que se trata de hechos aislados o excesos. Una retórica similar a la empleada con las violaciones de los derechos humanos durante y después de la dictadura que no ha logrado ocultar la realidad. A partir del año 2011, las operaciones de obsesiva rentabilidad realizadas por los gerentes de La Polar le dieron más combustible a las protestas contra el lucro de los estudiantes y sus familias.
De forma paralela, otro ilícito se hace espacio. El Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia contra los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos promotores y mecenas de organizaciones políticas de derecha que no ocultan sus preferencias por la UDI. Según el SII, son presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges, para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes.
La denuncia del SII llama a investigarlos como autores de delitos relacionados con la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que indujeron a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde. El libelo incluye a Samuel Irarrázaval Larraín y a las cónyuges de Délano y Lavín por facilitar el delito a través de boletas de honorarios falsas ingresadas a la contabilidad de las empresas Penta III y Los Estancieros por trabajos que nunca realizaron. El perjuicio fiscal se calcula en unos 400 millones de pesos por delitos sistemáticos entre los años 2009 y 2014. Es decir, un modelo de negocios cuya contabilidad incorpora la evasión tributaria.
GRUPO PENTA: UN SIMBOLO
El grupo Penta es símbolo de la derecha económica y de los negocios neoliberales. El conglomerado mueve activos por unos 20 mil millones de dólares y es dueño del Banco Penta, AFP Cuprum, Banmédica, Vida Tres, Penta Vida, Universidad del Desarrollo y otros. Como corolario, podemos decir que el “Choclo” Délano, como se le conoce, es amigo íntimo del también empresario y ex presidente de la República Sebastián Piñera.
La imagen empresarial construida por el marketing corporativo, las agencias financieras internacionales y por los gobiernos neoliberales durante las dos últimas décadas, se ha venido al suelo. Un hecho constatado en todos los sondeos de opinión, que además ha sido ratificado por el gurú de las encuestas, el presidente de Adimark Roberto Méndez. La imagen del empresario como un heroico emprendedor en la selva del libre mercado, generador de empleo y buenos salarios, ha sido reemplazada por una representación que expresa con mayor fidelidad la realidad. Los casos de La Polar y las sociedades cascadas de Ponce Lerou son emblemas en un mar de otros delitos, como cobros indebidos de comisiones y repactaciones unilaterales de deudas en el retail y la banca, o donde el abuso es una norma, con ejemplos que van desde la banca, las farmacias coludidas, los carteles en la carne de pollo y cerdo, las telecomunicaciones, el transporte y, cómo no, la educación y la salud.
Fraudes millonarios y también utilidades millonarias. Pese al clima de desaceleración de la economía empleado como campaña política por la oposición y el empresariado para desarmar las moderadas reformas que proponía el gobierno, las grandes corporaciones siguen ganando miles de millones. Hace unas semanas se conocieron los resultados de la banca y las Isapres, cifras ratificadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS): las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio aumentaron sus utilidades un once por ciento promedio durante el primer semestre del año, en tanto los bancos las vieron crecer nada menos que 46 por ciento, al sumar 1.589 millones de dólares.
Este tipo de resultados, que vienen sucediéndose durante décadas, está apoyado en un modelo y una institucionalidad a la medida que se resiste a cualquier cambio. Por ello las reformas planteadas por la presidenta Bachelet se han enfrentado a una campaña del “terror económico” levantada desde las cúpulas empresariales y difundidas por sus poderosos medios de comunicación. Una campaña sistemática que denuncia un freno en la actividad económica, pero cuyos verdaderos efectos terminan por desmentir sus mismas cifras. Si hubiera una verdadera contracción de la economía, ésta ya estaba anunciada con la caída en la inversión privada desde finales del gobierno de Piñera.
La reforma tributaria fue aprobada el 10 de septiembre por la Cámara de Diputados con las indicaciones cocinadas entre los senadores y el Ministerio de Hacienda más algunas incorporadas a última hora, como la facilidad tributaria para la repatriación de capitales en paraísos fiscales. Esta norma, que generó polémica y rechazo de algunos diputados de la Nueva Mayoría, es un blanqueo de capitales. El gobierno de Bachelet le da a un grupo de multimillonarios nacionales la oportunidad para que regularicen sus fortunas a cambio de pagar un impuesto muy bajo.
LA RED POLITICA
DE PONCE LEROU
Tras la multa de 164 millones de dólares que la SVS aplicó -a Ponce Lerou 70 millones de dólares y a varios de sus conspicuos asesores y socios, como Aldo Motta (24 millones de dólares), Roberto Guzmán Lyon (22,4 millones de dólares), el corredor de la Bolsa, Leonidas Vial (20 millones de dólares), la firma bursátil Larraín Vial (ocho millones de dólares), Manuel Bulnes (8,2 millones de dólares) y Felipe Errázuriz (4,1 millones de dólares) entre otros-, el episodio ha comenzado a extenderse desde la esfera comercial al mundo político. El fraude saltó a la luz pública hace un año, generando un escándalo en el mundo de las finanzas y proyectándose sobre el político, lo cual dio pie para la creación en junio pasado de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
La comisión, que preside el diputado DC Fuad Chahín, ha dirigido sus investigaciones hacia el perjuicio que pueden haber sufrido los fondos de los trabajadores colocados en SQM y en las cascadas, y el eventual beneficio de Sebastián Piñera a través de Bancard y Santa Cecilia. El ex presidente admitió haber sido afectado (no dijo perjudicado) antes de 2010 por estas operaciones, declaración que ha dado pie a un seguimiento que está en curso sobre la relación que mantuvo con esas sociedades a partir de 2010. La comisión quiere saber si Piñera, como accionista de las cascadas, obtuvo durante su Presidencia beneficios por estas turbias operaciones. Su cercanía con las transacciones denunciadas son varias, entre ellas la misma posesión de acciones o el desconocido manejo que hizo la multada firma corredora Larraín Vial con parte de su patrimonio bursátil bajo fideicomiso ciego.
Básicamente, el ilícito sancionado por la SVS fue el uso de información privilegiada por los dueños, ejecutivos y amigos de SQM a través de la compra y venta de acciones cuyo rédito ha ido en beneficio propio y en perjuicio de muchos. En otra palabras, comprar barato y vender caro. Julio Ponce Lerou, que se hizo de la estatal Soquimich durante la dictadura, montó una madeja de sociedades de papel bajo un esquema de cascada, para traspasar entre ellas acciones de empresas relacionadas cuya variación de precios conocía de antemano. Primero corrían aguas abajo para más tarde remontar el río. En el trayecto, navegado en la Bolsa de Comercio, se hicieron los negocios.
Las características de este caso son especiales, por cuanto si bien puede ser similar a otras decenas de estafas de cuello y corbata, tiene elementos simbólicos. En los delitos están involucrados empresarios y ejecutivos no sólo de la mayor estirpe financiera, sino miembros de la oligarquía, de la denominada aristocracia chilena. A este rasgo añadimos otro, ya bastante usual: las irregularidades y delitos cometidos por Ponce en la actualidad no se diferencian en nada de la génesis de sus negocios, que datan de las fraudulentas privatizaciones de la dictadura. En esta línea oscura y pantanosa podemos mencionar a José Yuraszeck, en la también privatizada Endesa, y el posterior caso de las sociedades denominadas Chispas. En esas operaciones, Yuraszeck y sus secuaces estafaron a capitalistas populares y a grandes corporaciones. Estos elementos, que van desde el origen y las bases del modelo neoliberal hasta el corazón de sus más prestigiados operadores, no pueden ni deben considerarse como un caso aislado: así funciona el libre mercado desregulado.
LA CONCERTACION EN
DIRECTORIOS DE PONCE LEROU
Durante la primera semana de septiembre un parlamentario, el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric, hizo declaraciones a Radio Futuro en las cuales afirmó que ex ministros de la Concertación fueron miembros de los directorios de las empresas del ex yerno de Pinochet. Entre ellos, Osvaldo Puccio y Alejandro Ferreiro, junto a Hernán Büchi, el ministro de Hacienda de Pinochet. Se habla de una red de protección tejida con políticos por Ponce Lerou.
Hernán Büchi está desde hace años en la sociedad insignia del consorcio, Soquimich. Pero por las cascadas pasaron Ferreira y Puccio, quienes compartieron el directorio con los hijos de Ponce Lerou, o los nietos de Pinochet. Puccio estuvo en Pampa Calichera entre julio de 2012 y agosto del año pasado, en tanto Ferreiro en Norte Grande desde abril de 2010 a marzo de 2012.
Puccio, que es socialista, fue ministro secretario General de Gobierno en la presidencia de Ricardo Lagos, y embajador en España, Brasil y Austria. En 2007 enfrentó una denuncia por millonarias asesorías a Codelco y Gendarmería, una de las cuales no se había realizado. Es director de la AFP Provida. Ferreiro (PDC) ha sido Superintendente de AFPs y de Valores y Seguros y ministro de Economía de Lagos. Además, está en el listado de candidatos a directores de AFP o de grandes empresas en representación de las AFPs.
“Lo que más me ha sorprendido del caso cascadas es el nivel de colonización que el empresariado tiene de la clase política chilena”, sostuvo Boric a la emisora. Agregó que Ponce Lerou “es un reconocido financista de campañas políticas. Pero, sin embargo, cuando empezamos a revisar los aportes a las campañas, nos damos cuenta que no aparece en ninguna, y eso es porque seguramente hace sus aportes mediante el mecanismo de aportes reservados”.
El curso que han seguido las leyes y normas, con reformas de la Nueva Mayoría incluidas, no debería extrañarnos. La política en tiempos neoliberales se cocina al interior de las sociedades de inversiones y de las cofradías empresariales.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 813, 19 de septiembre, 2014