Ante los anuncios del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, de crear la figura de agentes encubiertos para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), sectores políticos de izquierda han expresado su completo rechazo. Un mecanismo de esta naturaleza, explican, puede terminar persiguiendo y culpando a personas y movimientos sociales que legítimamente se movilizan y protestan.
Esteban Silva, Presidente del Movimiento del Socialismo Allendista, dijo esta mañana que “la ANI no puede ser un organismo de inteligencia con capacidades operativas encubiertas al servicio del gobierno de turno so pretexto de enfrentar actividad terrorista o de generación de violencia.Con medidas como las que pretende implementar en la ANI el gobierno con el apoyo de la derecha y parte importante de la Nueva Mayoría se puede terminar peligrosamente generando un organismo que termine persiguiendo y culpando a personas y movimientos sociales que legítimamente se movilizan y protestan so pretexto de que generan violencia o eventuales acciones terroristas”.
Cabe mencionar que la propuesta ha sido respaldada por la Nueva Mayoría. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que “la izquierda no tiene vetos al respecto” y le otorgó su pleno apoyo.
Luego de la bomba puesta en la Estación Escuela militar muchos analistas y observadores se han preguntado a quiénes benefician estos condenables atentados.
Para Silva, es la extrema derecha y sectores de derecha y conservadores, políticos, económicos y grupos fácticos, quienes se benefician con la actual situación creada. Desde el lunes pasado se han desplegado todo tipo de esfuerzos para generar un clima regresivo en contra de los cambios y reformas sociales que demandan las grandes mayorías, introduciendo temor y parálisis con el claro propósito de criminalizar y desprestigiar la movilización y la protesta social legítima en el país. Un hecho ya denunciado fue la cobertura informativa del Canal 13, de propiedad del grupo Luksic, que vinculó indirectamente el atentado con el movimiento estudiantil.
“Se ha producido una paranoia colectiva y un clima social inducido que busca, más allá del hecho de enfrentar y prevenir atentados con bombas, imponer mayores restricciones a la movilización y la protesta social”. El discurso dominante intenta legitimar el uso y abuso de la Ley Antiterrorista y el concepto de la mano dura contra todos los que subviertan el orden social y no precisamente sobre aquellos que generan acciones de violencia selectiva y que buscan infundir temor sobre los ciudadanos, explica Silva.
Las labores de Inteligencia, finaliza, deben estar en manos de la Policía De Investigaciones y Carabineros y es desde ese ámbito que hay que establecer medidas y recursos para enfrentar la actual situación.
Toda nueva medida debe ser fiscalizada y estar sujeta al respeto a los DDHH y al derecho.