Convergencia de Izquierdas expresó su enérgica condena a la colocación y explosión de la bomba en el centro comercial de la estación Escuela Militar del Metro de Santiago. Un hecho de esta naturaleza, afirman, “bajo ningún parámetro puede ser justificado, bajo ninguno. Además quien le hace daño a los trabajadores y al pueblo se convierten en su enemigo, indefectiblemente”.
Convergencia declara su solidaridad y afecto por heridos y afectados, y por el conjunto de trabajadores y ciudadanos, que circulaban a esa hora por el lugar y que pudieron ser potenciales víctimas de esta vandálica acción.
En un comunicado afirma que “como organización de izquierda declaramos enfáticamente que el terrorismo no es un arma revolucionaria. Es criminal y siempre, indefectiblemente, le sirve a la derecha. De hecho les sirve como la excusa perfecta para los sectores más conservadores y fascistoides para comenzar su campaña del terror, con el objeto de impedir cualquier cambio que apunte a la democratización de la sociedad”.
Agrega el documento que “existen una serie de antecedentes que levantan suspicacias frente a tan criminal acción. Por lo mismo exigimos una rápida y eficaz investigación, en que no haya nada descartado, y en que los responsables deben ser individualizados, vengan de donde vengan. El Ministerio Público y las policías deben encontrar a los culpables y con pruebas que no dejen dudas como en casos anteriores, que para tener resultados políticos se actuó al margen de toda prolijidad”.
Convergencia hace también un llamado a los comunicadores a cumplir responsablemente su rol y no vincular este tipo de actos con los movimientos sociales y políticos que han venido demandando más derechos y participación. “Conminamos a la clase política a dejar a un lado la virulencia, el discurso del terror y ese enfermizo afán por capitalizar este tipo de eventos”.
Por último, dice, creemos y demandamos cambios en la ley antiterrorista, que la transformen en una ley legítima ante la comunidad internacional, lo que sólo ocurrirá si se garantiza el debido proceso, lo que la actual ley no hace.