La SVS resolvió aplicar sanciones de multa que en su conjunto ascienden a 164 millones de dólares en el marco del cierre de la investigación del denominado Caso Cascada, el cual está relacionada con empresas controladas por Julio Ponce Leroux, exyerno de Augusto Pinochet. Ello, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en el año 2010 -a partir de septiembre- y durante el año 2011.
Tras formular cargos el 6 de septiembre de 2013 y el 30 de enero del presente año, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) decidió sancionar a determinadas personas relacionadas a las Sociedades Cascada (sociedades controladoras de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.: Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Nitratos S.A. y Potasios S.A.), así como también a Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa y a ejecutivos y personas relacionadas a esta intermediaria.
Tras las respectivas formulaciones de cargos, el procedimiento administrativo que llevó adelante la SVS contempló la recepción de los descargos de las partes involucradas y, posteriormente, un periodo probatorio en el que se recibieron los antecedentes y testimonios que aportaron los involucrados, garantizando así su debida defensa.
Del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, esta Superintendencia pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones.
Este esquema benefició directa y económicamente al presidente de las Sociedades Cascada, señor Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él que participaron de diversas formas en dicho esquema, a través de Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales -en los términos que se definen en la Resolución-, todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascada, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión.
Reacción empresarial
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, emitió una declaración explicando que mientras no exista una sentencia definitiva le es imposible “emitir una opinión concluyente” frente al tema, aunque reconoció que “estaríamos en presencia de hechos de la mayor gravedad”.
“Este es un caso que culmina su fase administrativa y da inicio a su revisión por parte de los tribunales de justicia. Mientras no exista una sentencia definitiva, no podemos emitir una opinión concluyente. Esperamos que el proceso finalice con la máxima celeridad que un caso de esta magnitud amerita”, manifestó Santa Cruz.
“Sin perjuicio de lo anterior, de corroborarse las infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas, estaríamos en presencia de hechos de la mayor gravedad que ameritan una enérgica condena de parte nuestra, por cuanto atentan seriamente contra la confianza, la transparencia y la ética que requiere el sistema económico para su correcto funcionamiento”, advirtió.