Un grupo de parlamentarios presentó ayer una moción para modificar la constitución de modo que abra un espacio para legislar una reforma a las isapres que evite discriminaciones y abusos por parte de estas instituciones de salud privadas. La iniciativa, en concreto, modifica la Constitución con el objeto de complementar la regulación del derecho a la protección de la salud en lo relativo a la discriminación y a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de seguridad social.
El texto legal, presentado por los diputados Víctor Torres (DC), Pepe Auth (PPD), Giorgio Jackson (Ind), Manuel Monsalve (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), René Saffirio (DC), Gabriel Silber (DC), Karol Cariola (PC), Cristina Girardi (PPD) y Camila Vallejo (PC), será estudiada por la Comisión de Constitución.
Los diputados indican que el anuncio de los niveles de utilidad que han obtenido las Isapres han “encendido una luz de alerta sobre un problema que el constituyente puede y debe remediar”.
Agregan que las numerosas iniciativas legislativas que han buscado poner límites a la conducta abusiva de empresas aseguradoras que lucran con la salud de las personas, se han encontrado con un obstáculo hasta ahora infranqueable, en la interpretación que se hace de la disposición constitucional que reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para establecer o modificar normas sobre seguridad social o que incidan en ella.
“Ha llegado la hora de deslindar con claridad el alcance de la garantía constitucional a la protección de la salud, reconocida en el número 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y del derecho a la seguridad social, reconocida en el número 18 ° del mismo precepto de la Ley Fundamental”, explican.
Detallan que la posibilidad otorgada por ley a las Isapres de “adecuar” los contratos de salud, infringe la garantía de igualdad ante la ley, puesto que faculta a una de las partes, las empresas aseguradoras de salud, a modificarlos unilateralmente e imponer a los cotizantes las condiciones que explican la cuantía de las utilidades que ellas perciben año a año.
“Otras materias en que se manifiesta la inequidad del sistema son los límites de cobertura, las preexistencias y las exclusiones de los planes de salud, la carencia de los tres primeros días de las licencias médicas, los planes cerrados para otorgar las Garantías Explícitas en Salud y el alza regular de precios fijados en unidades de fomento”, enumera la moción.
De esta forma, la moción plantea modificar la Constitución para prohibir las discriminaciones y eliminar la posibilidad de factorizar el precio de los contratos de salud por esos conceptos.
Se detalla que la prohibición de discriminar por condición de salud descarta que los planes o contratos de salud puedan excluir del aseguramiento ciertas patologías y preexistencias y que se fijen precios diferenciados por esas variables. “Las posibilidades de información sobre el estado de salud de las personas y su posible evolución que ofrece la ingeniería genética permitirían a las aseguradoras, en un futuro no lejano, rechazar a todo posible cotizante que implicara un riesgo”.
Por ello, los legisladores argumentan que reiterar en esta norma la regla sobre procedimiento racional y justo impedirá que sea el asegurador quien califique y decida sobre la procedencia o características de un tratamiento o de una licencia médica.
Por último, los parlamentarios precisan que el momento se presta para dilucidar el límite entre seguridad social y salud, dado que el impedimento constitucional para proponer iniciativas de ley sólo se aplica a la primera y tal limitación debe aplicarse de manera estricta.
“Resulta, entonces, de grave urgencia y necesidad clarificar de una vez por todas las diferencias entre seguridad social y salud, confusión que hasta ahora ha impedido la concreción de iniciativas planteadas por los parlamentarios para remediar los defectos señalados”, concluyen.