En el marco de la discusión de la reforma educacional, que se encuentra en su primer trámite, en la Cámara de Diputados, el senador Patricio Walker se reunió con la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, para solicitar que el Gobierno le otorgue urgencia al proyecto de ley que establece sanciones penales en contra de los directivos de las universidades privadas que lucren con la educación.
La iniciativa, que fue presentada por el parlamentario en conjunto con el ex senador Camilo Escalona el 2013, establece penas que van desde los 541 días a 3 años de presidio, una multa de 100 a 1.000 UTM, la inhabilitación para que los condenados se desempeñen en el mismo ámbito hasta por 10 años y el comiso de las ganancias ilegales.
Según explicó el parlamentario, el texto legal “se hace cargo de la situación que ocurre hoy en día, en que muchas universidades privadas lucran contraviniendo el espíritu de la ley General de Educación, que prohíbe el lucro en estas casas de estudio”.
Agregó que “todos sabemos que hay universidades que a través de entidades relacionadas, pagan por ejemplo arriendos exorbitantes a inmobiliarias que muchas veces son del mismo titular de la universidad y esto no debe seguir ocurriendo. Hoy no se está sancionando el lucro, no obstante que está prohibido por ley, porque no hay conductas sancionadas, es decir desde el punto de vista del derecho penal no hay conductas típicas, como tampoco hay sanciones penales. Por eso esto sigue ocurriendo en la más absoluta impunidad”.
Por ello, el parlamentario dijo que espera que “este proyecto de ley sea tramitado, que todos los sectores políticos estén disponibles para legislar, porque hoy día no se puede seguir engañando a la familia, a los estudiantes, no se puede seguir lucrando con los recursos que muchas veces el Estado traspasa a las universidades privadas. Tenemos que poner fin a esta situación anómala, ilegal e inmoral”.