Por 8 votos a favor y 5 en contra, la instancia aprobó la idea de legislar el proyecto que regula los procesos de admisión en los establecimientos educacionales, establece la prohibición del lucro y pone fin al régimen de financiamiento compartido. El texto postula mejorar y asegurar la calidad de la educación, generar un sistema más equitativo e inclusivo y fortalecer la educación pública.
El proyecto, aprobado en general por 8 votos a favor y 5 en contra, aborda poner fin al lucro, el copago y poner fin a la selección de los alumnos.
En particular, el texto propone terminar con el financimiento compartido en un plazo de 10 años, y terminar con los procesos de selección de alumnos para ampliar el derecho de las familias a elegir, evitando la discriminación de los estudiantes.
La iniciativa establece, en ese sentido, que los establecimientos educacionales no podrán aplicar mecanismos de selección de estudiantes que generen discriminaciones arbitrarias sobre la base de sus características socioeconómicas, étnicas, culturales o religiosas; regula y restringe las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, para evitar una selección tardía y encubierta; y establece sanciones en caso de identificarse practicas de selección sesgadas o arbitrarias.
También prohibe el lucro en aquellos establecimientos que reciben aportes del Estado y establece que los colegios particulares subvencionados deberán transformase en instituciones sin fines de lucro, además de fijar que los recursos públicos sólo podrán destinarse a fines educativos.
Al término de la sesión, los diputados acordaron abrir dos plazos para la presentación de indicaciones a la iniciativa. El primero vence el 2 de septiembre y allí se espera que se presenten la mayoría de las modificaciones. Se abrió además un plazo especial, hasta el 9 de septiembre, para que se presenten indicaciones que surjan de las últimas instancias de debate entre los parlamentarios y el Ejecutivo.
Reacciones
El presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas (DC), sostuvo que tiene “una profunda convicción como profesor, como hijo de la educación pública, que tenemos que enderezar el rumbo y este proyecto lo hace”.
Aclaró que este proyecto es sólo el inicio de “una construcción que es mucho más compleja y, para quienes tenemos la firme convicción que esto es lo mejor para Chile, las niñas y niños que vienen en el futuro, creo que es un momento muy especial, incluso emotivo y espero que en el transcurso de la discusión en particular, los que hoy se han negado a la idea de legislar, que no es más que eso, que han cerrado la puerta a legislar, vayan abriéndose a entender que tampoco es lícito que le sigan imponiendo su particular visión a la mayoría del país”.
En tanto, el diputado Rodrigo González (PPD), se refirió a este primer avance del proyecto, puntualizando que “hoy hemos establecido que el derecho a la educación es para todas y todos los chilenos. Con esta decisión estamos cambiando un sistema que operó sobre la base de entregar la educación al mercado y volviendo el interés general de que la educación es un bien público que debemos cautelar”.
Para la diputada Camila Vallejo (PC) se ha dado un paso fundamental respecto de un proyecto que si bien no solucionará todos los problemas, sí apunta a desmercantilizar la educación y concebirla como un derecho, para que “no haya discriminación como existe hoy por capacidad de pago, que se materializa en la exigencia de un copago”, y agregó que estas reformas aspiran a que la “educación sea un espacio de inclusión y de construcción de democracia”.
El diputado Fidel Espinoza (PS) quien también respaldó el proyecto, señaló que “la doctrina de separados pero iguales, no sirve” y que “no es lo mismo aportar que pagar un precio”, al referrise al uso del copago, medida que consideró como una de las principales formas de discriminación del sistema educativo actual. El legislador añadió que “este proyecto termina con el lucro y que todos los recursos del Estado se gasten en fines educativos”.
Asimismo, el diputado independiente, Giorgio Jackson, manifestó que el proyecto “es un tremendo avance” que recoge las demandas planteadas por la ciudadanía. En esa línea indicó que “los principios son los que nos convocan hoy, no las especificidades”.