La negociación entre el oficialismo y la oposición para concordar la Reforma Tributaria lo que demuestra es que, de derecha a izquierda, la política es un oficio restringido a una misma clase dirigente, más allá de quien esté en La Moneda y de cuánto respaldo popular tenga detrás. Lo que más se nos advertía hacer algunos meses era que el Gobierno de Michelle Bachelet esta vez estaría en condiciones de cumplir con las promesas de su campaña, dado la franca ventaja que había obtenido en la segunda vuelta sobre su adversaria, como también por la cómoda posición alcanzada por su coalición en el Congreso Nacional. Se nos aseguró incluso que algunas reformas que exigían quórum calificado iban a ser posibles gracias a que, por primera vez en 25 años, se había quebrado el empate político entre aliancistas y concertacionistas en el Poder Legislativo.
En estas nuevas circunstancias, el Gobierno habría podido aprobar en el Congreso la reforma tributaria que hubiese querido para aquella recaudación fiscal que necesitan los cambios educacionales, como para emprender otros de similar o mayor urgencia. Pero ya el proyecto original del Ejecutivo renunció a imponerle mayores tributos a las utilidades de las empresas, a fijarles un royalty digno a las mineras que operan en nuestros yacimientos, como a reducir el desmedido gasto fiscal en Defensa. En cambio, la discreta iniciativa legal que se remitió al Parlamento terminó, entre gallos y medianoche, negociándose en la casa de un destacado empresario en el ánimo de obtener el respaldo transversal de los senadores, después de que ésta ya fuera aprobada por la mayoría oficialista de la Cámara Baja. Todo indica, entonces, que en los trámites legislativos que siguen se impondrá lo pactado con la Derecha y con las cúpulas empresariales que han hecho en esta ocasión un indisimulado lobby en favor de sus privilegios tributarios. Cuanto para que la recaudación fiscal siga radicando fundamentalmente en los impuestos que pagan los pobres y la clase media, como ocurre con el IVA) que en nuestro país alcanza al 19 por ciento.
Ya se ve que todo el ímpetu con que se anunció la Reforma Educacional recién se materializa en algunos proyectos de menor envergadura en medio de una enorme discusión en que hasta los propios políticos oficialistas parecen cooptados por los “cantos de sirena” de la Derecha y de los sostenedores educacionales temerosos en que la instrucción deje de ser una actividad lucrativa. Aunque tampoco estas reformas necesitan un quórum calificado en el Parlamento para ser aprobadas, lo que empieza a dibujarse es una nueva negociación con la Derecha que, desde luego, las retarde o pueda desbaratarlas. Sobre todo en el propósito de promover la gratuidad en todos los niveles del sistema, destinar mayor financiamiento a la educación pública y dejar de bonificar a aquellos establecimientos que desembozadamente lucran con los recursos los fiscales que se les siguen asignando.
Pese a las bravatas del propio Ministro de Educación, y al reiterado respaldo que recibe de la Jefa de Estado, demócrata cristianos y otros sectores del oficialismo tienen demasiados intereses en el ámbito educacional como para aprobar una reforma tan audaz, para no decir “revolucionaria” como algunos llegaron a concebirla. Por lo mismo es que alentarán, también en este caso, que lo que resulte sea también con el consentimiento de la Derecha, con cuyas posiciones es evidente que concuerdan más que con la de otros socios de su coalición. Coincidencias que también manifiestan con la postura y temores de la jerarquía eclesiástica católica cuyas universidades y colegios en todo el país suelen ser los más exclusivos y segregadores de todo el sistema.
Por otro lado, la opinión pública ha podido comprobar en estos días cómo se ha modificado el sistema electoral binominal gracias a un explícito acuerdo entre la Nueva Mayoría, el Ejecutivo y algunos parlamentarios independientes o escindidos de Renovación Nacional, aunque esta vez con la oposición cerrada de la UDI. En virtud de esta negociación, solo lo que se ha logrado es atenuar el binominalismo para ampliar el número de diputados y senadores en determinados distritos y circunscripciones. Un diseño de “ingeniería política” que permitirá el ingreso de otras expresiones al Parlamento, pero sin que ello llegue a alterar mayormente la correlación de fuerzas actual. Asimismo, aunque se le impondrán algunas restricciones y controles al gasto electoral, estas nuevas normas en ningún caso se proponen impedir que los partidos y candidatos puedan recibir aportes y donaciones de los grandes empresarios y otros grupos fácticos.
Lo que estamos presenciando en este invierno son sucesivos “baldes de agua fría” a las ilusiones que muchos tuvieron en cuanto a que estábamos ante un gobierno que traía una agenda de transformaciones importantes y que marcarían un antes y un después respecto de todas las administraciones anteriores. Es decir, de cuando prevalecía la “política de los acuerdos” entre el pinochetismo y el socialismo renovado; todo un tiempo en que el llamado duopolio político estuvo estrechando diferencias, superando rencores y coincidiendo en la necesidad de perpetuar el régimen político, económico y social legado por la Dictadura, salvo en algunos de sus más manifiestos despropósitos autoritarios. Más de dos décadas en que hasta la impunidad del Tirano también fue concordada, tal como en nuestra política exterior ambas expresiones siguen jactándose de coincidir plenamente en el ánimo de mantener a cualquier precio el reconocimiento de la Casa Blanca y el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.
A la luz de lo que acontece parece, entonces, absurdo que se busque ampliar el número de nuestros parlamentarios y se recaben todavía más recursos para sostener la gravosa labor legislativa, cuando ya vemos que las leyes se cocinan (como lo reconoció un avezado senador) entre las más reducidas cúpulas políticas y no en los hemiciclos del Congreso Nacional. Negociaciones que derivan irremediablemente en reformas mínimas y limitadas a los consensos de los dos grandes protagonistas de la posdictadura.
Ciertamente que seguimos demasiado lejos del espíritu y el compromiso ideológico que caracterizó a nuestra política, al mismo tiempo que los partidos y su sus dirigentes continúan muy a contrapelo con las demandas sociales. De esta forma es que puede entenderse la convicción expresada por el senador socialista Carlos Montes (En El Mercurio, por supuesto) en cuanto a la conveniencia de que “en cuestiones tributarias el acuerdo sea lo más amplio posible”, es decir, con la Derecha. Tal como aquella observación del ultra derechista Hermógenes Pérez de Arce cuando a nuestra Emisora declara que Sebastián Piñera “terminó tomando las banderas de la Izquierda”, fustigando la confluencia de su sector hacia el centroizquierdismo.
No hay duda de que el sincretismo político seguirá, entonces, vigente durante este nuevo Gobierno.