La Universidad ARCIS ha vuelto a entrar en un ciclo financiero complejo, en el cual se adeudan sueldos a profesores y personal administrativo, lo que ha tenido como consecuencia una paralización de actividades que repercute en toda la comunidad universitaria. Debido a esta situación, cuya solución en principio no se prevé a corto plazo, ha motivado a los trabajadores y estudiantes a escribir una carta pública al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en la cual se insta al gobierno a interceder en la crisis y a traspasar la institución a manos del Estado.
A continuación, la carta completa firmada por la Coordinadora Triestamental de Universidad ARCIS.
Presente.,
Nos dirigimos a usted para hacerle ver la compleja situación que vive nuestra universidad y plantearle nuestra visión acerca de cómo poder enfrentarla, sobre la base de una colaboración oportuna entre el Estado y la comunidad universitaria.
Universidad ARCIS ha enfrentado desde hace varios meses un escenario de crisis económica e institucional ocasionada por los problemas de flujo financiero que no le han permitido efectuar con regularidad el pago de sueldos, imposiciones y retención de impuestos de sus funcionarios y académicos. Tampoco se han pagado a tiempo algunos de los gastos de bienes y servicios básicos que permiten un normal funcionamiento de nuestra institución. Las consecuencias de todo esto han sido muy perjudiciales para toda la comunidad, cuestionando la estabilidad institucional y la adecuada provisión del servicio educativo que entregamos a nuestros estudiantes. Ello porque en defensa de sus legítimos derechos los trabajadores y un número importantes de académicos han debido efectuar paralizaciones prolongadas de sus actividades, afectando directamente la continuidad de los procesos formativos a que está comprometida la institución.
Actualmente, existe un nuevo retraso en los sueldos, tanto de los funcionarios de planta como de los profesores a honorarios, a estos últimos se les adeudan pagos desde el semestre anterior. Todo esto ha generado una nueva paralización de actividades, prolongada ya por 12 días y sin expectativas concretas de solución en el corto plazo. Las autoridades universitarias nos han señalado que las posibilidades efectivas de normalización de los pagos se produciría, con mayor seguridad, entre los días 30 de agostos y 15 de septiembre, lo que genera una peligrosa prolongación del conflicto. Tampoco sabemos si los recursos que ingrese en ese período van a permitir la normalización financiera por el resto del año La situación, especialmente para los trabajadores y los estudiantes es dramática, por el costo humano de no disponer de un sueldo para vivir, por la interrupción constante de las actividades académicas y por la incertidumbre que provoca no tener claridad sobre el futuro de la institución.
Independientemente de que no exista una crisis económica estructural y que sea sólo un problema de flujos de caja (como nos ha dicho la dirección de la universidad) la irregularidad de los ingresos y sus graves consecuencias en materia de compromisos financieros, es razón suficiente para que nuestra institución pueda vivir un desangramiento paulatino y enfrentar una crisis terminal. Actualmente, la paralización de actividades afecta el normal funcionamiento académico y es probable que esto se prolongue por a lo menos otros 30 días; más aún, si se resuelve el problema en ese período de tiempo, probablemente debamos a enfrentar una nueva situación de crisis a partir del mes de noviembre, dado que no hay certeza de contar con los recursos necesarios. Todo ello finalmente vulnera los derechos de los trabajadores y no garantiza el derecho de los estudiantes a su educación.
Por todo esto, nos parece que urgente que el gobierno contribuya a resolver la grave problemática presentada. Las razones de esta solicitud tienen que ver con tres elementos fundamentales:
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El proyecto académico ARCIS es necesario para el país, en tanto dispone de un capital cultural e intelectual que contribuye a la formación de una ciudadanía activa, al fortalecimiento de una concepción pública del conocimiento y al desarrollo de una formación profesional y académica que se pone al servicio de los problemas de las mayorías, propiciando una sociedad inclusiva y democrática. El aporte que ARCIS realiza en las áreas de Arte, Ciencias Sociales y Educación, es reconocido por la comunidad y constituye un valor cultural que no puede sucumbir por razones que no son estrictamente académicas.
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Sin perjuicio de que puedan existir efectivamente responsabilidades administrativas de quienes han dirigido nuestra institución en los últimos años, la crisis que vive ARCIS es también parte de la crisis que vive el sistema de educación superior y especialmente de las universidades privadas no tradicionales de nuestro país. Han sido las reglas de mercado las que han permitido la instalación de una racionalidad financiera que no soporta necesariamente proyectos académicos de alto costo y baja rentabilidad, pero muy relevantes para el país. Pero es además el Estado el que ha comprometido la fe pública al reconocer la autonomía de las instituciones y, en nuestro caso, al concedernos la acreditación en dos ocasiones consecutivas. En tal sentido, la calidad de nuestro proyecto tiene elementos objetivos asociados al carácter de la formación que entrega nuestro modelo educativo y a la alta valoración que esto genera entre los propios estudiantes. La debilidad de nuestro proyecto es su dimensión financiera, pero eso es precisamente lo que está en entredicho cuando estamos asistiendo al cuestionamiento de una educación de mercado, entendida como bien de consumo y que piensa a las instituciones como unidades de rentabilidad económica.
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Esta crisis debe constituir una oportunidad para transitar a un nuevo sistema de educación pública, en el que las instituciones formadoras puedan transitar a un efectivo régimen de lo público y su existencia no esté determinada por la capacidad que tiene para sobrevivir en el mercado. En tal sentido, el aporte del Estado debe ir en la dirección de valorar el carácter de los proyectos académicos y su aporte al país, más que sus habilidades financieras en un contexto de bancarización, endeudamiento y vulneración de la educación como derecho social.
En consideración de estos elementos, solicitamos al gobierno se haga parte de esta crisis promoviendo alternativas de solución que rescaten el proyecto de universidad que hemos construido como comunidad y que no se opere con la lógica puramente neoliberal de la sustentabilidad financiera de nuestros programas académicos. En ese marco, solicitamos que el Estado pueda proveer formas de apoyo en el corto plazo que garanticen el derecho a la educación de los estudiantes y que genere iniciativas legales que permitan, no sólo regularizar la situación de la universidad, sino dar continuidad a su proyecto y hacerlo transitar a un estatuto público de institución universitaria. Esto implicaría que el Estado concretara efectivamente su vocación por ampliar la cobertura y diversificar sus alternativas académicas desde un concepto de educación pública.
Sobre la base de este criterio nos parece que, junto con la búsqueda de formas de apoyo concreto para no vulnerar el derecho de los estudiantes a su educación, es urgente considerar la presentación de una indicación al Proyecto de Ley que crea el administrador provisional y de cierre, en orden a establecer una alternativa voluntaria de parte de las instituciones en situación de crisis respecto de su transición al régimen de lo público. Esto es que, la institución intervenida por la administración provisoria tenga la posibilidad de solicitar formalmente el traspaso al estado o propiedad mixta de la institución, quedando garantizadas las características fundamentales del proyecto académico si este responde a una concepción pública de educación y en consideración de los aportes que dicho proyecto realiza al país para un desarrollo social y cultural inclusivo.
Las alternativas de traspaso pueden considerar algunas de las siguientes modalidades:
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Traspaso directo de la institución intervenida al Estado (bajo tuición directa del MINEDUC y contemplando un sistema de gobierno democrático triestamental.
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Asociación de nuestra institución con otra universidad del estado que permita la compatibilidad y complementariedad de proyectos académicos.
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La participación con control mayoritario del Estado sobre la universidad intervenida, bajo una modalidad de propiedad mixta, que permita que parte de la propiedad de la institución esté en manos de la comunidad.
Señor Ministro, estamos convencidos de que, si el Estado no se anticipa a la profundización de la crisis que vivimos, ello afectará gravemente el derecho de los estudiantes a su educación; al mismo tiempo, nos asiste la convicción de que el gobierno debe hacerse co-responsable y que la política educativa, en el actual contexto, debe abrir espacios para fortalecer la educación pública y ampliar la acción del Estado en esta materia. La legislación no puede seguir en la línea de perfeccionar el modelo mercado, es decir, no puede reducirse simplemente a corregir sus extremos y luego devolver las instituciones a sus operadores bajo las mismas lógicas u operar como síndico de quiebra para rematar sus bienes como si la educación se tratara de un simple bien de consumo. Tenemos la confianza de que el actual gobierno haya tomado conciencia de la importancia de cambiar el rumbo en educación.
Junto con lo anterior, solicitamos nos pueda recibir prontamente como organizaciones gremiales para discutir sobre la situación planteada y exponer los antecedentes de la crisis que vive nuestra casa de estudios.
Coordinadora Triestamental de Universidad ARCIS.