Comienza una nueva semana sin que se vislumbre un arreglo en el litigio generado por los fondos buitre contra Argentina, donde crece el apoyo de la opinión pública a la postura del gobierno nacional. Luego de la publicación del aviso legal en medios internacionales y argentinos, y la denuncia que presentó la Casa Rosada contra Estados Unidos en La Haya, ambas la semana pasada, desde Nueva York emanaron amenazas, en tanto Washington ignoró la jurisdicción de la Corte Internacional.
En su tribunal neoyorquino el juez Thomas Griesa advirtió al gobierno argentino a no divulgar más sus argumentos y la realidad de lo que está aconteciendo, so pena de declararlo en desacato.
El magistrado de distrito que ha fallado continuamente a favor de los fondos buitre instó a las partes a seguir dialogando, pero hasta ahora la única salida que ofrece es que se le pague a los fondos buitre lo que exigen.
Mientras, el 72 por ciento de los argentinos responsabiliza a Griesa y a esos bonitas por la falta de acuerdo, según una encuesta divulgada la víspera y que realizó el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (Copes) de la Universidad de Buenos Aires.
Acorde con las opiniones, recogidas en Ciudad Bueno Aires y en 23 municipios de la provincia homónima, el 70 por ciento de los consultados descartó que esta ausencia de arreglo pueda originar una crisis sistémica como la ocurrida hacia finales de 2001.
El titular de Copes, Carlos De Angelis, señaló al diario Tiempo Argentino que les interesaba analizar el impacto del discurso de los medios que pronostican infiernos y cataclismo, y hasta qué punto eso provoque que la preocupación se instale.
Los resultados muestran -señaló- que “en parte de la sociedad tiene un impacto, pero en general no es tanto”.
Entre jóvenes de 16 a 29 años el 39 por ciento expresa preocupación, al igual lo hace el 40 por ciento de miembros de los sectores con menor nivel de instrucción, dijo el especialista.
No obstante, a la pregunta sobre si este conflicto pudiera llegar a afectar a su vida cotidiana, el 63 por ciento ve esa posibilidad como remota y descarta que pueda generar un impacto directo en su bolsillo.
En este punto, los más preocupados son las personas con más de 65 años (47,4 por ciento) y aquellos que tienen menos nivel socioeconómico (43,8 por ciento).
La encuesta reflejó además que el 53,8 por ciento nota indiferencia por parte de los sectores de la oposición política ante el problema contra el cual lucha el Gobierno Nacional.