Argentina denunció hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya violaciones de su soberanía y otras ilegalidades como resultado de fallos judiciales por cortes norteamericanas en relación con la reestructuración de la deuda pública.
En un comunicado la Presidencia precisa que Estados Unidos violó su “obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para respetar la voluntad soberana de otro Estado”.
También le demanda incumplir su deber internacional de ejercer de buena fe y “conforme al derecho las funciones judiciales que la República de Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esa aceptación”.
En esencia solicita que el gobierno del presidente Barack Obama acepte la jurisdicción de la Corte Internacional para dirimir las diferencias por la reestructuración de la deuda.
La denuncia argentina emana del conflicto generado por el dictamen del juez Thomas Griesa a favor de un minúsculo grupo de bonistas no reestructurados, llamados fondos buitre, que congeló depósitos en bancos neoyorquinos para saldar compromisos con el 93 por ciento de sus acreedores.
Desde la dictadura cívico-militar de 1976-1983 el gobierno argentino se ve obligado a utilizar bancos en Nueva York como agentes fiduciarios para canalizar el pago de su deuda, y esto se ha visto complicado por la sentencia de un magistrado local.
Argentina apeló primero ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, pero esta avaló el fallo de Griesa, y elevó entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que rehusó analizar el asunto.
La víspera, su Ministerio de Economía llamó a la mayoría de sus acreedores a demandar el cambio de la jurisdicción bancaria para transferirles los pagos.
“La responsabilidad internacional de Estados Unidos por la violación de sus obligaciones emana, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la República de Argentina”, recalca el comunicado presidencial.
En caso de Washington -precisa- rechace la competencia de la Corte de La Haya, “Argentina entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacifica alternativa para resolver la presente controversia”.