En todo el tiempo de la posdictadura el ejercicio de gobernar ha sido vergonzosamente complaciente con lo obrado por la Dictadura cívico militar de Pinochet. Ya nos hemos referido muchas veces a la Constitución Política dictada en 1980 y que todavía rige nuestra institucionalidad, a la forma en que la política se amoldó y terminó sacralizando un sistema electoral antidemocrático, por más que ahora puedan hacérsele algunas correcciones que no alterarán su binominalismo y la falta de representatividad ya crónica de nuestro Parlamento. En estos días, incluso, desde el ministerio del Interior se decide invocar nuevamente a la fatídica Ley Antiterrorista que por más de un cuarto de siglo sigue vigente después de que los más importantes referentes mundiales de DDHH hayan señalado su aberración jurídica.
Ante cada balance e investigación socioeconómica del país o del extranjero se anota la horrenda desigualdad que impera en nuestra distribución del ingreso, brecha que ha seguido aumentando entre los más ricos y los más pobres a pesar de nuestro desarrollo. Una situación que se perpetúa y ahora se puede pronunciar más con una reforma tributaria que consolida los impuestos que se recaudan del IVA y pagan la mayoría de los chilenos y que ya renunció, por ejemplo, a elevarle el royalty a las grandes empresas mineras y a la Banca cuyas utilidades siguen disparadas. Ni siquiera la necesidad de captar mayores recursos para la educación sensibilizó a los empresarios más poderosos ni a los senadores que cerraron filas con ellos para desbaratar lo que ya había aprobado la Cámara de Diputados. De esta forma es que al ministro de Hacienda le será imposible demostrar que ésta recaudará lo calculado originalmente para financiar lo que para el gobierno de Michelle Bachelet sería la madre de todas las transformaciones.
Tal como el gobierno de Sebastián Piñera, el actual de la “Nueva Mayoría” toma el rumbo de los cuatro primeros de la Concertación en su complacencia con todo el orden heredado del Régimen Militar, su displicencia con lo demandado por el pueblo y su temor reverencial en relación con los intereses y presiones de los llamados grupos fácticos que ahora han llegado a destacar a sus propias cúpulas en el lobby, como en las más destempladas críticas y amenazas por los medios de comunicación. La opinión pública fue testigo de cómo en el casa un dirigente empresarial terminó “ajustándose” la Reforma Tributaria y de cómo ahora las autoridades se disponen también a negociar sus propuestas educacionales con los sectores que hasta ayer eran denostados por ellos mismos por su afán de lucro o por oficiar de sostenedores de establecimientos socialmente elitistas y sectarios en la orientación ideológica o religiosa de su enseñanza.
Podríamos decir que la Dictadura sembró la cizaña en la educación chilena que otrora era reconocida por los altos estándares de su instrucción estatal gratuita en cualquiera de sus distintos niveles. Sin embargo, son los primeros gobiernos de la Concertación los que legitiman y profundizan un sistema educacional que al año 2013, según la Contraloría General de la Republica, el Estado dispone más recursos para los establecimientos privados que para los públicos. Tanto es así que de las diez instituciones que reciben más financiamiento fiscal para sus estudiantes siete son privadas. Una millonaria contribución del presupuesto de la nación que explica que hoy existan tan solo 16 universidades estatales, nueve privadas tradicionales y 35 particulares.
Una situación que indudablemente no solo se explica en el “dejar hacer” o “dejar pasar” sino en el encantamiento que todo el legado pinochetista ha logrado en las nuevas autoridades, como que ya es un fenómeno corriente que del llamado servicio público haya luego un desplazamiento de ministros, parlamentarios, alcaldes y otros hacia la empresa privada, a sus directorios y niveles gerenciales. Una costumbre que explicaría la intensa oposición que desde el interior de la Nueva Mayoría se le ejerce a los postulados educacionales del Gobierno y a su vapuleado ministro de Educación.
No es casual que desde la Democracia Cristiana y otras colectividades oficialistas hayan surgido voces muy irritadas con los primeros anuncios y proyectos de esta Reforma, cuanto que algunos políticos que desde hace tiempo involucrados en el “negocio educacional”, hayan regresado prestamente a la arena partidaria y a los medios informativos para denostar los cambios. Llegando a coincidir con la Derecha en ésta y otras materias e incluso advertir que la Nueva Mayoría no es un acuerdo político o estratégico sino meramente un pacto electoral y programático muy general. En este contexto es que durante la semana pasada dos nostálgicos ex dirigentes de la Concertación. como Camilo Escalona (PS) y Gutemberg Martínez (DC), decidieran poner su pica en sus respectivas colectividades a objeto de impedir que esta Nueva Mayoría pueda desdibujar el trazado del Régimen Militar que finalmente obnubiló a los gobiernos venideros, y que tuvo causa y efecto en esa “política de los acuerdos” practicada por más de dos décadas con los partidos de la derecha y el rancio pinochetismo.
La batahola política provocada por estas dos primeras reformas seguramente se acentuará todavía más si el Gobierno realmente se propone emprender cambios sustantivos a la salud y al régimen previsional donde los intereses de las isapres y de los fondos de pensiones son todavía más onerosos y afianzados, y desde donde también se han reclutado voluntades en los partidos, legisladores y altas autoridades, ya sea financiando sus campañas electorales o incorporándolos derechamente en sus empresas. Ilustrativo resultó comprobar cómo la poderosa Barrick Gold había contratado al esposo de una ministra de Estado en el ánimo de influir favorablemente en el Gobierno a fin de que se le facilitaran sus aviesas inversiones y, por lo mismo, tan cuestionadas por la Justicia y los medioambientalistas. Escándalo que obligó a este consorte a renunciar a esta poderosa y obstinada transnacional.
Por cierto que el abandono progresivo del Estado del deber que le asiste en el proceso educacional de los chilenos es que sus sucesivos gobiernos fueron consolidando una perniciosa privatización estimulada por la magnífica posibilidad que algunos visualizaron en cuanto a que, con dineros del fisco, pudieran acometer un lucrativo negocio privado. Proceso en el que además contaron con la complicidad de las autoridades, para administrar sus universidades, institutos y colegios con un mínimo de fiscalización y exigencia de calidad. En esto se explica, también, el deterioro en la formación de profesores y en las licencias otorgadas a los establecimientos particulares para que burlaran los derechos laborales y salariales del magisterio.
Lo que hoy tenemos es una propuesta de Reforma Educacional de perfiles bien inciertos, todavía, pero en manos de personas que en su desempeño anterior más bien demostraron indolencia frente al descalabro educacional o se hicieron realmente partícipes de éste. Por lo que es bien difícil que de ellos mismos pudiera prosperar una profunda refundación como la que muchos aún añoran. Actores que su discurso y promesas más bien pudieran estar dando cuenta de la necesidad de agradar e inmovilizar al influyente Movimiento Estudiantil, cuanto retener un respaldo popular tras el cometido más acuciante de los políticos posmodernos: sostener con éxito la disputa electoral por los bien remunerados cargos del Gobierno y el Parlamento.
Por lo mismo que antes de materializar alguna reforma ya hay quienes piensan que este tema logrará catapultarlos a otros altos cargos públicos o a la misma Presidencia de la República.