El pasado martes 15 de julio, el Concejo Municipal de la Comuna de Macul aprobó la fusión del Liceo Manuel Rojas, Escuela E-170, con el denominado Complejo Educacional Joaquín Edwards Bello. Con esa decisión, de los cuatro colegios instalados en la Población Santa Julia de Macul, ya no queda ninguno, en desmedro de niños y jóvenes y de las familias de esa zona.
Esta ha sido la lógica sistemática de la gestión del Alcalde Sergio Puyol en Macul y de otros municipios que, amparados en las políticas educativas neoliberales de los últimos 25 años, han ido paulatinamente destruyendo la educación pública municipal. Lo paradójico de esta situación es que a pesar de que la Nueva Mayoría contaba con los votos suficientes en el Concejo Municipal para revertir la fusión, la votación quedó igualada y fue finalmente el Alcalde Puyol, de la Democracia Cristiana, quien definió la votación haciéndola favorable a la incorporación del emblemático Liceo al Complejo Educacional ,o más bien, como se ha denominado “cierre encubierto”.
Este hecho demuestra no solo lo incierto de la definición de un Alcalde del oficialismo ad portasde la entrega de los liceos públicos al Estado (reproduciendo a nivel local los llamados matices de esta coalición en materia educacional), sino que plantea algunos problemas más profundos. Como la falta de democracia en los municipios y la débil participación de los vecinos en las decisiones que involucran directamente a la comunidad. Este tipo de situaciones son sostenidas por una Ley Orgánica Municipal vigente, creada hace mas de 24 años, a la cual solo se le han hecho pequeñas modificaciones que no tocan el problema de fondo: la falta de instancias democráticas en la toma de decisiones de las municipalidades.
Hoy, en un contexto político y social de transformaciones, este tipo de leyes funcionan como trabas que impiden que las definiciones relevantes que afectan a una comunidad, como lo es la educación, sean consultadas. Así, el Concejo Municipal de Macul se presenta como una instancia poco amigable con sus vecinos en muchos sentidos. Uno de ellos, vital para la presencia y participación de las y los habitantes de Macul, es que dicha instancia funciona en un subterráneo, con una capacidad limitada, donde cuando mucho hay ocho o diez sillas para invitados o asistentes, quedando afuera muchísimas personas que desean -y tienen derecho- participar en las discusiones y votaciones del Concejo, mirando por una pequeña puerta el espectáculo antidemocrático, en el cual el Alcalde esta vez, decidió cerrar un colegio público.
A pesar de la gran cantidad de vecinos presentes, el voto definitorio de Sergio Puyol y varios concejales, condenó al colegio a ser trasladado a un Centro Educacional fuera de la población Santa Julia, en la cual históricamente estaba inserto y en el cual muchos de los vecinos que protestaron se han educado. Como increpó una vecina al Alcalde, “las poblaciones no tienen derecho a tener colegios”. Esta pareciera ser la lógica de los últimos años.
Ante esta situación, resulta urgente el pensar en nuevos espacios de participación efectiva en los territorios, es decir, una participación vinculante con mecanismos que permitan a los vecinos y vecinas de las comunas tener voz y voto sobre las decisiones que les atañen.
En este sentido, no está demás pensar en recientes ejemplos como el de Cerro Navia, en donde la obstinada movilización de actores sociales y políticos revirtió el cierre de colegios ordenado por el alcalde derechista Luis Plaza en esa Comuna. O Recoleta, en donde el municipio dio un giro a la gestión, centrada ahora en educación pública, reabriendo colegios que habían sido cerrados en la administración anterior y otorgando un alto grado de participación a los vecinos, permitiendo además al Estado entregar una educación en condiciones mínimas para su futuro potenciamiento. En ambas comunas quedó demostrada la necesidad de la movilización y la participación de la comunidad para fortalecer una gestión municipal en la que se luche por la educación que administra, es decir, la pública.
Con esto no se resuelven todos los problemas de la educación pública, pero al menos se generan las condiciones mínimas de fortalecimiento en ese propósito, en el inicio de un proceso de traspaso de colegios municipales al Estado.
El caso reciente de Macul refleja además otro hecho inquietante para la educación pública; que estos colegios son, por lo general, a los cuales acceden los niños y niñas más pobres de Chile, subvencionados por la ley SEP. Una investigación de la contraloría en 2011 determinó un uso indiscriminado de estos recursos para otros fines por los municipios, y se habló de “25 mil millones faltantes en las cuentas corrientes, además de un elevado número de recursos gastados en ítems que la ley SEP no autorizaba”. http://ciperchile.cl/2012/05/28/ley-sep-ranking-de-la-20-municipalidades-mas-cuestionadas-por-contraloria/#primer-cuadro
Es un recurso estimado en US$ 300 millones cada año, que el Estado entrega para los niños más pobres de nuestro país. A pesar de las resoluciones desde Contraloría que certifican el mal uso de estos dineros, los alcaldes se siguen amparando en la falta de recursos para aniquilar sistemáticamente la educación pública. Así, solo en Macul, en los últimos 20 años se han cerrado 8 colegios.
Ante este panorama, cabe preguntarnos también cual es el rol de la Nueva Mayoría a nivel comunal, que es su expresión territorial más cercana a la gente, cuando dos concejales DC aprueban el traspaso de un colegio en el cual el mayor porcentaje de niños asistentes (sobre el 90%) son alumnos SEP, en medio de un proceso que devolverá los colegios municipales al Estado. Es decir, si no se logra hacer concordar a todos los actores relevantes del proceso político, partiendo por quienes administran el municipio y por lo tanto la educación pública, se hace más difícil pedirle a la ciudadanía que confíe en la realización de las transformaciones comprometidas. Entendiendo que la propuesta del gobierno es que muy pronto los municipios dejarán de hacerse cargo de la educación pública, en el marco de una gran reforma educacional, es difícil comprender este tipo de decisiones. Queremos desmunicipalizar, si, pero desmunicipalizar no para cerrar los colegios fusionándolos. Desmunicipalizar para devolver al Estado el rol de garante de la educación, de una educación no excluyente, igualitaria y centralizada.
* Asistente Social. Encargada del programa Municipal de ICAL