Tomando en consideración la vulneración que se ha detectado de la ley de medicamentos por parte de las cadenas farmacéuticas, la Comisión de Salud analizó junto al ministerio del ramo la necesidad de modificar esta normativa con el fin de cambiar el ente fiscalizador.
Cabe consignar que en la actualidad, el Instituto de Salud Pública (ISP) es el encargado de controlar y sancionar a las farmacias que no cumplan con la ley. Sin embargo, el presidente de la Comisión, el senador Guido Girardi ha denunciado en diversas ocasiones en las últimas semanas, que muchos medicamentos no tienen su precio a la vista y que se sigue con las llamadas “canelas”.
Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsal) evalúa presentar un mensaje que modifique este texto legal de manera de traspasar la fiscalización a manos de la autoridad sanitaria, de manera que las secretarías regionales ministeriales (seremis) ejerzan este control.
La Ley de Fármacos (promulgada en febrero pasado) obliga a las farmacias, entre otras medidas, a tener listas de precios a la vista del público, a etiquetar con su costo a todos los productos en oferta y prohíbe el uso de incentivos o ‘canelas’ por la venta de determinados productos.
“Esa ley no se está cumpliendo. Se sienten tan poderosos que esperan que la ley se adecue a sus intereses. No tienen listas dónde se puedan comparar los precios de cada producto. No están todos los medicamentos etiquetados y siguen obligando a los vendedores a engañar a los ‘pacientes-clientes’ para incrementar su remuneración. Eso es inmoral e ilegal y lo hacen sistemáticamente”, denunció el senador.
“Queremos apoyar aquello, puesto que el ISP no tiene los medios ni la experticia para hacerse cargo de ello. En cambio, el Minsal sí sabe cómo hacerlo y tiene interés. Me quejé con la ministra Helia Molina respecto a la fiscalización que se ha llevado a cabo que sigue permitiendo abusos. Hay que terminar con la violación que hacen estas cadenas de los derechos humanos de los pacientes”, aseguró.
Respecto a la iniciativa, comentó que apuntaría también a establecer sanciones más duras, e incluso propondría el cierre definitivo de las farmacias en el caso que reincidan en alguna falta. Además, planteó la necesidad de incorporar en esta norma el fin de la integración vertical entre estas empresas y los laboratorios farmacéuticos.
“Mientras las farmacias tengan laboratorios, van a privilegiar la venta de marcas propias. La ley termina con el incentivo, pero estas empresas mafiosas siguen buscando triquiñuelas para violar la norma. Hay 15 ejecutivos formalizados y estamos en presencia de una nueva colusión, por lo que vamos a estudiar la presentación ante el Ministerio Público, de nuevas acciones penales”, reveló.