¿Cuántos buitres acosan a la Argentina?

Cuando se convoca a reforzar la integración internacional a este sistema se empuja al país a nuevos padecimientos. Los buitres se disponen a repetir el mismo despojo que ya realizaron en otros lugares como Perú.

Cómplices y ausencias

En esta crisis ha salido a flote como opera la justicia estadounidense que muchos elogian como un ejemplo de independencia. No sólo Griessa, sino todos los magistrados que confirmaron el fallo demostraron su dependencia de Wall Street. Con este tipo de sentencias protegen a los especialistas en estafas de alto riesgo y a los evasores de los paraísos fiscales.

Como estos especuladores colocan periódicamente al sistema financiero al borde del abismo, también chocan con los gobiernos y organismos que pretenden regular su actividad. Por esta razón el propio FMI está descontento con un dictamen que afecta los ajustes que monitorea, para refinanciar las deudas de los países europeos colapsados por el socorro concedido a los bancos. La sentencia socava su proyecto de ordenar la quiebra de los estados mediante normas de negociación mayoritaria con los acreedores.

Pero estos conflictos en los pasillos del poder no atenúan la expropiación de Argentina. Desde el inicio de la crisis global (2008) se discutieron incontables propuestas para limitar las aventuras financieras y no se aplicó ninguna. En este escenario de impunidad para la usura ningún poderoso va a impedir la ejecución de un fallo contra un país latinoamericano.

No hay que ilusionarse con los formalismos diplomáticos. El maltrato contra un deudor incomodo como Argentina es plenamente compartido por Obama. El presidente del imperio exige sometimiento a Griessa y a su cobro de tributos.

Es cierto que el país ha recibido muchas declaraciones de solidaridad, desde el G 77 más China hasta la UNCTAD. Pero son mensajes cordiales sin efectos prácticos. Ningún escrito altisonante neutralizará el pago forzoso que se le impone a la Argentina. Esta falta de acompañamiento es más grave en Sudamérica. ¿Dónde están las Cumbres de Presidentes para afrontar situaciones de emergencia? ¿Qué medidas preparan UNASUR o CELAC para responder a esta bofetada contra toda la región?

Hasta el momento tampoco aparecieron propuestas de intermediación de Brasil o iniciativas conjuntas para cambiar las jurisdicciones de litigio con los bonistas. Tampoco se habla de reactivar el fondo latinoamericano de estabilización de reservas, frente a un peligro de default. Esta ausencia de la región probablemente obedece al propio mareo que exhibe el gobierno ante lo que está ocurriendo.

Desconcierto frente a la hipoteca

El oficialismo confiaba en un gesto de la Corte estadounidense para posponer el conflicto. Esperaba un reconocimiento por el giro ortodoxo que inició a principio año con la devaluación. Se aceptó la demanda de cinco empresas litigantes en el CIADI, se desembolsó la indemnización pedida por REPSOL y se pagaron en tiempo récord las viejas deudas con el Club de Paris. Pero ninguna de estas medidas disuadió a los protectores de los buitres. Al contrario, al observar disposición de pago reforzaron sus presiones de cobro.

Cristina no tenía previsto el fallo adverso. Apostó con la miopía a un escenario opuesto, sin ningún plan para afrontar el dilema actual. Por esta razón improvisa respuestas. Un día denuncia la extorsión de los buitres y al otro sugiere el desembolso integro del dinero.

El gobierno ha quedado atrapado en el peor de los mundos. Si resuelve abonar en las condiciones que estableció Griessa se arriesga a ingresar en un pozo de demandas judiciales y erogaciones infinitas. Y si amenaza sin ninguna convicción con maniobras para eludir el pago, afronta un retorno al escenario de diciembre pasado con el dólar paralelo fuera de control.

Al momento de escribir este artículo el gobierno no se atrevió a cambiar el domicilio de pago, pero intentó cumplir con los viejos bonistas soslayando la negociación que reclama Griessa. Los buitres exigieron el embargo de esos fondos y el juez bloqueó la operación, confirmando que empujará al país al default si no se aceptan las exigencias de los especuladores.

Hay un mes de plazo para cerrar las tratativas, pero lo más probable (y coherente con viraje ortodoxo del gobierno) es un acuerdo oneroso. Se ha creado un gran consenso entre el oficialismo y la oposición derechista para aceptar esa salida. Sólo divergen en los detalles del convenio.

Algunos proponen abonar todo en efectivo y otros promueven cancelar el grueso de la factura en bonos. Algunos alertan contra la inconveniencia de hacer depósitos voluntarios y otros promueven esa vía. Algunos miran bien las bravuconadas en la negociación y otros piden no irritar al sultán Griessa. Pero todos ocultan los costos inmediatos del pago.

La deuda pública aumentará de inmediato si se repite la emisión de bonos consumada para acordar con REPSOL. Lo mismo ocurrirá si se abonan las comisiones y punitorios que obtuvo el Club de Paris. Pero lo más grave viene después, ya que los 1300-1500 millones de dólares que se llevaran los primeros buitres constituirán el anticipo de los 12.000-15000 millones, que exigirá la segunda oleada de bonistas en litigio.

Se estima que la mitad de ese 7% de “hold outs” reúne a fondos muy agresivos (“buitres de los buitres”), que harán demandas para obtener rápidos fallos favorables en Nueva York. El otro grupo tendría localizadas sus peticiones en Inglaterra, Alemania e Italia y una porción litigaría en el CIADI. En ese tribunal del Banco Mundial, Argentina tiene acumuladas demandas por unos 20.000 millones de dólares.

Pero lo más problemático fue explicitado por Cristina antes de avenirse a ingresar en el abismo. Si en los próximos años algún juez de alguna jurisdicción obliga a extender la mejora concedida a los buitres a los viejos bonistas, la hipoteca podría llegar a cifras incuantificables. Ese contexto situaría al país en un limbo jurídico, frente a las decisiones de cualquier émulo de Griessa.

Esta perspectiva quedará particularmente abierta si los nuevos bonos en discusión mantienen los tribunales extranjeros como sede de controversias. En este caso se eternizaría el sometimiento financiero que Argentina conoce muy bien desde la época de la Baring Brothers.

Fantasías tranquilizadoras

El gobierno y la oposición derechista vislumbran igualmente un futuro promisorio, luego de superar las turbulencias de la negociación actual. Estiman que el país accederá a los beneficios de un gran reingreso al mercado internacional. Afirman que “conseguiremos refinanciación barata”, para acceder a muchos dólares con bajas tasas de interés.

Pero ese dorado escenario no sería tan inmediato, puesto que todas las emisiones próximas están previstas con costos que duplican el promedio mundial. Se tomarán créditos para cancelar préstamos, con el pálido consuelo de un abaratamiento ulterior de esa intermediación.

Por ahora existen fuertes vencimientos con bajas reservas. Las obligaciones suman 30.000 millones de dólares hasta fines del 2015, con divisas actuales de resguardo por 27.000 millones. Esta fotografía ilustra un escenario de tratativas al filo de la navaja.

Además, los créditos del futuro no vendrán gratis. Exigirán al estado solvencia de repago, con la consiguiente contraparte de ajustes fiscales. La famosa pregunta mediática (“¿cómo afectará esa situación a la vida cotidiana de la gente?”) tiene una respuesta contundente: habrá recortes del gasto para los trabajadores, los jubilados y los desempleados.

Es muy posible que ese reingreso al circuito de la refinanciación incluya un retorno del FMI, que es el gran encargado internacional de gestionar nuevos créditos para pagar deudas anteriores. Un economista predilecto de Scioli (Blejer) ya declaró que la reconciliación con el Fondo será el punto de partida de su plan económico.

El gobierno construye un puente hacia ese escenario, argumentando que el país necesita crédito externo para obras de infraestructura. Pero omite señalar que el grueso de la financiación en curso apunta a solventar gastos corrientes. Especialmente las provincias (Buenos Aires en primer lugar) utilizarán ese dinero para pagar sueldos.

Por otra parte, los préstamos de inversión priorizan la minería y el petróleo. Solventarán a las empresas que dinamitan la Cordillera o a las compañías que se aprestan a seguir el formato de los acuerdos secretos que YPF firmó con Chevron. Tendrán un nuevo precio en boca de pozo, autorización para girar dividendos y libertad para exportar a partir de cierto nivel de extracción.

Muchos economistas neoliberales igualmente declaran que “la deuda es baja y podemos endeudarnos”, olvidando que con ese mismo diagnóstico gobernaron y crearon la montaña de pasivos que arruinó al país. Los oficialistas describen el mismo contexto de desahogo financiero, afirmando que constituye un mérito de la “política de des-endeudamiento”.

Pero la disminución del pasivo total de 130 % o 90% del PBI (según el momento de comparación con el colapso del 2001) al 46% actual, mantiene porcentajes históricos significativos de endeudamiento público. Es un promedio semejante a los años 90, inferior a los momentos críticos de los 80 y superior a la media de los 70.

El carácter problemático de la deuda argentina radica en la capacidad de pago, más allá de la reducida proporción frente al PBI que presenta en comparación a muchos países. El gobierno afirma que la solvencia ha crecido con el cambio de composición de compromisos externos hacia obligaciones internas.

El total de la deuda en moneda extranjera disminuyó de 94% (2000) a 59% (2012). Y el grueso de ese pasivo local es intraestatal, puesto que las obligaciones con organismos públicos pasaron en el mismo período del 6% al 58%. Se destaca que esta estructura de pagos es manejable, ya que los vencimientos se refinancian mediante simples decretos gubernamentales.

¿Pero qué quiere decir que la mitad de la deuda actual constituye un compromiso del estado con sí mismo? Qué se ha construido una ficción estadística para descargar los costos del pasivo sobre las mayorías populares. Gran parte del endeudamiento inter-estatal es con Banco Central, que ha sido convertido en una máquina de emisión con impacto inflacionario. El otro soporte es el ANSES que aumenta su tenencia de bonos públicos, mientras pospone el pago de sentencias por mala liquidación de haberes. Algunas estimaciones elevan ese pasivo a 28.200 millones de dólares.

La deuda inter-estatal es actualmente solventada por los jubilados que no cobran los atrasos de sus remuneraciones. En este terreno rige una doble vara de respuestas gubernamentales a las sentencias judiciales. Lo que ordena Griessa se negocia y las intimaciones de la Corte Suprema argentina para normalizar la situación de los jubilados son ignoradas.

El trasfondo del problema es la total ineficacia de la política oficial de des-endeudamiento. En la última década se pagaron unos 50.000 millones de dólares a los organismos internacionales y 80.000 millones a los acreedores privados (otros cálculos elevan ese total a 173.000 millones). Mientras el gobierno exhibía con orgullo su comportamiento de “pagador serial”, las reservas se desplomaban y las salidas de capitales sumaron otros 80.000 millones.

Este proceso pasará a la historia como un ejemplo mayúsculo de ceguera económica. Sólo competirá en ese terreno con la opción neoliberal de retomar alegremente el endeudamiento, para “repetir lo que hacen nuestros vecinos”. Una larga experiencia de la región indica que abrir las fronteras al libre ingreso y salida de capitales otorga un pasaporte directo al temblor financiero.

Sólo con el tiempo se podrá establecer, además, un real balance del canje del 2005 que tanto enorgullece al gobierno. Si ese intercambio inicial de títulos hubiera sido tan exitoso, no enfrentaríamos actualmente el escenario de terror que han detonado un juez y sus buitres. El monto real de la famosa quita deberá ser recalculado a la luz de todos los pagos adicionales que se realizaron a través del cupón de crecimiento.

Los defensores del canje también olvidan que gran parte de los bonos emitidos en esa operación incluyeron la aceptación de dirimir litigios en Nueva York. Esta concesión fue justificada por la excepcionalidad del momento. “No se podía hacer otra cosa a salida del colapso del 2001”. Pero se omite mencionar que los títulos colocados en los últimos meses (por ejemplo con REPSOL), también incorporan la misma aceptación de tribunales internacionales. ¿Tampoco ahora se pudo hacer otra cosa?

Siempre hay alternativas

Con el episodio de los buitres el gobierno refuerza el giro hacia el ajuste que inicio con la devaluación, pero mantiene un discurso contestatario. Disfraza con retórica progresista el puente que construye hacia la sucesión conservadora del 2015.

La derecha se burla de este divorcio entre “el relato y la realidad”. Pero esas ironías no logran ocultar sus propios mitos y veneraciones de los capitalistas. Se ríen de Boudou pero hablan con solemne respeto de Griessa, hacen chistes sobre la Cámpora pero no sobre Rocca o Grobocopatel. Especialmente eluden que actualmente acompañan las decisiones del gobierno. Todos marchan por el mismo rumbo. La derecha se congratula con el viraje pos-devaluación del oficialismo y el gobierno irrita verbalmente a los poderosos mientras implementa sus mandatos.

Las incongruencias del kirchnerismo son patéticas. Empapelan la ciudad contra los buitres mientras negocian sus exigencias. Convocan a un “frente nacional” contra los especuladores que ya incluye a todos los subordinados a Griessa.

En este mundo invertido el sometimiento a demandas foráneas es presentado como una gran victoria nacional. Los ministros declaran que “vencimos a REPSOL” con un cheque de pago y que “le torcimos el brazo al Club de Paris” desembolsando una fortuna. Este doble discurso oficial exige minimizar todas las capitulaciones o contrastarlas con eventualidades más catastróficas. Hubo devaluación (pero “frenamos un dólar a 13 pesos”), se pagó a REPSOL (pero “menos de lo que querían”), se arregló con el CIADI (“pero no fue muy caro”) y se acordó con el Club de Paris (“pero era un pasivo que heredamos”).

Lo llamativo es la ausencia de reacciones críticas en vasto campo del oficialismo. El conformismo kirchnerista contrasta con la tradición de rechazos, que en el pasado generaban los virajes conservadores del justicialismo. Los ahijados de la gloriosa JP se mantienen por ahora en silencio.

Afortunadamente ya despuntan fuertes cuestionamientos de la izquierda y los sectores progresistas y antiimperialistas, que no aceptan el chantaje descalificatorio de los planteos alternativos. Al igual que en los 90 vuelven a circular las advertencias del purgatorio que le espera al país “si nos aislamos del mundo”. Con esos augurios se justificó el endeudamiento que condujo al colapso.

Las opciones actuales no se reducen al default o al pago a los buitres. Esa disyuntiva es un episodio coyuntural derivado del enredo que auto-generó el oficialismo. La solución a esta encerrona exige reconocer que Argentina no necesita endeudarse significativamente. Tiene suficientes recursos propios para administrar sus gastos, si ordena su ahorro e impide el drenaje de excedentes.

Los 80.000 millones de dólares expatriados durante la “década ganada” surgieron de ganancias y rentas creadas en el país. La estimación oficial de 205.000 millones de dólares de capitales argentinos localizados fuera de las fronteras se ha quedado corta frente dos estudios recientes, que elevan esa cifra a 379.000 millones (Gaggero) y 440.000 millones (Henry).

Este vaciamiento fue tradicionalmente financiado con endeudamiento público. Un peligroso anticipo de repetición de esa pesadilla es el blanqueo en curso para todos los evasores de gran porte. Desde hace meses se renueva un perdón fiscal para quienes sustrajeron fondos. La complicidad oficial con la salida de capitales se extiende ahora a su reingreso.

No tiene sentido volver a endeudarse frente a este escenario de dinero sustraído del circuito nacional. Pero más hipócrita es afirmar que semejante despojo se corrige “restaurando la confianza” para que “vuelvan los capitales”. El arreglo con los buitres, el recorte del gasto social, los techos a las paritarias y una escalada de tarifazos son las primeras medidas que exigen los poderosos para considerar ese retorno.

La recomposición del ahorro nacional exige el control estatal de las rentas generadas por las exportaciones (nacionalización del comercio exterior) y la estricta regulación de las divisas (mediante un control de cambio en serio y un sistema bancario estatizado).

En este marco se puede replantear la deuda, investigando su contenido y discriminando los montos que corresponde abonar. Un principio de esa auditoría fue cajoneada por el alfonsinismo, el menemismo, la Alianza y el Kirchnerismo. Ninguno quiso destapar la olla de ese pasivo. Pero los incontables canjes no han borrado las huellas de estos delitos, ni impiden separar lo fraudes de los compromisos legítimos.

Esa investigación permitiría conocer cuáles son los grupos económicos que deben ser gravados con impuestos especiales. No son intocables. Un gobierno con autoridad puede cerrar las canillas de sus transferencias al exterior y poner la lupa sobre sus recursos dentro del país. La investigación es también indispensable para reemplazar definitivamente los bonos en circulación por títulos sujetos a la legislación argentina.

La suspensión del pago es una medida insoslayable, pero sujeta al momento y conveniencia de la nueva estrategia. La existencia de este plan diferencia tajantemente un replanteo de la deuda del simple default, que es una cesación de pagos indeseada e inmanejable para el deudor. Con otra política se podría reorientar los créditos concertados en el futuro hacia proyectos productivos.

La batalla contra la deuda vuelve a reaparecer en un contexto muy distinto al pasado. La propia marcha de esta resistencia delineará las demandas y las medidas requeridas para cada momento. El punto de partida es recuperar la mirada crítica y la disposición a luchar.