Tan sólo en los primeros seis meses del año, cuatro personas murieron por tortura en Chile a manos de carabineros. Haciendo caso omiso a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, es la justicia militar y no la civil quien investiga estos crímenes contra civiles, denunció la Comisión Etica Contra la Tortura al conmemorar el pasado 26 de junio el Día Internacional de Víctimas de Tortura.
Tres de las cuatro muertes ocurrieron al interior de un furgón policial: en Rancagua, murió Jorge Aravena Retamales (44 años), detenido el 18 de febrero, encerrado por más de 7 horas en un furgón policial a una tórrida temperatura. En la comuna de Lo Espejo (RM), Camilo Zúñiga Chamorro (34 años) detenido el 6 de mayo, murió al interior de un furgón de la 11° Comisaría de esa comuna. La versión oficial es que se suicidó “con los elásticos de su ropa interior”. Su madre, Patricia Chamorro declaró que, las heridas que presenta el cuerpo de su hijo, no fueron realizadas con elásticos”. En Copiapó, Bernardo Letelier Poblete (45 años), detenido el 14 de mayo, murió en el trayecto de 10 minutos realizado por el furgón policial entre su hogar y la Segunda Comisaría de esa ciudad. La versión oficial señala que se suicidó “con los cordones de sus zapatos”, cuestión que su familia desmiente.
La cuarta víctima de tortura murió en un cuartel policial de Chile Chico (Aysén). Iván Victorino Vásquez (39 años), detenido el 2 de mayo por Carabineros, perdió la vida en dependencias de la 3ª. Comisaría local, luego de ser golpeado por la policía. También la versión inicial fue suicidio, mientras la familia de la víctima sostuvo que lo mataron a golpes “que es el trato que le dan en la comisaría a los pobres y los campesinos”.
Tratos inhumanos, crueles y degradantes
En Linares, el carabinero Marcos Antilef Quintulaf, detenido por sus colegas por protagonizar un accidente de tránsito, fue golpeado por ellos en el retén La Palmilla, denostado por ser mapuche e impedido de recibir atención médica oportuna. Antilef quedó parapléjico y con fractura cervical.
En Santiago, antes de la visita a la cárcel de San Miguel, Luisa Toledo, la anciana y digna madre de los hermanos Vergara, cuya nieta Tamara está detenida allí, fue revisada en forma vejatoria por las gendarmes y obligada a realizar sentadillas, maltrato que es habitual en ese recinto.
En las torturas con resultado de muerte, excepto en el caso de Jorge Aravena (acusado de no pagar un consumo), las detenciones de las víctimas se practicaron por denuncias de episodios de violencia intrafamiliar.
El lema de la Comisión Etica es que ninguna circunstancia justifica la tortura. “Estos muertos por tortura no eran estudiantes, ni líderes sociales, y sus casos no son noticia”, sostuvo Juana Aguilera, presidenta de la entidad de derechos humanos en el acto conmemorativo realizado en la Universidad Alberto Hurtado el 29 de junio. Ella hizo presente estos hechos ante el ministro de Justicia José Antonio Gómez, en otro acto realizado esa mañana en el Museo de La Memoria.
Demandas al gobierno
Agregó en su intervención que en Chile la tortura “no es un asunto del pasado ni concierne sólo a la dictadura; el hecho que aún muera gente de esta manera implica que la tortura es un crimen de lesa humanidad completamente instalado entre las prácticas policiales, que debe ser definitivamente erradicada. La profundización de la democracia y las garantías de mayores derechos, deben ir acompañadas del desafío de conformar fuerzas policiales y fuerzas armadas apartadas de las ideologías que construyen enemigos internos para encontrar sentido a su razón de ser. Ya es hora que los cuerpos armados de nuestro país dejen de ver a la ciudadanía como un sector a reprimir y donde la tortura es el instrumento a utilizar. También es necesario poner término al envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y el cierre de la base militar de Estados Unidos en Con-Cón, así como también, se requiere la derogación de las disposiciones legales y reglamentarias que establecen ´obediencia debida´, porque su mantención favorece la subsistencia de la aplicación de tortura por policías y militares.”
El ministro Gómez recibió de la Comisión Etica el crítico informe elaborado por la jurista francesa Mireille Fanon (Fundación Frantz Fanon) luego de su misión de observación a la zona mapuche que incluyó recorrer en mayo de este año las cárceles con presos políticos mapuche.
Al abrir el acto realizado por la CECT, Hervi Lara, coordinador y miembro fundador de la entidad, que lleva 13 años luchando contra la tortura en Chile, dijo que esta permanece “atenta a los avatares del devenir histórico, buscando verdad y justicia. La justicia es otra cara de la verdad. Y la verdad es lo que da sentido de trascendencia al hombre. Es lo que posibilita las grandes acciones y los espíritus grandes. La mentira, en cambio, corroe las almas de los hombres. Es necesario rebelarse frente a la falsedad que es presentada como verdad. Porque tenemos el derecho a no ser silenciados y a tener presencia en la historia. Es por eso que los poderosos quieren nuestro silencio. Nosotros hablamos y seguiremos hablando contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Nos negamos a morir la muerte del olvido.”
Fin de la desidia
En la declaración pública dada a conocer el 29 de julio, la CECT sostuvo que las autoridades políticas, legislativas y judiciales no pueden seguir evadiendo la instalación de un mecanismo de prevención de la Tortura y la implementación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como instancias permanentes de calificación de las víctimas y archivos abiertos y públicos.
Señala que para que estos casos no sigan cayendo en la justicia militar y sean sancionados efectivamente, es urgente adoptar la definición de tortura en el Código Penal adecuándola a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Reiteran asimismo la necesidad de derogar la disposición legal incluida en la Ley de Reparaciones de la Ley de Reparaciones Nº 19.992, que prohibió a los Tribunales de Justicia acceder a los testimonios entregados a la Comisión Valech, y el Decreto Ley de Amnistía de 1978, que obstaculiza la posibilidad de sancionar los crímenes de tortura cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Derechos y deberes de la población penal
La Comisión Etica rechaza los abusos de poder perpetrados por gendarmería en contra de familiares de presos, planteando la necesidad de que exista una ley sobre derechos y deberes de la población penal, que permita terminar con esas prácticas de gendarmería de Chile que agregan más dolor al que ya viven esas familias.
Medallas “P. Alfonso Baeza”
En el acto, la CECT homenajeó también la memoria del P. Alfonso Baeza, fundador de la CECT y recordado sacerdote ligado indeleblemente a las luchas del pueblo en dictadura y en democracia. El P. Baeza falleció el año pasado. Una medalla que lleva su nombre distinguió a seis luchadores sociales de hoy. Hubo así una medalla que visibiliza la lucha por el agua que se libra en las secas tierras del norte, honrando el aporte de Barbara. La segunda medalla, entregada por Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, fue para Claudio Escobar, formado en el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo y creativo practicante de la no violencia activa. El es un ícono de todas las marchas de derechos humanos y causas justas, y acompaña hoy también las luchas del pueblo mapuche y ecológicas.
La tercera medalla la recibió Anita Goossens, laica belga de impecable trayectoria en defensa de los derechos humanos, iniciada en tiempos de dictadura junto a comunidades de base, caminando por poblaciones de la zona oeste y sur de Santiago. Ella vive en La Legua Emergencia, luchando por los derechos de todos y todas, en especial de los niños. Marcos Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado le entregó su medalla. La cuarta medalla fue entregada a Luis García Huidobro, ex jesuita que asumió un compromiso de vida con el pueblo mapuche y quien sostuvo que muchos lo merecían más que él. Se recordó el insólito despliegue que hizo recientemente el general Iván Bezmalinovic viajando en helicóptero a detenerlo. La quinta medalla la recibió la periodista Lucía Sepúlveda Ruíz, por su aporte en la memoria y la reivindicación de los caídos, y su activismo en el tema de la semilla y la lucha contra la Ley Monsanto asumida por un amplio movimiento de resistencia contra los transgénicos y a favor de la soberanía alimentaria. La distinción se la entregaron a dúo Víctor Hugo Montoya, joven publicista, absuelto tras meses de prisión de la acusación de colocar bombas en un cuartel policial; y Alejandro Núñez, de las comunidades de base de la Población La Legua.
Premio a historiador Sergio Grez
El sexto galardonado fue el historiador Sergio Grez Toso, de vasta trayectoria académica, nutrida obra y gran compromiso social. Al recibir la distinción Grez manifestó que él entiende que la forma de levantar los derechos humanos hoy, es acompañar las luchas de los movimientos sociales, y en su caso él lo hace con el movimiento estudiantil y el pueblo mapuche. Recibió la medalla de manos de Fanny Dittborn, en representación de la familia del Padre Baeza.
Un aplaudido grupo de miembros del Coro de la Universidad Alberto Hurtado y el destacado cantor popular de La Legua Eduardo Muñoz aportaron la música en la actividad. Está claro que tal como escribió Víctor Heredia y coreó la audiencia el 29 de junio “Todavía cantamos, todavía soñamos, todavía esperamos.”
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