Un juez español ha dado un paso más para acusar formalmente a la infanta Cristina, hermana del recién proclamado rey Felipe VI, en una investigación abierta sobre fraude fiscal y blanqueo de dinero centrada en las actividades de su marido.
Ultimando una investigación de cuatro años previa al juicio en Palma de Mallorca, el magistrado José Castro dijo el miércoles que mantenía a Cristina en la lista de sospechosos y que según su criterio debería ser sometida a juicio por blanqueo de dinero y cooperación con fraude fiscal.
El mismo juez aseguró que el marido de Cristina, Iñaki Urdangarín, debería ser juzgado por fraude y malversación de fondos.
Ninguno de los dos ha sido acusado formalmente.
Los fiscales y los abogados del matrimonio estudiarán si presentar o no acusaciones o argumentos. José Castro tendrá entonces que decidir sobre qué acusaciones basarse, un paso que no es probable que dé hasta septiembre.
El fiscal general del estado se opuso desde el principio a la imputación de la infanta Cristina y ya ha anunciado que recurrirá la decisión del juez Castro.
El caso se basa en alegaciones que acusan a Urdangarín de utilizar su título de duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (8 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos, una fundación sin ánimo de lucro que él y su socio establecieron para canalizar dinero a otras empresas, incluyendo Aizoon, una compañía propiedad de Cristina.
La decisión del juez se produce menos de una semana después de que el hermano mayor de Cristina, Felipe, fuera proclamado rey de España tras la abdicación de su padre Juan Carlos.
Juan Carlos, de 76 años de edad, dijo que se echaría a un lado después de cuatro décadas de reinado para que la nueva generación inyectara energía en el país.
Pero el caso de fraude que involucró a su hija y otros escándalos han empañado gravemente la imagen de la familia real.
La infanta Cristina, de 49 años, fue el primer miembro de la familia real en ser interrogado por un tribunal desde que se restauró la monarquía en el país en 1975.
Ante la decisión del juez Castro la casa real se ha limitado a comentar que “confía plenamente en la independencia de la justicia española”.