En línea con lo planteado por la Presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados inició ayer el debate legislativo en torno a dos propuestas legales ingresadas en la Corporación, destinadas a regular el aborto por razones terapéuticas.
La Ministra de Salud, Helia Molina, si bien se manifestó abierta a participar en el debate aclaró que el Gobierno no avanzará en la materia sino hasta el segundo semestre del año, dado que la prioridad está puesta en este momento en sacar adelante las reformas tributaria y educacional. Además, confidenció que la materia no sería llevada por su cartera sino por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), al entenderse que se trata más de una problemática de derecho que de salud pública.
Recordó que, en Chile, el aborto constituyó un problema real hasta mediados de la década del 60, cuando comenzaron a implementarse diversas políticas que beneficiaron tanto la salud de la madre como la del niño, así como programas destinados a efectuar una mejor planificación familiar a través de métodos anticonceptivos.
Destacó que el Gobierno Militar, en 1989, modificó el artículo 119 del Código Sanitario, restando inclusive la opción terapéutica, dejando en la indefensión tanto al médico y a su equipo, como a la mujer afectada. Criticó que previo al cambio normativo, nadie cuestionó su aplicación, reconociendo su perfil médico, y criticó que Chile pasó con ello a formar uno de los cinco países en que el aborto es ilegal frente a cualquier circunstancia (los otros países son El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua).
Indicó que la realidad del aborto en Chile es difícil de identificar en toda su dimensión, al carecerse de información documentada válida e identificable, con datos segmentados por grupos sociales y etáreos. Señaló que los únicos antecedentes objetivos disponibles a nivel nacional son los obtenidos por los egresos hospitalarios, los cuales muestran poco más de 30 mil casos anuales (3.387 corresponden a mujeres menores 19 años).
Desestimó que la normativa que se pretende impulsar tienda a fomentar un aumento en los abortos y sostuvo que el Gobierno está lejos de apoyar una iniciativa en esa línea. “Lo que está planteando el Ejecutivo no es una legalización del aborto, dejémoslo muy claro desde el principio. Lo que el Ejecutivo está planteando es despenalizar el aborto en tres causas muy concretas, muy específicas y muy dramáticas: cuando el feto es inviable; cuando corre peligro la vida de la madre; y cuando el embarazo es producto de una violación”, precisó, acotando que la idea es entregar a la mujer el poder de decisión sobre la materia.
Reacciones
Los diputados de la Comisión de Salud, instancia que preside Marco Antonio Núñez (PPD), coincidieron en valorar la oportunidad de discutir el tema de cara al país y de presentar cada uno sus argumentos, ya sean estos a favor o en contra de la propuesta legal. Asimismo, se mostraron interesados en que el Ejecutivo entregue información más completa sobre el tema y que aclare la forma en la cual avanzará, esto es, si se patrocinará alguna de las mociones en trámite (dos en la Cámara de Diputados y tres en el Senado) o si ingresará una nueva propuesta.
Las diputadas UDI Marisol Turres y Claudia Nogueira criticaron a la Ministra las opiniones vertidas por ella en contra de su partido y destacaron que, desde su rol de mujeres y madres, están por la vida en todos sus momentos. Alentaron la opción de fomentar desde el Estado acciones de apoyo a las mujeres, por ejemplo frente a una violación, y sostuvieron que hoy ya se practican abortos con fines terapéuticos, por lo cual su legitimización traería una vía de apertura hacia estas prácticas.
La diputada Cristina Girardi (PPD) reconoció que hoy se efectúan abortos con fines terapéuticos, “pero a escondidas”, por lo que valoró la posibilidad de regular el tema. Se manifestó preocupada por la tasa de abortos en niñas de entre 10 y 15 años y sostuvo que el tema de fondo pasa por abordar el derecho de la mujer a decidir. Además, dijo que el país debe enfrentar las restricciones a la entrega de la píldora del día después y fomentar una mejor educación sexual.
El diputado Juan Luis Castro (PS) criticó el tenor del debate generado a nivel nacional y las descalificaciones propiciadas por defensores y detractores de la propuesta. Estimó que el tema debe ser llevado por el Ministerio de Salud y solicitó mayores antecedentes sobre la realidad nacional de los abusos sexuales a menores y los inconvenientes que se puedan visualizar en la entrega de la píldora.
La diputada Karol Cariola (PC) coincidió en llamar a no polarizar el debate y simplificar las posturas entre “provida” y “antivida”, considerando que nadie está en contra de la vida y que el tema es de política pública y no valórico.
La diputada Karla Rubilar (Ind) planteó que el Gobierno debe aclarar algunos términos y sostuvo que será necesario ingresar una reforma constitucional, si es que se desea ampliar el margen de aplicación de la norma que contemplaba el Código Sanitario hasta 1989. Criticó a quienes se niegan a legislar sobre el asunto y recalcó que la problemática hoy pasa porque, quien practique un aborto con fines terapéutico, puede ir preso. Finalmente, dijo tener dudas sobre la causal de violación, la forma en que se podrá argumentar, especialmente si no existen antecedentes previos, y por el estado de gravidez en el que se llegue a encontrar la mujer afectada.