En las últimas semanas, el Estado de Chile ha radicalizado la persecución a los protagonistas de las luchas sociales. Es así como nuestro estudiante, Camilo Díaz García, se ha convertido en una víctima más de esta criminalización sistemática e injusta que pende sobre todo aquel que pretenda oponerse a las políticas que tienden a profundizar el actual modelo socioeconómico imperante en nuestro país.

En 2012 sólo había sido condenado a seis años de prisión el coronel Mateo Durruty Blanco por el secuestro y desaparición de tres jóvenes uruguayos, quien fue Comandante del Regimiento de Puente Alto durante el Golpe de Estado. Durrity intentó en la investigación judicial involucrar al condenado general Manuel Contreras de la DINA de los secuestros, siendo acusado por Contreras de mentiroso y traición militar. Además, Durrity afirmó en los tribunales que nunca supo que en el regimiento de Puente Alto hubo detenidos, versión desmentida por militares, conscriptos, numerosos detenidos e información de la época de “Puente Alto Al Día”.




El centro de estudios CENDA, cuyo vicepresidente es el economista y experto en materias de previsión Manuel Riesco, no fue considerado para integrar la recién conformada comisión asesora presidencial, instancia creada por la presidencia para estudiar y proponer cambios al sistema privado de pensiones. CENDA fue excluida de esta comisión por haber planteado el fin del sistema privado de pensiones y su reemplazo por un esquema de reparto.
Estudiantes y profesores coordinan nuevas acciones para exigir una reforma educacional más profunda que la contenida en el proyecto de ley enviado al Congreso por el gobierno. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, anunció que el próximo 2 de junio se reunirán con dirigentes estudiantiles para discutir sobre la reforma y para el 6 de junio entregarán al ejecutivo un pliego con sus posiciones, anticipando la posibilidad de nuevas movilizaciones, señala la radio Universidad de Chile.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, y el ex subsecretario de esta cartera, Alberto Cardemil, deberán declarar como inculpados en el caso de la muerte de un dirigente de la FECH, registrada en 1985, informó Radio Bío Bío.